El asalto de fuerzas armadas a la embajada mexicana en Ecuador es una acción bonapartista del presidente Daniel Noboa ocurrida cuando el gobierno de México había otorgado el estatus de refugiado político al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas Espinel [1], quien había solicitado asilo político a la embajada mexicana desde el 17 de diciembre.
La acción fue precedida de tensiones políticas y provocaciones diplomáticas hacia el gobierno mexicano, incluida la petición del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano a la embajadora mexicana Raquel Serur Smeke para que abandonara el país antes de 72 horas, tras ser declarada “persona non grata”, luego de las opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 3 de abril, sobre las elecciones de 2023 en Ecuador, que insinuaban que Noboa se habría beneficiado del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Sin concretarse la salida de Raquel Serur y con Roberto Canseco a cargo de la embajada mexicana, siendo Jefe de la Cancillería desde 2016, el recinto fue rodeado por policías ecuatorianos tensando más la relación y llevando a López Obrador a exigir a Ecuador, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el respeto el derecho de asilo y recordar que el derecho internacional permite que las embajadas sean parte del territorio nacional.
En un avance ilícito de su autoritarismo, el presidente Noboa realizó un operativo con policías y militares que rompieron las puertas de la Embajada de México e ingresaron a detener a Jorge Glas. Mientras, Canseco fue sometido por policías, a pesar del resguardo diplomático que le otorgaba el derecho internacional.
La acción tuvo un rechazo casi unánime de mandatarios de América y el mundo, con pronunciamientos de Venezuela, Panamá, Guatemala, Cuba, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Bolivia, Perú, a pesar del no reconocimiento de López Obrador al gobierno golpista de Dina Boluarte y Argentina, aún tras el reciente choque diplomático cuando Javier Milei llamó ignorante a López Obrador. En contraste, Nayib Bukele aplaudió la acción, diciendo que “una embajada no puede servir para proteger a delincuentes”. En tanto, el presidente Daniel Ortega, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas de Nicaragua con el gobierno ecuatoriano, en “respaldo y solidaridad”, ante lo que llamó una “barbarie política neofascista” de Ecuador, usa la situación para lavarse la cara ante la escalada represiva de su gobierno que ha detenido y eliminado derechos democráticos, políticos y hasta dejado apátridas a sectores críticos.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a reunión del Consejo y rechazó la intervención policial y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) llamó a reunión de urgencia a petición del gobierno colombiano, ambos con objetivo de que la tensión entre México y Ecuador no escale. Mientras que casi 24 horas después y casi al mismo tiempo, Estados Unidos y Canadá condenaron la violación a la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961 y llamaron a resolver el conflicto conforme al derecho internacional bara bajar la tensión política.
El gobierno de México mantiene su condena por la violación de la inmunidad de su Embajada en Quito y la agresión a su personal, reafirmando que acudirá a la Corte Internacional de Justicia e instancias internacionales por la violación al derecho internacional, mientras cerrará indefinidamente la sede diplomática.
La defensa del derecho de asilo político
Independientemente de las causas penales contra Jorge Glas y de no coincidir en nada con él, ni con el correísmo ecuatoriano, debemos repudiar la injustificable e ilícita intromisión a la embajada mexicana y defender el derecho de asilo.
En menos de 24 horas, Glas fue ingresado a un penal de máxima seguridad en Guayaquil, acción acorde con la necesidad política del gobierno ecuatoriano de justificar su “urgente” intervención en la Embajada de México en nombre de la supuesta “lucha contra la corrupción” en ese país, como expresó la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en una tramposa manipulación del derecho soberano de México a otorgar asilo político a Glas, suscrito por México y Ecuador en la Convención Sobre Asilo Diplomático de Caracas en 1954, que permite al Estado asilante calificar si los motivos de la persecución son políticos o no.
México ha dado protección a perseguidos políticos innumerables veces y a miles de exiliados de regímenes dictatoriales, incluídos cerca de 20,000 españoles tras la dictadura franquista, más de 700 chilenos durante la dictadura de Pinochet, casi a 4,000 argentinos en la dictadura de Rafael Videla, al menos a 400 uruguayos durante la dictadura de Juan Bordaberry, entre muchos otros casos.
Dio asilo a José Martí a los 22 años por su participación en la independencia de Cuba, al revolucionario León Trotsky en 1936, a punto de su deportación a la URSS con Stalin, sin que algún gobierno del mundo accediera a recibirlo o la familia de Allende refugiada en la embajada mexicana cuando el Ejército de Chile bombardeaba el palacio de La Moneda.
Como ha planteado la diputada por el PTS en el Frente de Izquierda de Argentina, Myriam Bregman, "El presidente de Ecuador reivindica su ilícito accionar. Lo repudiamos con todas nuestras fuerzas, la historia de dictaduras cívico militares de nuestros países nos obligan a defender el derecho de asilo".
La avanzada bonapartista de Noboa y la polarización en la región
En lo inmediato, el régimen ecuatoriano se ha quedado aislado ante el giro despótico de Daniel Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador que creció entre los millonarios de Miami y ha ejercido el poder con la élite empresarial ecuatoriana, luego de una profunda crisis política, desigualdad económica y la degradación social del país, devorado por la miseria y la violencia del crimen organizado, protegido durante años por el Estado y las fuerzas policiales.
Sin embargo, este conflicto además de ser una acción mal calculada del presidente ecuatoriano, es consecuencia del ascenso rapaz de su gobierno, que a poco más de cuatro meses en el cargo incrementó el impuesto del IVA, militariza al país y a la policía bajo el supuesto de “guerra contra las drogas”, emulando al salvadoreño Nayib Bukele, mientras prepara la “Consulta Popular 2024”, sobre seguridad y modificaciones a la Constitución para legitimar más poderes bonapartistas.
Noboa expresa el derechismo continental de un país en franca descomposición estatal, detonada por una crisis penitenciaria que alentó su estrategia punitiva con métodos brutales contra el pueblo, reprime a los pueblos originarios contra el extractivismo minero, a líderes sociales, sindicales, indígenas y la juventud. Impone el estado de excepción, toques de queda, suspensión de garantías individuales, allanamientos a domicilios, que sufren el pueblo pobre y la juventud, causando más de 13,250 detenciones.
Su accionar se da en el marco de una gran polarización política en la región, donde países importantes como Brasil y México que autodefinen progresistas y otros como Argentina, El Salvador y el propio Ecuador con gobiernos de extrema de derecha donde su política exterior está bastante ideologizada. Una demostración de esto es lo que ha abierto tensiones como las que vimos recientemente por parte de Argentina con Colombia –incluso México–, y Venezuela, por declaraciones de Milei, así como también entre Venezuela con Brasil y Colombia por la política interna de Maduro.
El respaldo de estos gobiernos a la injerencia imperialista hoy la encarna el delirante Javier Milei que tras la visita de la general Laura Richardson y la cúpula colonial del comando sur estadounidense, acordó la instalación de una base militar conjunta en La Patagonia.
El reaccionario Noboa, la presión de la derecha continental y el nacionalismo de López Obrador
Por muy reaccionario que sea Noboa y exista una presión de extremas derechas latinoamericanas en el continente y a pesar de las distinciones de cada país, la clase obrera y el pueblo de México y Ecuador están sometida por la subordinación imperialista, frente a gobiernos que debaten acerca de la defensa a la violación a la soberanía, cuando ésta es la capacidad de un país para tomar decisiones sobre sus fronteras, recursos naturales y económicos sin intervención extranjera y ninguno de los dos países puede hacerlo por su profunda dependencia de Estados Unidos.
Es aquí donde se ven las contradicciones de la política de defensa a la soberanía mexicana del gobierno de López Obrador. El presidente mexicano se ha confrontado durante su gobierno con defensores de la tierra, el agua, ambientalistas, trabajadores y demás sectores, en su defensa del tratado de México con Canadá y Estados Unidos, T-MEx, dando la bienvenida a transnacionales de todo tipo, aceptando que obtengan hasta 50% de ganancias y afirmando que no destruyen el territorio y cuidan el medio ambiente.
Aunque es importante destacar, que la fuerte respuesta del gobierno de López Obrador en la defensa de la soberanía nacional no puede dejar de verse en el marco de las cercanas elecciones a la presidencia de este país en julio próximo, lo que explica el posicionamiento ante el asalto de la embajada de toda la derecha mexicana, encabezada por la candidata Xóchitl Gálvez. Esta oposición derechista a AMLO está integrada por el PRI, que dirigió la política del país durante 70 años de subordinación imperialista y durante la ofensiva neoliberal de los años 80s, atacando empresas estatales claves y generando un ejército de pobres y desempleados. Además, que su “legado” son cuatro presidentes en la historia contemporánea mexicana como colaboradores de la CIA, el último de los cuales fue Luis Echeverría, a quien por cierto López Obrador se negó a enjuiciar en vida, por el genocidio al movimiento estudiantil de 1968.
Para el régimen mexicano (como cualquier país dependiente o semicolonial), llevar hasta el final el supuesto derecho a la soberanía implica poder liberarse del eterno pago de la deuda externa que la casta política impone a las clases trabajadoras. Un tema que el gobierno progresivo de López Obrador ni siquiera contemplaría.
Y qué mayor precedente de la violación flagrante al derecho internacional, que hoy defienden tantos países del mundo en relación a México, pero no al genocidio palestino, la peor barbarie a la vista del mundo, que la mayoría de los gobiernos han dudado en condenar de forma contundente, dejando al pueblo palestino a la deriva de la Condena diplomática tardía, impotente y formal de la Corte Penal Internacional y la ONU cómplice del imperialismo. Destaca la particular moderación del gobierno mexicano, tan contundente en temas de soberanía, que se ha negado a romper relaciones con Israel, manteniendo lazos económicos y políticos con el lobby sionista en México, nido de magnates y explotadores instalados en Las Lomas y Polanco de la Ciudad de México. |
