Se está llevando a cabo el cuarto juicio de la causa conocida como Saint Amant, en el cual se están juzgando delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra 74 víctimas en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba una parte significativa del noroeste de la provincia de Buenos Aires, incluyendo los partidos de San Nicolás, Baradero, San Pedro, Ramallo y Pergamino.
Esta megacausa lleva el nombre del ex-coronel Manuel Fernando Saint Amant, quien estuvo al mando del Área Militar 132 durante la dictadura y falleció en marzo de 2016 en el penal de Ezeiza mientras cumplía una condena de prisión perpetua impuesta en 2012, tras ser condenado en el primer juicio de la causa ese mismo año. Desde entonces, 16 represores han sido condenados en esta causa, siendo la última condena en 2020. Ahora, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, conformado por Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario, ha iniciado este cuarto juicio después de su aplazamiento hace tres semanas.
Los 12 acusados que enfrentan cargos por secuestros, torturas y asesinatos incluyen a exintegrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás: Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa; así como a Omar Andrada; los excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi, además del ex subteniente Carlos Manuel Biglieri.
En la jornada del 9 de abril darán testimonio María Mayer, su sobrino Francisco Mayer, y sus hijos Jorge, Carlos, José y Alejandra Berg. Originalmente la audiencia se iba a realizar en San Nicolás, donde radican los testigos y se cometieron los delitos. Igualmente con las audiencias sobre Baradero y Pergamino. Sin embargo, por decisión arbitraria del poder judicial, se cambió el lugar de las audiencias a la sede del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario. La Mesa de la Memoria por la Justicia, junto a otras organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, insiste en que vuelvan a las localidades para expandir la participación de la comunidad. |
