El mundo enfrenta una crisis civilizatoria tras la pandemia: gobiernos y corporaciones de todo el mundo buscan contrarrestar la desaceleración de la economía con la profundización de la precarización laboral, la degradación de las condiciones de vida de las mayorías, y el despojo de bienes comunes como el agua y los territorios.
La crisis climática también está trayendo nefastas consecuencias, que potencian crisis sociales, pobreza y migración. En este escenario, persisten las tensiones entre Estados Unidos y China, y junto a la guerra en Ucrania, marcan un cambio en el mapa geopolítico y el surgimiento de nuevas derechas que como en Argentina con Milei, están declarando la guerra al pueblo y los trabajadores.
En este panorama convulso, las democracias liberales en el mundo respaldan el genocidio en Gaza y, a su vez, crecen las movilizaciones en solidaridad con Palestina, contra la maquinaria de guerra y el suministro de armas.
En México la situación económica se encuentra estable, pero no está exenta de contradicciones y de los efectos de una situación internacional cambiante. Aun cuando se prevé un crecimiento un poco menos bajo que en los demás países latinoamericanos, la recuperación del 20 % del salario mínimo, llega a no más de 10 millones de trabajadores, además que no es suficiente para cubrir la canasta básica. Este panorama coexiste con la regularización del outsourcing impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (autonombrado Cuarta Transformación) cuyo sexenio está a punto de terminar, y la continuidad de la precarización laboral en el sector público y en el privado.
Si comparamos los beneficios obtenidos durante el sexenio para empresarios y para los trabajadores y sus familias, los empresarios como Slim o Germán Larrea fueron los más favorecidos al aumentar sus fortunas multimillonarias en más de 60%.
Al mismo tiempo, la “austeridad republicana” sólo aplica para no renovar contratos de trabajadoras y trabajadores estatales que garantizan el funcionamiento de las dependencias públicas, mientras el personal jerárquico continúa disfrutando de privilegios.
Muchas de las demandas más sentidas en el país se quedaron sólo en promesas: volver a los militares a los cuarteles, resolver el caso Ayotzinapa y atender el problema de las desapariciones forzadas, los feminicidios y la violencia. El gobierno, durante todo el sexenio, desplegó una verdadera campaña de encubrimiento para relegitimar al Ejército y la Marina y creó la Guardia Nacional, una nueva fuerza represiva, violadora sistemática de los derechos humanos. Se mantuvo la militarización, al servicio de las políticas antimigratorias ordenadas por el imperialismo estadounidense, y de los megaproyectos de infraestructura bajo la dirección de los uniformados.
Más recientemente, López Obrador presentó su paquete de reformas constitucionales como “blindaje” para sus programas sociales (pensión universal para adultos mayores, Jóvenes construyendo el futuro y Sembrando vida, entre otros) , junto con la de reformar el sistema de pensiones, el poder judicial y el sistema electoral; estos dos últimos como parte de su cruzada contra la corrupción.
Todas estas medidas, aún si no son aprobadas, como el nuevo paquete de reformas, al crear expectativas en amplios sectores de la población, fortalecen la popularidad del gobierno y su legitimidad, simpatía que buscará ser capitalizada por el oficialismo en las elecciones de junio. Es un intento de “radicalizar” la democracia burguesa y gobernar para “ricos y pobres”, con distintas medidas paliativas que buscan preservar la paz social y la estabilidad de las ganancias capitalistas. Pero siendo intereses plenamente contradictorios, los apoyos a los sectores populares han sido completamente insuficientes, mientras los millonarios multiplicaron sus ganancias.
Por su parte, la alianza del PRI, el PAN y el PRD -y los sectores de ultraderecha- se levantaron contra las propuestas de reformas en el Poder Judicial y del sistema electoral, acusando al presidente de autoritario, y se proclama como “defensores de la democracia”.
La polarización política se agudiza en este escenario electoral, y los partidos de la oposición de derecha buscan recomponerse sobre la base de la contradicción entre expectativas y desencantos que dejó este sexenio, ocultando que fue bajo los sexenios del PRI y el PAN cuando la violencia y precarización aumentaron exponencialmente, demostrando que estos partidos no son alternativa para las clases populares y trabajadoras y no representan en ninguna medida una salida para las necesidades de las masas y sectores populares. Sin embargo, más allá de si López Obrador logra o no hacer aprobar las medidas de su paquete de reformas, lo cierto es que los problemas estructurales del país como la subordinación al imperialismo estadounidense y las trasnacionales —expresadas hoy en la continuidad de la estrategia de seguridad y el T-MEC—, la precarización laboral, la militarización, la violencia contra las mujeres y las disidencias, el despojo de bienes comunes a manos del crimen organizado y los megaproyectos del gobierno, persisten.
De la misma forma, persiste la proscripción política para las organizaciones sociales y políticas de la clase trabajadora y de la izquierda para participar de las elecciones, dadas las incontables trabas y requisitos impuestos por los partidos del régimen político para registrar candidaturas de las organizaciones de la izquierda independiente.
Lamentablemente, no faltaron quienes, provenientes de la izquierda que se reivindica anticapitalista, se han liquidado política e incluso organizativamente, ya sea por la vía de sumarse a las filas del Morena —hasta con cargos públicos de dirección en dependencias del gobierno— o a impulsar en forma acrítica distintas medidas de la Cuarta Transformación, como lo fue en su momento la Reforma Eléctrica y la Reforma Laboral.
A su vez, en este sexenio, uno de los sectores sociales más dinámicos fue el movimiento de mujeres, como lo mostró la masiva marcha del 8M que tomó las calles en múltiples ocasiones contra la violencia y por derechos como el aborto, y donde la respuesta del gobierno fue minimizarlo o llamar a la subordinación de dicho movimiento a su política de feminismo oficialista, a la par que la derecha buscaba montarse hipócritamente en el descontento causado por los feminicidios.
Esto tiene hoy su expresión en la postulación de las dos candidatas a la presidencia, presentándose como representantes de los intereses de las mujeres, e incluso autonombrándose feministas, pero por la vía de los hechos, ambos proyectos —aunque con grandes diferencias— no representan una salida real ante la crisis de feminicidios, precarización y violencia que atraviesan mujeres y disidencias.
Por otro lado, aunque AMLO insiste en que en su gobierno no hay conflictos ni descontento en sectores populares, han destacado algunas luchas de trabajadores y trabajadoras que desmienten esta falsa propaganda como el caso de la huelga de SUTNOTIMEX, las decenas de protestas en el sector estatal, de salud y educativo y la reciente huelga del SITAUDI, ante las cuales el gobierno no responde a favor de sus demandas, por lo que consideramos que es vital una política de unidad y respaldo, así como la solidaridad activa por parte de las organizaciones de izquierda y los sindicatos que se reclaman democráticos.
Ante este panorama nacional y pensando en los escenarios de la lucha de clase que probablemente se abrirán ante un eventual segundo gobierno de la 4T, proponemos coordinarnos entre las fuerzas que actúan con independencia política del gobierno de Morena, en la realización de un foro para poner en pie un Bloque Anticapitalista Independiente, en el plano político y organizativo, basado en un programa obrero y anticapitalista que proponga una salida a la crisis histórica que estamos viviendo, y presentarlo de manera unitaria ante trabajadores, mujeres y jóvenes.
El objetivo es construir un polo político que, en este contexto de crisis internacional, se posicione claramente del lado de la clase trabajadora y sus aliados, denunciando la política del imperialismo y construyendo un programa que dé respuesta a las demandas más sentidas del pueblo trabajador.
Para eso queremos aprovechar la tribuna que son las elecciones, en las cuales buscaremos expresar en el terreno político-electoral y en las calles, una perspectiva independiente del gobierno y la derecha, que plantee una salida antiimperialista, obrera y popular ante los problemas más acuciantes que vive la mayoría de la población.
Por lo que les invitamos a intercambiar ideas al respeto, con la finalidad de acordar una propuesta clasista unitaria. Para esto les invitamos a una reunión el próximo martes 16 de abril a las 5 pm (lugar por confirmar).
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