Erika Lederer trabajó durante 11 años en el Ministerio de Justicia. Estaba contratada por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Si bien no tenía un contrato precario (que muchos de los despedidos llevaban decenas de años con esos contratos basura que mantuvieron todos los gobiernos hasta hoy), de todos modos su contratación, aún con más derechos, es un fraude laboral porque debía estar empleada como planta Planta Permanente.
“Desempeñaba mis funciones profesionales en la Dirección Nacional de Mediación” como Mediadora dentro del “Programa de Mediación, Métodos de Gestión Participativa de Conflictos y Prácticas de Reducción de la Violencia en Ámbitos Penitenciarios”.
Además, denuncia que dentro de los 15.000 despidos hay “militantes políticos y los activistas por diferentes causas (disidencias sexuales, feministas, derechos humanos). Los militantes y activistas fuimos desvinculados en virtud de despidos discriminatorios y como abierta persecución política e ideológica”.
Su militancia en derechos humanos es pública, como hija de un genocida, en el 2017, ante el intento de la Corte de otorgar el beneficio del “2x1” a los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, cofundó Colectivo Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Actualmente forma parte del Colectivo Asamblea Desobediente.
Como parte Unidos contra los despidos, plantea: “Exigimos acciones concretas a las burocracias sindicales que se encuentran pasivas e inmóviles: ¿cuántas familias más tienen que perder sus fuentes de ingresos para que las Centrales Obreras (CGT y las CTA) llamen a un Paro General Activo?”.
También denuncia que frente a la Secretaría de Trabajo hayan designado a Julio Cordero, "ex abogado de Techint; empresa que viene a impulsar una reforma laboral".
“He denunciado durante años la complicidad que esta empresa tuvo con el genocidio argentino y que albergaba entre otras cosas, a mi padre genocida como médico legista dentro de su staff ( hasta el año 2012 en que se suicidó)”. Subraya que “Es sabido qué políticas económicas intentan imponer. Estas ya fueron descritas magistralmente por Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar”.
Carta:
Soy Erika Lederer, Abogada (UBA, 2001) y Mediadora Prejudicial de Registro. Me cesantearon del Ministerio de Justicia de la Nación, lugar en el que trabajo desde hace casi 11 años.
Desempeñaba mis funciones profesionales en la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos; específicamente como Mediadora dentro del “Programa de Mediación, Métodos de Gestión Participativa de Conflictos y Prácticas de Reducción de la Violencia en Ámbitos Penitenciarios”.
Tanto mi despido como el de tantísimos trabajadores se da en el marco de, por un lado, el desmantelamiento (y por tal, privación) de áreas de acceso a justicia y derechos de las poblaciones más vulneradas y por otro, el vaciamiento de las políticas para la construcción de Memoria, Verdad y Justicia.
Ello en virtud del negacionismo y reivindicación del genocidio llevado adelante por este gobierno. No resulta ocioso citar aquí al profesor Daniel Feierstein quien bien dice que, la última fase de un genocidio es su ocultamiento y su negación.
Para el caso particular, todo esto viene atravesado, a su vez, por un reforzamiento simbólico del orden represivo y políticas que van como reaseguro de un virtual estado de excepción; en este sentido se dirigen, las Fuerzas Armadas con Carlos Presti (hijo silente de un padre condenado por delitos de lesa humanidad) a la cabeza y, en lo que respecta al Ministerio de Defensa, su titular, Luis Petri, quien despidió 10 de 13 trabajadores del Equipo de Relevamiento y Análisis de las Fuerzas Armadas, área que aporta información esencial en los juicios de lesa humanidad; este vaciamiento redunda claramente en una mayor impunidad para los genocidas.
En lo atinente al Ministerio de Justicia, con 450 despidos aproximadamente, se desarticularon lugares clave de acceso a justicia, como ser los CAJS, el INADI y la Línea 137; se dan, en otros casos, reducciones de personal, de manera tal que, se dificulta el desenvolvimiento de muchos sectores, como ocurre con el Programa de Mediación Penitenciaria donde me desempeñaba.
En dicho Programa, que funciona desde 2011, efectuamos mediaciones con la finalidad última de reducir la violencia en contextos de encierro. La población carcelaria, esto es, las personas privadas de su libertad, son una de las poblaciones más vulneradas. Es así que, con la mediación penitenciaria no sólo se auxilia a los internos y su desenvolvimiento dentro de los Complejos Penitenciarios Federales, sino que esto coadyuva a mejorar los lazos familiares: la mediación opera en la vida intra y también extramuros, como es precepto constitucional conforme al art. 18 de nuestra Carta Magna: cada persona privada de su libertad tiene, además, una familia por detrás, a la cual se le van a ver cercenados derechos a partir de ahora. Claro, esto no importa cuando el norte a seguir es el modelo Bukele.
Este ensañamiento se inscribe dentro de las políticas de tinte represivo que impulsa Patricia Bullrich: en consonancia, tanto el Ministerio de Justicia como así también otros sectores han sufrido ataques mediante despidos masivos: La Agencia Nacional de Discapacidad, el Servicio Meteorológico Nacional, Educación, Anses, Salud, Télam, Senaf, Conicet, GPS y, la lista sigue. Y como si ello fuera poco, muchos de estos lugares se han militarizado en clara señal de amedrentamiento y hostigamiento. (Recordemos que el custodio del Secretario de Derechos Humanos, Baños, desenfundó un arma delante de los trabajadores).
También la Secretaría de Trabajo con Cordero a la cabeza es otro ejemplo palmario: quedó bajo la dirección del ex abogado de Techint; no siendo un dato superfluo que sea Techint quien esté a cargo de esa Secretaría que viene entre otras cosas, a impulsar una reforma laboral.
He denunciado durante años la complicidad que esta empresa tuvo con el genocidio argentino y que albergaba entre otras cosas, a mi padre genocida como médico legista dentro de su staff ( hasta el año 2012 en que se suicidó).
Dentro de su planta de Siderca, en Campana, funcionaba un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio.
Es sabido qué políticas económicas intentan imponer. Estas ya fueron descritas magistralmente por Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: un plan de miseria planificada a merced de las transnacionales, los intereses foráneos y el FMI. Plan siniestro que no puede pasar sin un ajuste feroz y criminal con más la represión subsiguiente: la criminalización de la protesta social, como lo hace Bullrich con su Protocolo y la Ley Antiterrorista (la cual arrastramos desde el 2011).
En relación a las políticas negacionistas y los despidos en las diferentes áreas, cobran singular relevancia los acaecidos en los espacios de Memoria, la Secretaría de DDHH y el Ministerio de Defensa.
Si bien no hay un criterio en la enorme cantidad de despidos, cercano a los 15 mil, entre los mismos sí se encuentran inexorablemente despedidos los militantes políticos y los activistas por diferentes causas (disidencias sexuales, feministas, derechos humanos). Los militantes y activistas fuimos desvinculados en virtud de despidos discriminatorios y como abierta persecución política e ideológica.
Nos sindican como hipótesis de conflicto tanto político como gremial, ya que exigimos acciones concretas a las burocracias sindicales que se encuentran pasivas e inmóviles: ¿cuántas familias más tienen que perder sus fuentes de ingresos para que las Centrales Obreras (CGT y las CTA) llamen a un Paro General Activo?
En lo que me ataña, hace años, en especial desde 2017 vengo denunciando el genocidio argentino, sus partícipes y cómplices civiles; denuncié y lo sigo haciendo, la apología del genocidio llevada adelante ahora por Villarruel y Milei y antes por Pando, entre otros como Puentes de la legalidad; denuncié las designaciones hechas en el Ejército Argentino como las de César Milani (denunciado por familiares y sobrevivientes por haber participado en crímenes de lesa humanidad); denuncié asimismo a Techint, a Acindar, a Astilleros Astarsa. Declaré en 2017 en el marco de la mega causa Campo de Mayo, Irregularidades en el Batallón 601 (vuelos de la muerte) todo lo que supe a través de mi padre genocida, en relación a su participación y, para aportar a la Memoria, la Verdad y especialmente la Justicia. Denuncié que el único absuelto en la Causa Brigadas, Barré, fue defendido por un abogado del estudio jurídico del hoy ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Denuncié también los lazos de este gobierno con el sionismo y, el genocidio que está llevando adelante el estado sionista de Israel contra el Pueblo Palestino.
En el 2017, ante el intento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de otorgar el beneficio del “2x1” a los genocidas de la última dictadura cívico militar eclesiástica, cofundé junto con Analía Kalinec y Liliana Furió el Colectivo Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Actualmente formo parte del Colectivo Asamblea Desobediente, a tales fines. Pablo Verna, uno de sus integrantes, ha denunciado a su padre, declarado en juicios de lesa y colabora con el Dr. Llonto en algunas querellas por delitos de lesa humanidad. Somos familiares de genocidas que repudiamos los crímenes aberrantes cometidos por nuestros padres y por tal, somos considerados “traidores” para la gente de Victoria Villarruel, Cecilia Pando, Javier Milei y gran parte de las fuerzas armadas y de seguridad que pugnan, hoy día, tanto por la impunidad con vericuetos de orden procesal (impugnado los juicios o peticionando beneficios procesales en la ejecución de las penas, como ser prisiones domiciliarias) como por juzgar a los grupos insurgentes arguyendo con gran falseamiento que se trató de una “guerra”. No señores, no hubo guerra. Hubo un solo terrorismo: el terrorismo de Estado. Fue y es genocidio. Son 30000 los detenidos desaparecidos. Aún buscamos a los niños, ya adultos, que fueron apropiados y que desconocen su verdadera identidad.
Con mi despido, entre otros, buscan amedrentarnos y que nos repleguemos en nuestras luchas; acallarnos. No le tuvimos miedo a nuestras propias familias menos a este gobierno.
Como bien le he dicho a mi Director Nacional este viernes próximo pasado al comunicarme que tenía denegado el acceso al edificio donde trabajaba: "Estoy de pie y, nunca me encontrara de rodillas".
La lucha será larga pero no la abandonaremos hasta que reincorporen a todos, todas y cada uno y una de los trabajadores y trabajadoras despedidos y cesen los despidos injustificados.
Acá no se rinde nadie. | 
