El extitular de la Procuraduría General de la República acaba de dejar las instalaciones de la Torre Médica de Tepepan, donde se encontraba por supuestamente padecer hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral, y ha sido trasladado a su mansión en Lomas de Chapultepec para llevar los procesos legales en su contra en prisión domiciliaria.
El beneficio le fue otorgado por el juez de control Juan José Hernández Leyva del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. El exfuncionario está señalado por tres presuntos delitos: desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Todos relacionados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mansión de Jesús Murillo Karam en Lomas de Chapultepec Fuente: UnoTv
No hay que olvidar que Murillo Karam fue el artífice gubernamental de la llamada “Verdad Histórica” respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa acaecida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En dichos hechos, además de la desaparición de los normalistas, seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, y hubo 20 lesionados, uno con muerte cerebral.
¿Qué fue la “verdad histórica” cuyo artífice fue Murillo Karam?
La “Verdad Histórica” fue una narrativa que por una parte pretendía explicar a la opinión pública nacional e internacional lo sucedido en Iguala, a la vez que obstruía la impartición de justicia en torno al caso, pues se construyó a base de torturas a detenidos, operaciones de difamación y criminalización de estudiantes, así como fabricación de pruebas y manipulación de las escenas del crimen con la finalidad de garantizar impunidad a altos mandos de las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, así como de las fuerzas armadas (Ejército y Marina).
Jesús Murillo Karam difundió por primera vez la “Verdad Histórica” en una conferencia emitida el 27 de enero de 2015 en la cual dijo que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan” y que dichas conclusiones se basaban en “pruebas aportadas por la ciencia”.
En el último informe que entregó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), en julio de 2023, antes de dejar México, señalaron que la Secretaría de Marina intervino en dos escenarios clave en los que se pretendía sustentar la llamada “Verdad Histórica”: el basurero de Cocula ─donde presuntamente habían sido incinerados los estudiantes- y el Río San Juan ─donde supuestamente habían sido tirados los restos-, manipulando y fabricando pruebas y, por lo tanto, entorpeciendo las investigaciones.
¿Por qué fue y sigue siendo el Estado?
El descubrimiento de esta intervención de elementos de la Marina pudo hacerse gracias a la presentación que dicha institución castrense hizo de un video que fue secreto durante todos estos años, lo cual se logró gracias a la presión que el movimiento por la aparición de los 43, así como padres de familia, abogados, organizaciones defensoras de derechos humanos y el propio GIEI ejercieron durante casi 9 años para ese entonces.
Tanto en la desaparición de los 43 normalistas como en la obstrucción en la impartición de justicia y en las investigaciones que permitan dar con el paradero de los estudiantes, han participado autoridades y corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, así como las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina).
Por esa razón las consignas “Fue el Estado” y “Fue el Ejército” emergieron en el gran movimiento por la aparición de los estudiantes desde un inicio, contrario a lo que el presidente López Obrador ha señalado durante los últimos meses en sus mañaneras, cuando ha afirmado que estas fueron ideadas tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso con el objetivo de “socavar” la honorabilidad de las Fuerzas Armadas.
Si tomamos en cuenta las precisiones que especialistas en el estudio de la desaparición forzada como Roberto González Villarreal han realizado, las cuales refieren que esta no se reduce al momento del “levantón” y la aprehensión ilegal, sino que se sigue consumando a través de las maniobras burocráticas que configuran un abanico de modalidades de la negación, el ocultamiento y la falsedad para imposibilitar dar con el paradero de las víctimas, podemos decir que “Sigue siendo el Estado” y “Sigue siendo el Ejército”.
Esto queda más claro con las denuncias públicas que han hecho los padres de los 43 y sus abogados, en las cuales han señalado que la Secretaría de la Defensa Nacional continúa negándose a proporcionar 800 folios de información que es clave para dar con el paradero de los estudiantes. La exigencia de la presentación de esta documentación no es una ocurrencia de la defensa legal de las y los familiares de las víctimas, sino que nace del asesoramiento que les brindó el GIEI.
Impunidad para Murillo Karam, ¿Partícipe de un crimen de lesa humanidad?
El 19 de agosto de 2022 Jesús Murillo Karam fue aprehendido por los delitos mencionados anteriormente. Estuvo primero en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Posteriormente fue trasladado al Reclusorio Sur y luego a la Torre Médica de Tepepan. Hoy ya está en su mansión de Lomas de Chapultepec.
Murillo fue diputado priista a nivel federal de 1979 a 1982 (LI Legislatura) y de 1985 a 1988 (LIII Legislatura), así como tres veces senador, en las Legislaturas LV, LX y LXI. Fue gobernador de Hidalgo de 1993 a 1998. Además ocupó distintos cargos dentro del PRI desde 1971 a 2012, año en el que asumió la titularidad de la entonces Procuraduría General de la República.
Es un personaje privilegiado del sistema político mexicano, ejemplo de quienes el Poder Judicial trata con demasiada benevolencia aún cuando están implicados en hechos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el cual ha sido considerado por académicos como de Lesa Humanidad.
Para afirmar esto último es necesario remitirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual establece, en su artículo 7, que la desaparición forzada es considerada como un Crimen de Lesa Humanidad cuando es cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
El término generalizado es empleado en un sentido cuantitativo: cuando el acto se efectúa a gran escala y, por lo tanto, involucra un gran número de víctimas. En cuanto a la dimensión sistemática, esta habla de que la desaparición se concrete como resultado de una planificación metódica.
Respecto al caso concreto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el Dr. Francisco Javier Dondé Matute ─especialista en Derecho Penal Internacional- refiere que la dimensión sistemática que permitiría hablar de un Crimen de Lesa Humanidad se vuelve evidente a partir de que las investigaciones del GIEI mostraron de manera fehaciente “…ciertas acciones por parte del Estado, en particular CISEN y Ejercito, como intervención de comunicaciones e infiltración de agentes en las normales de Guerrero” que se llevaron a cabo durante años lo cual “…apunta a una política estatal que llevaba mucho tiempo implementándose. Las intervenciones, infiltraciones y seguimiento de los normalistas de Ayotzinapa se incrementaron de cara a la conmemoración del 2 de octubre (de 2014, para lo cual los estudiantes estaban realizando actividades de boteo el 26 de septiembre, fecha en que se dieron los hechos).”
Estos beneficios de los que gozan personajes como Jesús Murillo Karam quien ya se encuentra cómodo en su mansión contrastan fuertemente con la situación de muchas personas de sectores populares que llevan años en prisiones sin sentencias.
Si bien el Poder Judicial muestra en casos como este su lado más conservador, el Poder Ejecutivo encabezado por AMLO no se queda atrás: no olvidemos que todas las secretarías del Gobierno Federal son instancias que forman parte del Ejecutivo. Por lo tanto, la responsabilidad de que la Secretaría de la Defensa Nacional no entregue la información requerida para avanzar en las investigaciones y fincar responsabilidades hasta sus últimas consecuencias recae en el presidente.
Por estas razones es que decimos "no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos": fue la policía y fue el Ejército. Es y sigue siendo el Estado mexicano en tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa permitiendo que la SEDENA no entregue los archivos necesarios para esclarecer esos y otros crímenes de lesa humanidad y castigar a los responsables sin importar su edad o condición de salud. No hay justificación para que continúen impunes desde la comodidad de sus mansiones.
