El jueves 11 de abril los trabajadores del transporte público de pasajeros del AMBA realizaron retención de servicios ante la negativa de las empresas a pagar el salario acordado. Los mismos empresarios que reciben subsidios millonarios y vienen de un tarifazo del boleto del 400%, en medio del aumento brutal de la pobreza, se resisten a pagar el aumento paritario que fue homologado de 250 mil pesos. La medida de fuerza tomada por los choferes tuvo amplia repercusión y apoyo de millones de trabajadores, que aunque complicó su traslado, tomaron como propia la demanda de pago de sueldos.
La concejala del PTS en el FITU, Natalia Hernández expresó su apoyo a la medida de los trabajadores: “Los choferes hace varios meses que vienen teniendo problemas con el cobro y ahora las empresas de transporte se niegan a pagar el aumento que les corresponde. Respondo también a los dichos del presidente de la línea 620 que en un medio radial dijo que el boleto mínimo tiene que costar 1200 pesos. ¿Qué usuario del distrito puede abonar ese importe? Hay barrios que quedaron aislados, los vecinos denuncian que no pasan con frecuencia. Y al cumplirse un año del asesinato del chofer Daniel Barrientos, las condiciones laborales siguen siendo pesimas hay que hacer un seguimiento de los subsidios que recibieron a lo largo de estos años las empresas de transporte. Que se abran los libros contables, adónde fueron los subsidios millonarios que todos los gobiernos les otorgaron sin control."
La línea 620 es uno de las más utilizada por usuarios de La Matanza, une el segundo y tercer cordón con la General Paz y accesos a CABA. El mismo jueves, en declaraciones a Radio Universidad, Gustavo Castiñeira, el titular de la línea 620 (Empresa NISA) dijo: “Queremos que se pague lo que vale el transporte, que hoy es 1.200 pesos. Ese es el costo para poder ofrecer un servicio en condiciones normales y con todo lo que exige la ley”, es decir casi cuatro veces lo que cuesta ahora. “Acá es muy claro, si se piensa en función de ganancia de empresarios van a la línea de seguir aumentando el boleto y los trabajadores seguirán con problemas en su cobro. Porque lo que les importa es garantizar las ganancias a los empresarios. Nosotros planteamos la creación de una empresa estatal de transporte única, porque el transporte tiene que ser pensado como un servicio social no para las ganancias de los empresarios” respondió Hernández.
La concejala propone que esta empresa estatal única de transporte de pasajeros urbano, sea gestionada por trabajadores y usuarios, buscando abaratar el costo, garantizar el servicio a todas las familias que hacen uso, brindar un servicio de calidad y accesible al bolsillo popular. Que permita crear un sistema planificado de recorridos, que eliminaría la competencia entre empresas, crearía paradas intermedias que permitan ahorrar tiempo y acortar distancias y ampliar los recorridos actuales. A su vez, la absorción de las y los trabajadores manteniendo su convenio laboral, derechos conquistados y su afiliación sindical.
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Bajo el kirchnerismo la política de subsidios garantizó enormes ganancias para los empresarios del transporte, que sólo se puso en cuestión con la tragedia de Once. Los tarifazos del macrismo influenciaron como un golpe directo al bolsillo de la clase obrera con aumentos del 601 % en el boleto del tren, 494 % en colectivos de corta distancia y un 322 % en subtes. En el AMBA, el boleto mínimo de colectivo subió a $ 270 y $ 130 el de tren, y a partir del 1 de abril, quienes no tienen la SUBE pagan $ 430 el boleto mínimo de colectivo y $ 260 el de trenes. El aumento del boleto de transporte, en un marco de inflación arriba del 20 % mensual, congelamiento de ingresos y paritarias muy retrasadas, implica un golpe aún más fuerte para los sectores populares, viajar se lleva hasta un 25 % o 30 % de los salarios.
Ante la decadencia del sistema de transporte actual, desde la izquierda proponemos una salida distinta a los tarifazos y el lucro patronal que propone Milei. La propuesta de la concejala del PTS posibilitará ponerle freno a la organización de un sistema caótico que se mueve en función de los intereses de los grandes empresarios y pondría en el centro la implementación de un servicio público esencial para la vida de millones de trabajadores y trabajadoras.
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