Esta semana el gobierno nacional envió al Congreso cuatro proyectos de ley enfocados en ampliar categorías penales y años de cárcel en el marco de lo que la gestión libertariana llama “lucha contra la criminalidad organizada”. Los proyectos ingresaron por la Cámara de Diputados y fueron anticipados en varias oportunidades por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. A ella Javier Milei le encomendó llevar al extremo las políticas represivas y de control sobre la población, en un contexto de extrema crisis económica y social.
Los proyectos de ley incluyen desde una “Ley Antimafias” hasta reformulaciones sobre la “legítima defensa” para civiles y uniformados, pasando por una ampliación de la impunidad para los agentes que se vean involucrados en casos de gatillo fácil y represión estatal. También hay intención de establecer un nuevo registro nacional de datos genéticos.
“Orden público”
Bullrich lleva meses agitando su “Protocolo de Orden Público”, más conocido como Protocolo Antipiquetes, con el que intenta justificar sus reiteradas represiones a marchas y concentraciones. En algunos casos, esas avanzadas adquirieron tal nivel de violencia que derivaron en manifestantes heridos con daños irreversibles, como la pérdida de ojos (ver acá, acá y acá) causadas por balazos de goma directos y a corta distancia.
Fracasado el primer intento de la Ley Ómnibus, donde había un capítulo dedicado al tema, ahora la ministra y sus servidores presentan cuatro proyectos diferentes para que sean tratados por el Congreso. Uno de ellos, directamente busca dar más herramientas a las fuerzas represivas para actuar sin contemplaciones contra vastos sectores de la población. A las directivas de cómo reprimir se sumaría, de ser votado este proyecto, la garantía de impunidad para los represores y de mayor criminalización para los reprimidos.
El proyecto en cuestión lleva el número de ingreso 38289118 y lo firman (como a los otros tres proyectos) Milei, Bullrich, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Se titula Modifica el Código Penal - Orden Público y en apenas tres páginas propone cambios sustanciales en la legislación penal.
Pero bajo la categoría de “orden público” se pretende meter en la misma bolsa hechos tan disímiles como un robo a mano armada y la reacción de manifestantes a la provocación policial en una marcha. Algo que no es inocente, ya que lo que se busca no es más “seguridad” en los barrios sino una criminalización extrema de la pobreza y de la protesta social, aplicando la figura de “delincuente” (o sospechoso, al menos) a todo lo que se moviliza activamente contra las políticas oficiales.
En los fundamentos del proyecto se afirma que el objetivo es sustituir algunos artículos del Código Penal por otros, “en atención a la vinculación de su contenido con el resguardo del orden público”. Y se detalla que los efectivos de las fuerzas estatales “no pocas veces se han visto inhibidos de actuar ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber”. O sea, démosles impunidad a quienes necesitamos para reprimir.
Vale recordar que Bullrich siempre puso como ejemplo el caso de Luis Chocobar, el policía bonaerense condenado por asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, a quien persiguió por las calles del barrio porteño de La Boca luego de que el joven de 18 años asaltara violentamente a un turista. Para ella, Chocobar sólo cumplió con su deber y hasta mereció ser condecorado.
Legítima defensa
Sobre la “legítima defensa”, el proyecto amplía los alcances de esa figura, dando más aire para el uso de armas y otros medios violentos a civiles o policías que supuestamente no tengan otra alternativa que repeler una agresión con una agresión mayor.
En ese sentido, se propone reformular algunos inicios del artículo 34 del Código Penal, que determina las causales de inimputabilidad. Actualmente el inciso 4 dice que no será penado quien “obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. El proyecto de Milei y Bullrich agrega: “en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser interpretada, en caso de duda, en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Ese agregado es en beneficio directo de policías, prefectos y gendarmes. La misma Bullrich, siendo ministra de Macri, buscó por todos los medios (y en cierta medida lo logró) beneficiar a quienes en 2017 reprimieron a las comunidades mapuche de Cushamen (Chubut) y Villa Mascardi (Río Negro), donde perdieron sus vidas los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, el primero de ellos desaparecido durante 78 días.
El texto presentado en Diputados también modifica el inciso 6 del artículo 34. Por un lado, agrega que no será punible quien, sin importar el resultado, se defienda de una agresión (aún de personas desarmadas) y tema quedar en desventaja por “una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña”. Por otro lado, la nueva redacción de ese inciso extiende el derecho a repeler un ataque a la propiedad privada a todas las horas del día y no sólo a la noche, como versa actualmente la norma.
También se agrega en ese inciso una aclaración que favorece a policías y demás uniformados, ya que da inimputabilidad a quienes se defiendan “de un ataque mientras el agresor se aleja de la escena con un arma, real o falsa, y exista un peligro verosímil de muerte o de lesiones graves para quien se defendiere o para terceras personas”. Bajo esa justificación suelen basar sus estrategias las defensas de muchos asesinos de gatillo fácil.
Otra modificación relevante se da en el inciso 7 del mismo artículo 34. Textualmente se agrega que “quien iniciare el curso de una acción delictiva que implique fuerza o violencia no tendrá derecho a indemnización alguna por las consecuencias que se derivaren de esa situación. En tales casos, ni él ni sus herederos podrán instar la acción penal contra los que intentaron impedir la comisión del delito”.
Esto último es grave porque habilita a que los uniformados (o cualquier civil) cometan delitos propios (incluyendo el asesinato) sin ningún tipo de sanción penal con la justificación de que se estaba repeliendo el supuesto delito de otra persona. Las familias de tantos torturados y muertos por el Estado no podrían denunciar a los verdugos de sus seres queridos ni ser indemnizadas. Una gravedad al cuadrado, en un país donde el armado de causas contra inocentes y el gatillo fácil policial están a la orden del día.
Atentado y resistencia a la autoridad
“En cualquier país, quien golpea a un policía pierde su libertad. El respeto a las fuerzas del orden es uno de los pilares del sistema democrático”, dice el proyecto de ley en sus fundamentos. De allí que propone “elevar las penas previstas” para los casos de “atentado” y “resistencia a la autoridad”, figuras que desde hace dédadas son aplicadas contra activistas, huelguistas y hasta trabajadoras y trabajadores de prensa que cubren manifestaciones y protestas.
“Nada de lo que se propone en este proyecto tiene un carácter exorbitante o extraordinario”, dicen Milei, Bullrich y compañía. Y agregan que “el orden es la imagen más visible del Estado frente a su propia comunidad y frente al mundo”. En esa línea, proponen modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal.
El artículo 237 actualmente penaliza con prisión “de un mes a un año” a quien “empleare intimidación o fuerza” contra funcionarios públicos o personas que colabore con ellos “para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”. El Gobierno ahora propone que esos delitos sean reprimidos con prisión de entre uno y tres años y medio, es decir que en su aplicación máxima dejaría de ser excarcelable.
A su vez, se propone modificar las penas estipuladas por el artículo 238, que hoy van de seis meses a dos años (excarcelables). Para el Gobierno, quien sea condenado por ese artículo debería recibir penas de entre cuatro y seis años, o sea ir a la cárcel directo. ¿Y quiénes serían condenados? Hasta ahora lo son quienes cometen atentado y resistencia a la autoridad “a mano armada”, o si lo hacen en “una reunión de más de tres personas”, o “si el autor fuere funcionario público” o “pusiere manos en la autoridad”. Ahora, Milei y Bullrich procuran que también sean condenados bajo esta figura quienes agredan “a la autoridad con piedras, palos u otros objetos contundentes”.
La gravedad de esta última modificación radica en que, precisamente, en los últimos meses se vio cómo actúan las fuerzas federales (y también las locales) frente a importantes marchas o concentraciones: primero se amenaza con impedir un corte de calles; luego, es la misma fuerza la que corta la calle; enseguida, se avanza contra los manifestantes, que protestan de forma pacífica; poco después se lanzan gases y, escudos de por medio, se apalea a quienes están en primera línea; cuando los manifestantes intentan permanecer, se les disparan balas de goma; haya habido o no resistencia popular (¡las piedras y los palos!) sobrevienen detenciones masivas, torturas y procesamientos.
La Libertad Avanza (con perdón de la palabra) quiere convertir en ley la represión indiscriminada. Tras el camuflaje insostenible del combate a la “criminalidad organizada” se esconde el deseo burgués de controlar y reprimir al máximo a la población cuando ésta, mayoritariamente, crece en frustraciones y decadencia de sus condiciones de vida. Para su plan de gobierno, criminalizar al extremo a los sectores más movilizados es una condición sine qua non .
Bullrich, Milei y el resto de los que gobiernan saben que las mafias están de su lado. Saben que la droga que se exporta desde Rosario no podría salir sin el aval de los pulpos cerealeros que controlan todo lo legal y lo ilegal que pasa por sus puertos privados. Saben que ningún multimillonario negocio ilegal podría funcionar sin participación directa de policías, políticos patronales, jueces, fiscales y penitenciarios. Y saben que dándoles más poder e impunidad a las fuerzas estatales se está bien lejos de terminar con ese entramado.
Pero qué bien les viene esta situación para justificar el engorde del aparato represivo del Estado, más que necesario para aplicar su plan de guerra contra la clase trabajadora y el pueblo pobre. Porque, como no dejamos de decirlo, el ajuste no pasa sin represión. Y allí están Bullrich y sus “proyectos de ley”. Hay que enfrentarlos, en las calles y también en el Congreso. | 
