En una nueva escalada de hostigamiento, el municipio de La Plata desplegó inspectores y agentes policiales desde tempranas horas del miércoles sobre la plaza San Martín y calle 12, con la excusa de obras que apuntan a la "puesta en valor" del polo gastronómico ubicado en las inmediaciones de calle 51. El hostigamiento a vendedores ambulantes continuó a lo largo de la mañana, impidiendo a los puesteros que puedan vender e intentando echarlos de sus lugares.
“Yo necesito trabajar y no me voy a mover de acá”, planteó uno de los vendedores en diálogo con La Izquierda Diario.
Este no es un hecho aislado. Desde la semana pasada, los agentes enviados por el intendente Alak le plantearon a los vendedores que ellos “no iban a poder trabajar por ser migrantes” y que “solo los argentinos van a poder quedarse en la calle”.
Una ciudad para pocos
A los despidos municipales, el ajuste y precarización de las condiciones laborales y las recurrentes inundaciones en los barrios de la periferia, el intendente Julio Alak suma ahora un nuevo capítulo a la “ciudad para pocos”: la persecución de la venta callejera para poder subsistir.
La relación con el municipio nunca fue buena, pero desde que está la nueva gestión, directamente no hay diálogo. Cada vez que los vendedores ambulantes se acercaron al municipio, se fueron sin ser recibidos. “Nos hemos acercado a 20 y 50 y no nos dan pelota. Dejamos los datos, los teléfonos, pero no nos quieren atender. Nos vienen diciendo que nos van a reubicar en otro lugar, como escuchamos hace años, pero es todo mentira. Ya no creo más en la palabra de ellos. Ahora están intimidandonos a cada instante”, relata a este medio una trabajadora ambulante.
“Hace años que estoy acá y voy a seguir resistiendo en la calle. Y no solamente soy yo, somos varios”, plantea otro trabajador. En efecto, en el último censo de vendedores ambulantes se pudo constatar que entre calle 7, 8, 12 y diagonal 80 había más de 60 vendedores ambulantes, en su mayoría migrantes. Es probable que debido a la situación económica actual, ese número aumente ya que más personas deberán recurrir a la venta callejera para llegar a fin de mes.
Cuando se trata del espacio público, la presencia del municipio existe pero para discriminar y amenazar a los vendedores ambulantes. No son sólo las medidas del gobierno nacional las que son duras con quienes están en situación de mayor debilidad y blandas con los poderosos. “Esta es mi fuente de trabajo, tengo hijos. Hace un año me quede viuda y tengo que solventar los gastos en mi casa, entonces no me parece que me dejen sin trabajo y que me estén hostigando”, cuenta una vendedora.
Sebastián Burgos, abogado del Centro de Profesionales y Derechos Humanos (CeProDH), organismo que acompañó durante los últimos años a los vendedores agrupados en VAULP nos dice: “En un contexto de crisis económica y social, en la que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales apuntan contra los trabajadores precarios, contra los que cobran planes sociales, donde buscan amedrentar y criminalizar la protesta social, no sorprende que la intendencia de Alak se envalentone y amenace con sacar mediante la represión a cientos de trabajadores y trabajadoras que hace años tienen la venta ambulante como único medio de subsistencia para sus familias”. | 
