Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri hicieron anuncios conjuntos en política penitenciaria. Dicen que buscan resolver la sobrepoblación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sus políticas de ajuste y represión preanuncian que la cantidad de presos por habitante no dejará de subir.
Este viernes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló ante la prensa junto al jefe de Gobierno porteño y demás funcionarios macristas del área de seguridad. Lo hizo en el barrio de Villa Soldati, frente al Parque Indoamericano, en el marco de la presentación de “módulos” (contenedores acondicionados por la empresa Ecosan) que harán las veces de celdas para detenidos que hoy saturan comisarías y alcaidías de la Ciudad.
Junto a Bullrich y Jorge Macri estuvieron Waldo Wolff, ministro de Seguridad de CABA, Diego Kravetz, secretario de Seguridad y jefe de la Policía porteña y Gabino Tapia, ministro de Justicia del mismo distrito. Según se supo, los tres armaron un “plan” carcelario para supuestamente descomprimir las dependencias policiales locales. Un plan en el que el Gobierno de Javier Milei se involucra directamente para su concreción.
Plata hay
El esquema diseñado por el Ejecutivo porteño busca “resolver” la sobrepoblación carcelaria (que se da también en todas las provincias y en los penales federales) a través de varias vías. Además de la creación de nuevas alcaidías (ya se está trabajando en una ubicada en la zona sur de la ciudad) y de los “módulos de detención” (containers pegados unos a otros) insertados en patios y predios de dependencias policiales, habrá más tobilleras electrónicas para casos de presos por delitos menores y, a la vez, se intentará que el Poder Judicial expulse del país a condenados extranjeros.
El plan incluye también el traslado del penal federal ubicado en el barrio de Villa Devoto a Marcos Paz. Para ello, deberá retomarse la construcción del Complejo Penitenciario II de esa localidad bonaerense. Según el convenio firmado entre Nación y CABA, para fines de 2025 los 1.900 internos de Devoto deberían estar en esa otra cárcel.
El dato “curioso” es que la financiación de la terminación del complejo de Marcos Paz estará a cargo del Gobierno porteño, pese a que pertenece al Servicio Penitenciario Federal, desde el 10 de diciembre último bajo la órbita del ministerio conducido por Bullrich.
Lo curioso deja de serlo cuando se entiende que todo se trata de un toma y daca muy beneficioso para Jorge Macri. Se estima que el gasto que demandará la habilitación del complejo marcospacense (resta un 30 % de las obras) será muchísimo menor de lo que recibirá como contraprestación la administración PRO.
Según publicó el periodista Robertino Sánchez Flecha en Infobae, el gobierno porteño planea habilitar en los terrenos de Villa Devoto “inversiones para darle otra fachada y explotar económicamente el lugar”, aunque aún el macrismo “no reveló detalles de qué destino le darán finalmente”. Lo seguro es que se tratará de un meganegocio inmobiliario.
Huelga decir que, pese a las “internas” del PRO, sobre todo entre Bullrich y Mauricio Macri, desde la Casa Rosada mantienen una más que estrecha relación con la administración porteña. Esta “colaboración” en materia penitenciaria no es más que la confirmación de la afinidad ideológica y política entre ambas gestiones. Más cárceles, menos escuelas y menos hospitales.
Modelo de los mósulos anunciados
El “canje” de los terrenos de Villa Devoto por la finalización de las obras en Marcos Paz significa una nada disimulada tercerización de obras públicas nacionales que, desde diciembre, Javier Milei y su séquito decidieron frenar en seco. Una decisión que, además de suspender por tiempo indeterminado la construcción de rutas, puentes y otras obras de infraestructura, ya produjo miles de despidos en el gremio de la construcción (con la complicidad de la Uocra conducida por Gerardo “Batallón 601” Martínez).
Pero lejos de firmar convenios para la construcción de escuelas, hospitales, clubes y demás obras con fines sociales progresivos, La Libertad Avanza sólo parece entusiasmarse con la construcción de más cárceles y reductos de detención para alojar a cada vez mayores porciones de la población. De allí que los anuncios de este viernes sean coherentes con otras iniciativas de Bullrich. Ella misma aprovechó la oportunidad para avisar que en el Congreso ya presentó cuatro proyectos que le permitirían avanzar con sus planes.
En efecto, la semana pasada dos funcionarios del Ministerio de Seguridad nacional (de los que hablaremos en una próxima nota) se apersonaron ante las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados para defender los proyectos referidos al “Orden Público” (de lo que se habla en esta otra nota), a medidas “antimafias”, a ampliar penas para la “reiterancia” y a crear un nuevo registro nacional de datos genéticos. Todas iniciativas que, de convertirse en leyes, redundarán en una mayor criminalización social y, por consiguiente, en una mayor sobrepoblación carcelaria.
En esa reunión de comisiones, desde la bancada del Frente de Izquierda desenmascararon con precisión los objetivos represivos disfrazados por la ministra y sus secuaces de “lucha contra el crimen organizado”. En palabras de Myriam Bregman, diputada del PTS-FITU, esos proyectos muestran a un gobierno deseoso de “vivir en un estado de excepción donde no haya ningún tipo de manifestación”, convirtiendo a la protesta social en “crimen organizado” y dando más vía libre al gatillo fácil policial.
Pero además esas iniciativas represivas se combinan, nada paradójicamente, con la inclusión en el paquete fiscal (recientemente votado en Diputados) del “blanqueo de capitales” que permite meter en el mercado legal fondos provenientes del narco y otros negocios clandestinos. “Van a seguir persiguiendo el narcomenudeo, la venta del chiquitaje, cuando el gran dinero narco se está haciendo una fiesta y esperando la Argentina con cuchillo y tenedor porque va a ser un paraíso para el lavado”, sentenció Bregman ante los funcionarios de Bullrich.
En la Ciudad de Buenos Aires hay más de 2.000 presos en comisarías y alcaidías. El doble de la cantidad de plazas habilitadas en el distrito. O lo que es lo mismo, una sobrepoblación del 100 %. Según un reciente informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de ese total de personas sólo el 14 % tienen una condena concreta, el 58% está bajo prisión preventiva y el 28 % restante espera una decisión judicial sobre su situación.
En la provincia de Buenos Aires la cosa luce aún peor. Los largos años de gobernaciones peronistas no tienen nada que envidiarle a sus pares del macrismo porteño. Según el relevamiento de datos abiertos de la Comisión Provincial por la Memoria (actualizado a marzo), en varias cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la sobrepoblación oscila entre el 200 y el 300 %. Es decir que donde debería haber un interno pueden estar alojados hasta cuatro. Inhumano por donde se lo mire.
El mismo registro de la CPM afirma que, de las casi 58 mil personas detenidas bajo custodia del SPB, más de 29 mil lo están con prisión preventiva. Menos de la mitad están efectivamente condenadas. Porcentaje más, porcentaje menos, esa realidad se repite en casi todas las cárceles del país, estén bajo administración provincial o federal.
Más de la mitad de las personas detenidas hoy en Argentina son inocentes, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Aún sabiendo que parte de esos detenidos podrán ser declarados culpables, no es menos cierto que en Argentina prolifera una industria de “causas armadas” contra “perejiles” (que tras años presos terminan absueltos en juicios sin pruebas) y que, a la vez, hay un abuso paroxístico de las prisiones preventivas de personas pobres por parte de jueces y fiscales.
En este marco, que la única política “seria” del Estado sea la construcción de más y más cárceles (algo que comparten todos los partidos políticos tradicionales cuando les toca gobernar), lejos de resolver los problemas realmente existentes sólo derivarán en mayores niveles de encarcelamiento de la población.
Ante esto, vale recordar un dato clave. Según la ONU, a finales de 2021 en todo el mundo se registraban 142 personas detenidas por cada 100.000 habitantes. Esa relación, conocida como tasa de encarcelamiento, en Argentina supera ampliamente el promedio. Para ese mismo año, en el país había 221 detenidos por cada 100.000 habitantes (306 en la provincia de Buenos Aires). Dada la tendencia histórica, en estos tres años esa tasa de encarcelamiento no paró de crecer.
Es obvio que las políticas de La Libertad Avanza no van en sentido contrario al crecimiento de esa tasa de encarcelamiento. Tampoco las implementadas por las gobernaciones peronistas. Políticas que combinan ajuste sobre la población trabajadora (en beneficio de minorías empresarias parasitarias), degradación de las condiciones generales de vida de las mayorías, criminalización de la pobreza y represión abierta a la protesta social.
Como “frutilla” de ese cóctel reaccionario se despliegan hoy las iniciativas oficiales en materia de “seguridad”, encabezadas por Bullrich pero sostenidas como razón de Estado gobierne quien gobierne. Por eso, además de luchar por derrotar la Ley Bases y el DNU 70/2023, si de enfrentar al plan de guerra de Milei se trata, también habrá que combatir las políticas de “seguridad” de la ultraderecha.
