El proyecto del oficialismo que tuvo media sanción beneficia de conjunto a las multinacionales extractivistas y fondos buitres que vienen saqueando todo. Pretenden rapiñar hasta lo último haciendo de esos territorios zonas de sacrificio. Lobby de gobernadores y sectores políticos patronales unidos y a favor de ser una estrella más de la bandera yankee.
“Los latinoamericanos somos pobres, porque es rico el suelo que pisamos”, afirmaba Eduardo Galeano en el libro Las Venas Abiertas de América Latina. Hoy con más de cinco siglos de colonialismo, y un capitalismo voraz, gobiernos como el de Javier Milei, continúan el legado de quienes con la espada, la cruz y la palabra, saquearon a más no poder los bienes comunes y sometieron y sacrificaron pueblos. Hoy, por otros medios pero con los mismos fines, quieren profundizar la matriz extractivista del país.
Uno de los pilares de la Ley Bases, que tuvo media sanción en el Congreso, son las políticas que dan beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios, regulatorios y ambientales para los grandes capitales, extranjeros en su mayoría, de inversión en proyectos para la exportación de materias primas, como los minerales, para el negocio de las baterías de litio.
Se trata del apartado del RIGI - Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que tuvo apoyo de todos los sectores políticos patronales, incluso de Unión por la Patria, para aprobarlo en el Congreso, y contó con el lobby de gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca, que integran la Mesa del LItio, y el de San Juan por el negocio del cobre.
El RIGI beneficia a los grupos inversores de todas las ramas y actividades productivas exportadoras, en particular el gas y los hidrocarburos, y la megaminería. Pero además, la minería extractivista de litio y cobre (ambas necesarias para baterías), son las que despiertan un particular interés geopolítico, por el negocio mundial de autos eléctricos. El plan libertariano de profundización de la primarización de la economía es darles vía libre para que se lleven todo con garantías estatales exprés y con consecuencias socioambientales de una magnitud incalculable por los daños a mediano y largo plazo.
El RIGI está dirigido a las inversiones para la exportación de más de 200 millones de dólares y da beneficios premium si superan los 1000 millones de dólares. Cuanto mayor es el capital menos impuestos deben pagar, y ya son varios los fondos de inversión extranjeros que dicen esperar expectantes la aprobación de la misma. Como si el régimen fiscal hoy no fuera el más favorable de la región.
Para el caso de la actividad minera se parte de beneficios otorgados por el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera creado durante el gobierno menemista, Ley N° 24.196. Este marco legal y jurídico que todos los gobiernos de turno sostuvieron, ya le otorga a las mineras 30 años de estabilidad fiscal y una serie de beneficios como el 0% de tasa de importación de bienes capital (equipamiento y repuestos) e insumos necesarios para la operación; doble deducción del Impuesto a las Ganancias de los gastos de exploración hasta la factibilidad; reintegro del IVA en seis meses en las etapas de exploración; esquema de amortización acelerada en tres años, las empresas pueden elegir entre el régimen general de impuesto a las ganancias o este esquema de un amortización de un tercio anual; tope de regalías provinciales del 3 % al valor de bocamina declarado por la empresa; y deducción de previsión ambiental del Impuesto a las Ganancias, hasta un 5 % de los costos operativos de extracción y beneficio. Además de otros beneficios que cada provincia agrega como el caso de Jujuy que excluye a gran parte de la minería de pagos de ingresos brutos y devuelve el 1 % de las regalías por obras de infraestructura.
Un informe de la FARN menciona que el RIGI profundiza este régimen de privilegio del sector minero quitando toda mínima regulación y reduciendo diversos tributos. Además le quita facultades a los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las provincias, el RIGI las incluye de manera compulsiva. Durante 30 años se prohíbe cualquier tipo de impuesto de provincia a cobrar, pero además, cualquier litigio y conflicto con el Estado y sus partes, la empresa o el fondo de inversión puede ir a justicia federal o internacional (donde manda el CIADI - tribunal del Banco Mundial - que ya sabemos del lado de quien fallaría).
Pero por si fuera poco, el RIGI establece mayores beneficios económicos en materia cambiaria. La inestabilidad macroeconómica argentina siempre se señala como un aspecto que “desincentiva” la inversión. El principal beneficio es el 100% de libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año sin obligación de acceder al mercado único de cambio, lo que según FARN actúa como un subsidio de hecho, ya que al grueso de la población se le imponen restricciones y termina abonando un tipo de cambio más costoso.
El Estado con el RIGI garantizará la entrada y salida de capitales, plena disponibilidad de lo producido sin obligación de comercialización en el mercado local y sin ningún tipo de traba para exportar, la libre disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios, el derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante el acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase y sin necesidad de conformidad oficial.
Por otro lado, facilita las importaciones, con exención de aranceles y todo tipo de régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de impuestos nacionales y/o locales. Por el lado de las exportaciones, no pagarían derechos de exportación desde el tercer año en adelante. En el caso de los Proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo (inversión de más de 1000 millones de dólares, estarán exentas de derechos de exportación desde el segundo año en adelante).
Desde un punto de vista socioambiental, como menciona FARN, ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condición alguna a las empresas beneficiarias a la presentación de Estudios de Impacto Ambiental de sus proyectos, o incluso carece de preocupación alguna por la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos. Claro está que, como sucede en Jujuy, los beneficios también corren para que las multinacionales ni siquiera pierdan tiempo en procedimientos formales a realizar. Además la Ley Bases propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549) que implicaría en los hechos, que ni siquiera se realicen audiencias públicas como procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, establecido en la Ley General de Ambiente (Ley 25.675) donde establece la obligatoriedad de la misma.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, ya dijo que necesitan del RIGI para el desarrollo del cobre y “advirtió” sobre la caída en la producción de oro y plata. En diversos medios locales se expresa el lobby de las mineras. “Según un informe 40 proyectos para extraer litio están a la espera del RIGI” dicen los anuncios como si no fueran proyectos que ya estaban en cartera de empresas de capitales canadienses, australianas, estadounidenses, surcoreanas, chinas, japonesas, emiratíes y argentinas presentados en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, para la prospección, exploración y construcción de plantas para la explotación y producción de carbonato de litio.
Roberto Cacciola, presidente de la CAEM
Actualmente son tres proyectos en fase productiva de litio, beneficiados por cada gobierno de turno y que, como buenos piratas, tienen denuncias de subfacturación y de estafas al Estado como sucedió con Livent, el proyecto más antiguo de extractivismo de litio en Catamarca, y Sales de Jujuy, donde está Allkem ( ex-Orocobre), hoy ambos fusionados tras la firma de Arcadium Lithium con accionistas que son fondos de inversión como Black Rock, J.P. Morgan, y HBSC, que tienen bonos de deuda con el país.
Los gobernadores que conforman la Mesa del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca) que hacen lobby por el RIGI, fracasaron a la hora de instrumentar mecanismos para que las multinacionales extractivas asignen un porcentaje de su producción para la industrialización y el agregado de valor en Argentina. Su propuesta en el 2023 de un “Aporte Especial Minero de Litio” que tenía dos ejes principales: captar mayores ingresos en base a la renta/ganancias extraordinarias de la actividad, cuyo destino principal debía ser para infraestructura productiva, y disponer de un cupo de hasta el 20 % de la producción de litio o sus derivados para proyectos productivos de agregado de valor en origen, ni siquiera fue formalmente presentado.
Hoy, su triste rol se reduce a gestionar la RIGI, un esquema donde no cabe ninguna demagogia de “desarrollo” o generación de empleo. La especulación de los gobernadores es que si se reducen impuestos nacionales que no son coparticipables a ellos no les afecta, y así pueden “ampliar” su caja provincial de regalías con el aumento de las inversiones. Pero, ¿a cuánto equivalen estas regalías? Siguiendo al economista y legislador del Frente de Izquierda Gastón Remy, el pago de regalías anual del conjunto de la empresa Sales de Jujuy a la provincia de Jujuy equivale a la recaudación de un mes del cobro del estacionamiento medido en la ciudad capital, San Salvador de Jujuy. Dos monedas.
«¿Cuánto cuesta, cuánto vale, nuestra pacha?
Canción popular de la lucha contra la reforma en Jujuy, Malpas, año 2023»
Lo que está en disputa además del saqueo económico de las multinacionales y fondos de inversiones buitres, es el saqueo ambiental y territorial de las empresas en los salares defendidos por las comunidades indígenas y pueblos trabajadores que habitan las provincias del NOA y organizaciones socioambientales. No casualmente Jujuy fue un laboratorio represivo, donde el régimen político de la UCR y el PJ, buscó mediante la reforma de la constitución provincial darle resguardo constitucional al saqueo de las empresas con leyes de inversión y fomento, y quitando derechos territoriales a las comunidades donde se encuentra el litio.
En esta misma perspectiva, el gobierno de Milei tiene un plan extractivista minero de conjunto, donde pretende avanzar con el RIGI y contrarreformas de leyes ambientales y protecciones mínimas del territorio a pedido de Laura Richardson y Elon Musk quien tuiteó recientemente tras las visita del presidente, que recomienda invertir en la Argentina, ¿con las venas abiertas para el desangre y el saqueo, quién no? Lo intentó con la primera Ley Ómnibus que fracasó. En la segunda Ley de Bases quiere avanzar en quitar las audiencias públicas para el análisis de los Estudios de Impacto Ambiental y liquidar los fondos fiduciarios públicos de leyes ambientales claves para desfinanciarlas. Además, una de las derogaciones más importantes en el mega DNU - aún vigente pero con rechazo del senado - es la Ley de Tierras que pone un freno al acaparamiento del territorio por parte del gran capital extranjero.
La defensa soberana de los bienes comunes como el litio o el cobre, y el agua amenazada por la actividad minera extractivista, está en juego con la aprobación del RIGI y la Ley Bases. La experiencia jujeña y las lecciones sacada de ese levantamiento del pueblo trabajador, con las comunidades indígenas y la docencia al frente, que tomó en sus manos el cuestionamiento al saqueo del litio por parte de multinacionales imperialistas y gobiernos, son la clave para retomar como agenda. Fortaleciendo la organización, unidad y coordinación de las y los de abajo, podemos exigir en las calles a las centrales sindicales un verdadero plan de lucha y el paro nacional para cuando se trate la Ley Bases en el Senado.
Debemos ser cada vez más quienes planteemos otra salida contra el saqueo. Que el litio y los bienes comunes dejen de estar en manos de multinacionales que extraen destruyendo la naturaleza, usando de forma irracional el agua, avasallando territorios y derechos de pueblos y comunidades indígenas. Desde el PTS y el Frente de Izquierda proponemos la nacionalización de los mismos, para que sean las y los trabajadores y comunidades indígenas afectadas, con aportes de especialistas y científicos, quienes definan cómo proteger y utilizar los bienes comunes y el agua, en base a una planificación integral y racional, para satisfacerlas necesidades sociales de las mayorías en equilibrio con el ambiente.
