Bullrich, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y las armas de Prefectura | Foto Marcelo Manera - Archivo La Nación
La diputada del PTS-FITU advierte sobre la peligrosidad de cuatro proyectos de Milei y Bullrich que se están tratando en Diputados. De convertirse en ley, con la excusa del combate a narcos y mafiosos todos seremos potenciales “delincuentes”, se disparará el gatillo fácil y el sistema represivo-judicial avanzará aún más contra quienes protestan. “Decir que con esto combaten el crimen organizado es demagogia total”, afirma la diputada trotskista, mientras con la ley Bases y el paquete fiscal “el gran delito encontrará un paraíso para el blanqueo y será el territorio añorado por los grandes narcos”.
Como informó La Izquierda Diario, a mediados de abril el Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, envió una batería de proyectos de ley a la Cámara de Diputados con los que busca reforzar el control social y la represión en medio de la crisis socioeconómica que se profundiza con sus políticas. A su vez busca dar más impunidad a policías, gendarmes y prefectos que maten o torturen. Todo con la excusa de combatir el “crimen organizado”, ése que irónicamente está amparado y custodiado, a través de múltiples vías, por el propio Estado nacional, provincial y municipal.
“Queremos alertar sobre algo muy peligroso que se está discutiendo en Diputados y pasando desapercibido, a pesar de la gravedad que tiene. Patricia Bullrich está impulsando un paquete de leyes espantoso y ya comenzó a tratarse en comisión”, tuiteó este sábado Myriam Bregman, diputada del PTS en el Frente de Izquierda Unidad que estuvo presente en las dos reuniones que ya se hicieron de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara baja. La primera fue el 24 de abril, la segunda el 8 de mayo y la tercera será este miércoles. Acá podés ver la intervención de Bregman en el primero de esos encuentros.
Los proyectos propuestos por La Libertad Avanza (que llevan las firmas de Milei, Bullrich, Nicolás Posse y Mariano Cúneo Libarona) se inscriben en la política hiperrepresiva encarada desde el 10 de diciembre, con cambios en los “protocolos” para abordar la protesta social en las calles y la radicalización de un discurso punitivista y carcelario como toda “solución” para supuestamente combatir al gran delito.
Bautizados con los pretenciosos títulos “Orden Público”, “Antimafias”, “Reiterancia” y “Registro Nacional de Datos Genéticos”, los fundamentos de los cuatro proyectos ya están siendo analizados por diversos especialistas, muchos de los cuáles expusieron sus críticas y rechazos ante las comisiones parlamentarias. “En su gran mayoría, exterminaron los proyectos por su desastrosa técnica legislativa y por su contenido, pues crean un Gran Hermano bajo control de Bullrich, prácticamente un estado de sitio”, expresó Bregman en X.
Ante la catarata de objeciones a las inconsistencias jurídicas de los textos del Ejecutivo, poco y nada pueden hacer los funcionarios enviados para defenderlos. Así, si esas propuestas terminan siendo ley, no será por estar flojas de papeles sino por la colaboración que el Gobierno consiga de parte de “opositores” que, en lo sustancial, coinciden con esas iniciativas.
En la primera reunión del 24 de abril (video completo acá), las y los integrantes de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior escucharon las exposiciones del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y del director de Normativa y Enlace Judicial de la misma cartera, Fernando Soto. De estos personajes nefastos hablamos más abajo.
Fernando Soto y Carlos Manfroni
La segunda reunión, el pasado miércoles 8 (video completo acá), concentró a diversos expositores. Hubo quienes opinaron a favor de las iniciativas oficiales, pero la mayoría de las y los especialistas en la cuestión rechazaron los proyectos tanto desde lo conceptual como desde lo jurídico y lo práctico.
A favor de los cambios que quiere implementar La Libertad Avanza hablaron Martín Monedero, profesor de la UCA, de la Marina Mercante y secretario de una fiscalía nacional; María Vranicich, fiscal general de Santa Fe; Diana Cohen Agrest de la ONG Usina de Justicia; el empresario Eduardo Salva Calcagno que lucra con la genética; Marcelo Dagostino, subsecretario de Justicia del gobierno radical de Mendoza y Miguel Marino, funcionario de la misma provincia.
En contra de los proyectos expusieron Guillermo Todarello, defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Cárceles de la Defensoría de la Nación; Leandro Halperín, miembro de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y profesor de Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la UBA; Silvia Martínez, defensora pública interamericana y defensora pública oficial ante juzgados nacionales y ante la Cámara Nacional de Apelaciones; Manuel Garrido, exfiscal, extitular de la Oficina Anticorrupción, profesor universitario y titular de Innocence Project Argentina; y Pedro Biscay, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales del Incecip.
A ellos se sumaron testimonios como el de Juan Páez Laciar, hermano de Blas Correa, asesinado por la Policía en Córdoba. También el de José Ruiz Díaz, referente de la rama Liberados y Liberadas de la UTEP. Y completó los cuestionamientos el expolicía Miguel Ángel Robles, hoy docente del área de criminología y ciencias de seguridad de la Universidad Siglo XXI de Córdoba. La polifonía de las críticas habla por sí misma de lo mamarrachesco de los proyectos.
Otros expositores fueron convocados para relatar sus trágicas experiencias personales. Sus testimonios fueron conmovedores, aunque no lograron aportar sustento jurídico, legal y político a los proyectos.
En su nutrido hilo de tuits del sábado, Bregman sintetizó buena parte de los puntos clave de los textos propuestos por el Poder Ejecutivo.
Allanar sin orden judicial, intervenir teléfonos, detener personas por 48hs. Se establece la extinción de dominio, se crean figuras penales nuevas y se aumentan penas. Todo sin ton ni son, más que un arrebato represivo de Bullrich. Los expositores explicaron el impacto negativo.
La inflación penal que buscan imprimir, es torpe y ridícula. Para hacer encajar las conductas con las penas que se buscan incrementar, se altera lo establecido en el Código Penal para TODOS los delitos en los arts. 46 y 47 del Código Penal respecto de la participación.
Como si fuera poco, se incorpora la figura de REITERANCIA, usada en distritos como Mendoza para controlar férreamente a la población y también para encarcelar a los que protestan. La reiterancia se aplica ante la simple imputación de un delito. Arbitrariedad 100%.
Como dato adicional, a la Comisión justo, justo..., fue a exponer un empresario que vende un nuevo método para tomar esos rastros genéticos. Pura casualidad. También es casualidad que se esté armando todo para intercambiar información con el FBI.
Pero hay más contra opositores: aumentan a hasta 6 años la pena del delito de “atentado y resistencia a la autoridad”, utilizado históricamente para detener manifestantes al voleo, sin prueba alguna, con la mera declaración de los policías supuestamente agredidos.
Decir que con esto combaten el crimen organizado es demagogia total. Si aprueban la ley Bases y el paquete fiscal que están en el Senado, el gran delito encontrará aquí un paraíso para el blanqueo, será el territorio añorado por los grandes narcos para traer el dinero sucio.
El alerta que lanzó la diputada del PTS-FITU a través de sus redes sociales corrió como reguero de pólvora. Enseguida diversos medios levantaron la noticia y desde cuentas de organizaciones y personalidades de derechos humanos el mensaje no paró de replicarse.
El dúo Soto - Manfroni
Si falta algún dato para completar el cuadro de terror sobre el que alerta Bregman, vale detenerse en quienes fueron encomendados por Bullrich para defender los proyectos a capa y espada ante las y los diputados.
En la primera reunión de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, realizada el 24 de abril, expusieron Carlos Manfroni (jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) y Fernando Soto (director de Normativa y Enlace Judicial del mismo ministerio). Convocados a defender los proyectos de ley, ambos abogados se basaron en un puñado de casos que, pese a haber tenido fuerte repercusión mediática, difícilmente puedan tomarse como regla general para sustentar cambios legislativos. Y a la vez pretendieron transformar en excepción aquello que sí es regla: la participación de la Policía en todo tipo de delitos del crimen organizado.
¿Quiénes son estos los guardianes del “honor” de Bullrich? En los prontuarios de ambos funcionarios sobran elementos de prueba para comprender por dónde viene la mano.
Carlos Manfroni es un viejo dinosaurio. Durante años fue redactor de la revista prodictadura y ultranacionalistacatólica Cabildo. También dirigió un posgrado en la Facultad de Derecho de la UCA. Y lleva décadas junto a Bullrich. En 2003 la acompañó en la fórmula para la Jefatura de Gobierno porteño con el sello Unión para Recrear Buenos Aires (salieron cuartos).
En 2014 Manfroni escribió en coautoría con al ahora vicepresidenta Victoria Villarruel el libro Los otros muertos. Allí, al igual que lo hace habitualmente en sus columnas de La Nación, el abogado se despacha contra sobrevivientes del genocidio y familiares de desaparecidos, al tiempo que se solidariza con los genocidas a los que considera “presos políticos”.
En 2015 Manfroni se sumó al equipo de Bullrich en su primera gestión en el Ministerio, en tiempos de Mauricio Macri. Tuvo a su cargo las “investigaciones internas” de las fuerzas federales. Entre otras contribuciones, se destacó por encubrir a los gendarmes que mataron a Santiago Maldonado y a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel.
Manfroni y Soto colaboran con el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, una ONG que financió parte de las campañas de Bullrich a través de “donaciones” de empresarios del área de “seguridad”. Entre otras cosas, el IEES propuso “soluciones” para salvar a los genocidas presos. Por ejemplo, el paso del Servicio Penitenciario Federal, en cuyas cárceles habitan muchos de esos criminales, de la órbita del Ministerio de Justicia al de Seguridad. La medida fue una de las primeras que tomó Milei apenas asumió.
En el caso de Soto, alcanza con decir que su obsecuencia para con Bullrich no tiene límites. En los últimos años acudió a cuanto llamado ella le hizo para apagar algunos incendios. Es el abogado defensor del policía asesino Luis Chocobar, condenado en 2021 por matar por la espalda a un ladrón que escapaba desarmado. En un fallo de la semana pasada, la Cámara de Casación ordenó rehacer el juicio, lo que fue leído por Bullrich como un guiño en su favor.
El abogado también defendió a Francisco Pintos, condenado junto a otros cuatro miembros del grupo Albatros de Prefectura por matar en 2017 al joven mapuche Rafael Nahuel. E hizo lo propio con Gonzalo Cané, exfuncionario de Bullrich que jugó un rol central en el encubrimiento de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y fue imputado en una causa por espionaje ilegal contra la familia del joven desaparecido y muerto tras una brutal represión de Gendarmería.
