La hipocresía no tiene fin. Las grandes empresas periodísticas que avalan el ajuste feroz de Milei y el FMI aparecen súbitamente "preocupadas" por la situación de los desocupados y los más pobres. Para ese objetivo, se desempolva el manual del amarillismo. “Extorsión”, “chantaje”, “aprietes”. Las palabras del género abundan en los titulares de los medios afines al Gobierno nacional.
El carácter clasista de la cobertura es evidente. Los grandes medios silencian las enormes arbitrariedades cometidas en los allanamientos. No dicen nada de los vehículos sin identificación usados para intimidar; de los allanamientos ilegales cometidos en horas de la noche, algo prohibido; de los insultos xenófobos que sufrieron muchas y muchos compañeros de las organizaciones; de la destrucción violenta de puertas en comedores y domicilios humildes. Esa realidad parece no existir para Clarín, TN, Infobae o La Nación.
Mientras la BBC u otras cadenas de medios internacionales reseñan el crecimiento exponencial de la pobreza como resultado del ajuste, la corporación mediática afín al Gobierno encabeza el ataque feroz contra las organizaciones sociales. Esos mismos medios no se escandalizan porque hace meses los comedores populares no reciben comida y hay miles de niños y niñas sufriendo hambre. Tampoco porque, mientras lo desguazan, el Potenciar Trabajo haya quedado congelado en la cifra miserables de $ 78.000. No cuentan que el gobierno ha suspendido cientos de obras esenciales en los barrios, que realizaban muchas cooperativas de trabajo como las de AySA. Ni que quieren sacarles el monotributo social con las leyes que trata el Senado, y es la única forma de cientos de trabajadores y trabajadoras precarias de tener una obra social y aspirar a una jubilación.
Ese ocultamiento es parte de la campaña. Porque justamente el ataque a las organizaciones que se movilizan es para tapar la política criminal de la derecha contra las organizaciones donde se organiza un sector del pueblo pobre. La estigmatización y los palos están al servicio del ajuste material.
Detrás del caos creado por la sobreabundancia informativa es posible vislumbrar un ataque político al derecho a organizarse y protestar de la clase trabajadora y el pueblo pobre. El ataque a las organizaciones sociales es inseparable del protocolo ideado por Patricia Bullrich hace 6 meses.
Es también inescindible del actual paquete de leyes “anti-mafia” que se debate en comisiones, en la Cámara de Diputados. Ese conjunto normativo, como denunció Myriam Bregman, apunta en la dirección de cercenar monstruosamente el derecho a protestar, al tiempo que empodera -aún más- a las fuerzas represivas.
Ese ataque se dirige contra el conjunto de la clase trabajadora, no solo contra las organizaciones de desocupados. No es casual que, junto a los supuestas denuncias sobre lo que ocurre en organizaciones sociales, hayan aparecido, también, denuncias contra el accionar de Camioneros y otros gremios en el reciente paro nacional.
Ese ataque está en el ADN de las fracciones concentradas de la clase dominante. Constituye un capítulo esencial en el ataque anti-sindical que concentraba la parte laboral del MegaDNU 70/23, hoy frenada en el Poder Judicial. Era, también, parte del articulado eliminado en la negociación de la Ley Bases.
Esa ofensiva se corresponde con el plan de guerra desatado por la clase capitalista contra el pueblo pobre. Acompaña el intento de redefinir el modelo de relaciones laboral que acompaña la actual Ley Bases y se condensa en otras normas en discusión. Un ajuste de semejante magnitud es imposible sin un sistema represivo que no solo ataque el derecho a protestar sino que, también, liquide el derecho a la organización de la clase trabajadora, los sectores populares, la juventud o el movimiento de mujeres.
Los mensajes y denuncias que salen a la superficie por estas horas son el resultado de una decisión editorial. Las grandes patronales periodísticas editan y filtran la información existente a conveniencia. Cada “noticia” es parte de la enorme operación de atacar a estas organizaciones. Como se denunció ayer, operadores-periodistas como Esteban Trebucq (LN+) tuvieron acceso a los expedientes de la causa antes que las abogadas de las organizaciones.
Ese derecho a la organización es fundamental para enfrentar los ataques en curso. Desde el PTS-Frente de Izquierda batallamos por la organización democrática y desde abajo en cada lugar de trabajo, estudio o barriada popular. Hemos sostenido, desde siempre, la necesidad de un movimiento único de desocupados, con libertad de tendencias en su interior. Donde la administración y el control democrático de planes y ayuda estatal corra por cuenta de los y las propias desocupadas. Eso impediría o limitaría fuertemente cualquier tipo de abuso o arbitrariedad.
Es necesario el más amplio rechazo al ataque en curso. La ofensiva contra el derecho a organizarse hoy se lanza contra un sector de la clase trabajadora y mañana será lanzado contra otro. Será un ataque contra el conjunto de los explotados y oprimidos. Contra su posibilidad de construir sus propias organizaciones para defender sus condiciones de vida ante el plan salvaje de Milei, el FMI y los grandes capitalistas. | 
