Los esfuerzos por apurar la sanción de la Ley Bases para poder llegar al “Pacto de Mayo”, como había planteado Milei, finalmente quedaron frustrados este jueves. La rosca con los bloques de los partidos colaboracionistas, que le aportaron los votos para la media sanción en Diputados, quedó trabada en algunos puntos sensibles como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo de capitales, la reforma fiscal (que se trata en otra ley aparte, pero es una prenda de negociación) y el paquete de empresas que el Gobierno busca privatizar.
Como los dictámenes necesitan siete días desde su aprobación para el tratamiento en sesión, el Gobierno ya no podrá llevar el debate al recinto durante la semana que viene como era la idea original, haciendo imposible llegar al 25 de mayo con la ley aprobada como quería.
Las novedades de estas últimas horas pasan por la incorporación de Victoria Villarruel a las negociaciones. La vicepresidenta y titular del Senado hasta ahora no veía participando, una muestra más de las internas que atraviesan al oficialismo y particularmente de la desconfianza que existe de parte de Milei y la mesa chica del Gobierno hacia ella. Sin embargo, en la tarde del jueves recibió la visita del ministro de Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, para sumarla a la rosca y el poroteo con los senadores.
En estos momentos la tensión principal pasa por las negociaciones con un grupo de legisladores dialoguistas/colaboracionistas entre los que se encuentran la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), el radical Martín Lousteau, la neuquina Lucila Crexell, la chubutense radical Edith Terenzi, los federales Edgardo Kueider y Carlos Espínola, la rionegrina Mónica Silva y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. A pesar de discursos más o menos opositores, todos ellos han propuesto modificaciones y negocian cambios a la letra final del texto final, abriendo la posibilidad de canjear sus votos para la aprobación con modificaciones en puntos específicos. "Lousteau va a acompañar la Ley Bases en general" aseguró en las últimas horas el radical Maximilano Abad, mientras que el propio senador señaló: “Nosotros hacemos el trabajo de mejorar la ley, luego el Gobierno dirá si está de acuerdo o no”.
En medio del poroteo frenético, por ahora solo existen tres certezas:
1) Por un lado, el Gobierno vuelve a dejar en claro una vez más su debilidad con un nuevo traspié, mostrando que a pesar de su exceso de confianza no puede imponer su voluntad como quisiera.
2) Por el otro, que a pesar de las posturas “críticas” de algunos legisladores, los partidos colaboracionistas están dispuestos a acompañar al Gobierno y solo usan a su favor los puntos flacos del oficialismo para modificar el texto final de acuerdo a sus intereses y conveniencias.
3) Y lo más importante: si de verdad lo que se busca es que caiga una ley reaccionaria, repleta de ataques contra los trabajadores y la enorme mayoría de la población, es imposible confiar en los senadores que aún no definieron sus votos. Los cambios que negocian implican una sanción en los hechos de la ley en general y además no se puede descartar que la “unidad” que todos dan por descontada del peronismo para votar en contra no se termine rompiendo, como sucedió en Diputados. Apostar a una masiva movilización, con la exigencia para que las centrales sindicales convoquen un paro general que garantice la presencia de miles frente al Congreso el día que finalmente se trate, es la única carta que puede mostrar el enorme rechazo popular a este proyecto y terminar inclinando la balanza.
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