Un reciente informe realizado el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), sostiene que el nivel de pobreza trepó al 55 % y la indigencia a 18 % de la población en el primer trimestre del año.
En declaraciones a radio Rivadavia, Agustín Salvia remarcó sobre el salto en la indigencia -que se duplicó en un año- que “es el resultado de la inflación y el deterioro de los empleos informales". Y señaló factores de fondo "esto se relaciona con que el 50% del empleo es informal, algo que se fue acumulando durante 20 años de la mano de un régimen que no impulsó inversiones y empleo genuino".
El rápido aumento en el nivel de pobreza e indigencia responde a las consecuencias del plan de ajuste fiscal impulsado por Milei. También a las medidas que dispararon los precios de bienes y servicios, mientras se mantenían los salarios muy por detrás de esas subas. El encarecimiento del costo de vida, y la consecuente pérdida de poder de compra de los ingresos explican estos datos alarmantes.
Pobreza estructural
Según los últimos datos oficiales del Indec, si se toma sólo el cuarto trimestre de 2023, la tasa asciende a 44,9%. Así, hacia fines del año pasado había 20 millones de pobres, y de ese total, unos 5,5 millones de indigentes. Vale aclarar que el método de medición del Indec se base en el acceso por ingresos a una canasta de consumos mínimos, que no incluyen por ejemplo gastos claves como el alquiler.
Para Salvia el aumento de la pobreza "habría llegado a su techo y habríamos pasado lo peor, a partir de una recuperación parcial de los ingresos". Aun así, el especialista en pobreza advirtió que "desde hace mucho tiempo, en la Argentina hay un segmento de pobreza crónica, estructural, que no se mide por ingresos sino por educación, salud, vivienda, servicios urbanos". Y remarcó que "Aunque baje la inflación vamos a seguir con pobreza crónica porque buena parte de los empleos son de muy baja calidad".
En un reciente informe especial realizado por La Izquierda Diario, el economista Agustín Arakaki señalaba que la pobreza estructural remite a la idea de persistencia en el tiempo, es decir, de una población que no logra salir de la situación de pobreza. Pero explica que es difícil captarla porque no hay fuente de información que permita hacer ese seguimiento. “Hay que agregarle una segunda condición que es que esas personas no logren escapar de la pobreza en un "contexto positivo", que, de mínima, requiere que la economía crezca”, señala Arakaki.
En relación al rumbo de ajuste brutal de la economía sostuvo que “Las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno no sugieren que estén pensando en un crecimiento que favorezca a los/as trabajadores/as, a los/as jubilados/as y a los/as beneficiarios/as de programas sociales”.
Otros datos oficiales dan cuenta de un contexto recesivo con desplome en la industria, en la construcción. El retroceso en el poder de compra de los salarios ha impactado en una fuerte caída de las ventas, y en consecuencia se ven los primeros anuncios de despidos por la contracción económica. A pesar de la relativa baja en la inflación de abril, el peso de los servicios, alquileres, prepagas en los ingresos es cada vez mayor. Sobra mucho mes al final del sueldo.
El presidente ha definido seguir al pie de la letra las exigencias del FMI para cumplir con el pago de una deuda odiosa. Austeridad fiscal, recortes en gasto social, despidos en el empleo público y eliminación de subsidios económicos a la energía, son sólo algunos ejemplos. A partir de 2025-2026 comenzará a regir un cronograma de pagos tan exigente que resulta totalmente contrario a cualquier mejora de la situación social. En algunos años, los vencimientos rondarán en total los 20 mil millones de dólares. De esta forma, cualquier perspectiva de salida deberá implicar un replanteo profundo de las coordenadas actuales de la economía y la ruptura con el FMI.
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