Todo eso es lo que propone el Gobierno con sus proyectos de reforma del Código Penal. Usan como excusa la escalada de violencia en Rosario, pero lo que buscan es ponernos a todas y todos bajo sospecha.

Los proyectos son tratados en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de Diputados. Bullrich quería un trámite exprés, pero las críticas de especialistas en el tema son tantas que ya lleva más de un mes de debate. Desde juristas y docentes de derecho penal hasta familiares de víctimas de la represión del Estado coinciden en que esos proyectos sólo pueden agravar el problema.

Pero además varios de los artículos propuestos contradicen los tratados internacionales de derechos humanos que desde hace 30 años forman parte de la Constitución Nacional. ¡Y Bullrich la va de republicana!

Sin embargo, es posible que muchos opositores radicales, peronistas y de otros partidos patronales decidan votar a favor. Para la mano dura no hay grieta.

Los proyectos se presentan con nombres más que engañosos: “Antimafias”, “Orden Público”, “Reiterancia” y “Registro Nacional de Datos Genéticos”. Este último ya obtuvo un dictamen favorable el martes, con apoyo de los bloques de Unión x la Patria, el PRO y la UCR (que negociaron algunas modificaciones)

Bullrich cree que la situación en Rosario y otras ciudades se soluciona con más tiros y reventando las cárceles de jóvenes pobres. Sabe que su receta de “guerra contra el narcotráfico” es la misma que ya fracasó en países como México y Colombia. Pero no le importa.

Más mano dura

El proyecto “Antimafias” dice que en el “crimen organizado” tienen la misma responsabilidad el empresario que vive en un country y lava los millones de dólares recaudados y el pibe que hace campana en la esquina de un bunker a cambio de unos pesos. No es difícil adivinar cuál de los dos podría terminar largos años preso.

Además, se les da un poder ilimitado para “investigar” a las policías y fuerzas como Gendarmería y Prefectura, las mismas que están íntimamente relacionadas con el gran delito, a veces como socias directas y otras como encubridoras.

Por si fuera poco, en una misma “asociación ilícita” podrán estar el empresario del country, el soldadito, un cultivador de cannabis medicinal y una jubilada que use el aceite que produce ese cultivador.

El proyecto de “Orden Público” es, directamente, la legalización del gatillo fácil. Habla de “legítima defensa” y “cumplimiento del deber”, pero en los hechos será una garantía de impunidad para el policía que persiga, dispare e incluso mate a quien quede en su mira. Como el asesino Luis Chocobar, que fue condenado pero para Bullrich es un héroe.

Además amplía los alcances de las figuras de “atentado” y “resistencia a la autoridad”, con las que el Estado no se cansa de detener y procesar a quienes se movilizan y protestan.

Y si las fuerzas estatales te reprimen o matan a un ser querido, ni siquiera vas a poder denunciarlas. Bullrich hasta quiere prohibir que se juzgue a los torturadores, asesinos y desaparecedores de uniforme.

Si todo eso no alcanza, el Gobierno también propone la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos. Hoy ya existe, pero sólo para casos de condenados por delitos sexuales. Ahora Bullrich quiere que casi toda la población termine fichada.

Y no hace falta tener una condena. Si alguien te denuncia por un delito menor, aún si no lo cometiste y la causa es armada con pruebas falsas, tu ADN sería incorporado a esa gran base de datos.

El Registro estará en manos del Ministerio de Seguridad, dirigido por una funcionaria tan sensible que supo denunciar a gente que tuiteó contra ella. Y encima los datos genéticos se almacenarán en un software suministrado por el FBI. Cartón lleno.

¿Te imaginás lo que pueden hacer con tu ADN funcionarios como Bullrich o el médico militar Sergio Berni?

Ya no seremos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No hay dudas, se trata de una violación de los derechos democráticos más elementales.

En el debate de las comisiones de Diputados una de las voces más críticas fue la de Myriam Bregman, que le cantó las cuarenta a los funcionarios mandados por Bullrich para defender los proyectos (los impresentables Fernando Soto y Carlos Manfroni, abogados que patrocinan a represores y reivindican la dictadura.

“Me parece que lo que quedó claro es la esencia de las ideas que nos han vendido como libertarias. Con este proyecto y con la discusión que aquí se dio se demuestra que les interesa un Estado fortísimo, un Estado tan tan fuerte que registre a toda su población, que la controle”, dijo Bregman. Y agregó que “estamos discutiendo un Gran Hermano donde todo el mundo va a ser sospechoso y donde no existe más el principio de inocencia”

Uno de los expositores en las comisiones fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Invitado por el oficialismo, terminó dándole la razón a Bregman cuando ella denunció que siempre se persigue a los eslabones débiles de la cadena del crimen organizado, pero nunca se va al hueso de quiénes manejan esos enormes negocios.

“Escucho con asombro y por eso quiero preguntar específicamente por qué no se habla de los puertos de Rosario, de donde salen esos cargamentos de droga. Es evidente que hay un aumento del tráfico de drogas desde esos puertos desde que los mismos están bajo control privado”, planteó la diputada del PTS-FITU. “¿No tiene nada que ver el manejo privado que ha tenido la Hidrovía todos estos años?”, se preguntó.

“Lo que planteaba la diputada Bregman, yo tengo muchas coincidencia con lo que usted dice”, respondió Pullaro. “La verdad que no había venido preparado para hablar de eso”, agregó sin ruborizarse al tiempo que le dijo a la diputada que, en efecto, ella estaba enfocando “correctamente el problema”. Pero se salió por la tangente: “Es algo que sí tenemos que tomar porque puede ser un problema aún más grave y ahí sí es de crimen organizado”.

El gobernador radical le da razón a Bregman, pero es probable que varios de sus diputados y senadores voten sin chistar los proyectos de Bullrich.

La cosa parece estar bastante clara. El brutal ajuste de Milei y Caputo profundiza la pobreza y la miseria de la población. La sociedad se degrada cada vez más, el crimen organizado se aprovecha de la situación y el Gobierno, en lugar de atender las urgencias y frenar esa degradación, refuerza los controles y la represión en las barriadas populares. Ahí aparece Bullrich, para reprimir la protesta y criminalizar la pobreza. Nada nuevo y mucho menos libertario.

Tenemos que enfrentarlos hasta derrotar ese plan de represión. Porque, como siempre decimos, el ajuste sólo pasa si reprimen al pueblo que lo enfrenta.