El dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal (cuyo tratamiento es conjunto para comprometer los votos de las provincias) que consiguió a última hora de este miércoles el flamante Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presenta algunas diferencias respecto a la versión arribada desde Diputados. La negociación implicó concesiones puntuales vinculadas con intereses provinciales y netamente de recaudación fiscal, sin alterar su esencia principal: realizar una reforma profunda que cercena derechos a las y los trabajadores y otorga beneficios cuantiosos a las grandes empresas para explotar y saquear.
Entre los puntos más polémicos de la Ley de Bases se encuentra la derogación de la Ley N° 27.705, que ocupa el artículo número 227 del Dictamen de Senadores que se tratará en el recinto en las próximas semanas. Esto es, la eliminación de la ley de moratoria previsional (“Unidad de pago de deuda previsional”) aprobada en marzo de 2023, por 2 años, prorrogables por otros 2 años. No es casual, esa ley fue cuestionada por el Fondo Monetario Internacional en 2023.
Los senadores que con su firma acompañaron el dictamen y la de los que votarán a favor en el recinto entregan a las jubiladas y los jubilados y en los hechos implica un aumento de la edad jubilatoria para las mujeres de 60 a 65 años. La moratoria previsional es un mecanismo limitado pero permite acceder a un haber a trabajadoras y trabajadores que no alcanzan a reunir los 30 años de aporte. Nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez varones hoy acceden a una jubilación mediante la moratoria.
Su derogación implicará que para quienes no tengan los aportes solo les quedará la opción de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): con un haber 20% menor a la jubilación mínima y en el caso de las mujeres elevando la edad jubilatoria a los 65 años. La PUAM además no genera derecho a la pensión por viudez, al margen de los años efectivamente aportados, y la persona debe demostrar que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. El valor de la PUAM en junio será de $165.544,88 (más los $ 70.000 del bono).
Hasta el momento, con la última moratoria se jubilaron 460.000 personas (8 de cada 10 nuevos jubilados), que son en su mayoría mujeres. Esto es a causa de la altísima informalidad laboral que afecta a casi 4 de cada 10 trabajadores asalariados.
Actualmente, con la Ley 27.705 pueden acceder a una moratoria las personas que cumplen la edad jubilatoria cumplida (60 años las mujeres, 65 los varones), y que no reúnen los 30 años de aportes para iniciar el trámite jubilatorio. Asimismo, hay una segunda variante que implica entrar en un "Plan de Pago de Deuda Previsional" destinado a trabajadores en actividad a quienes les faltan hasta 10 años para cumplir la edad jubilatoria (mujeres mayores de 50 y menores de 60 años y varones mayores de 55 y menores de 65 años) y puedan comenzar a regularizar sus aportes ya que ya saben que no alcanzarán a completarlos cuando alcancen la edad jubilatoria.
Como denunció la diputada Myriam Bregman del PTS-Frente de Izquierda, la mayor parte de las mujeres se jubilan a través de una moratoria “no por gusto, sino porque existe el trabajo no registrado y las tareas en el hogar o de cuidado, no son consideradas trabajo. Milei quiere eliminar esa moratoria y que perdamos ese derecho”.
A su vez, en el artículo 228 del dictamen de Ley Bases se crea una "prestación proporcional" con iguales requisitos que para la PUAM. Esto significa en los hechos elevar la edad mínima jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años y bajar el haber mínimo al 80 % del haber mínimo garantizado. Esto es, una reducción del 20 % de las jubilaciones mínimas para la gran mayoría de la población que no logra acceder a una jubilación ordinaria en los términos de la Ley 24.241.
Además, el articulado legal es tan breve que deja a la reglamentación del Poder Ejecutivo determinaciones fundamentales como “los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación”. Una verdadera reforma previsional en manos del Ejecutivo, que continúa los lineamientos expresos de los organismos internacionales de achatar la pirámide de haberes y extender la edad jubilatoria.
Como votó el Encuentro de trabajadores, organizaciones sociales y asambleas barriales del 25 de mayo en Plaza Congreso, es necesario que las centrales sindicales convoquen a un paro y movilización el día que se trate la ley en el Senado para derribarla. El paro general del 9 de mayo, mostró la fuerza de la clase trabajadora, pero no alcanza con declaraciones periodísticas de las cúpulas sindicales de la CGT y la CTA, la respuesta debe ser contundente y estar a la altura del ataque. Por asambleas en los gremios y lugares de trabajo desde abajo para discutir cómo nos afecta esta Ley y cómo la volteamos por completo. | 
