La Ley Bases ya tiene dictamen de comisiones y en los próximos días se trataría en el recinto de la cámara alta. Todas las miradas están puestas en un puñado de senadores que podrían definir la votación, entre ellos, la tucumana Sandra Mendoza (Unión por la Patria), cuñada del intendente de Famaillá José Orellana y quien hasta ahora ha mantenido en secreto cuál será su postura. Para intentar conseguirle a Milei ese voto, el gobernador Osvaldo Jaldo juntó a 16 intendentes -incluidos José Orellana y Alejandra Rodríguez, esposa del manzurista taficeño Javier Noguera- para una foto y un comunicado en el que le solicitan explícitamente a los senadores que “apoyen las medidas en el Congreso de la Nación para fortalecer el crecimiento de Tucumán”.
Y es que desde que asumió la gobernación, Osvaldo Jaldo se alineó verticalmente con la agenda libertariana de Milei y desde entonces buscó articularse con otros gobernadores peronistas colaboracionistas como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y el radical Carlos Sadir (Jujuy). La gestión de Jaldo comenzó con un fuerte ajuste fiscal y su principal fuente no fue el despido de “ñoquis” del Estado, sino fundamentalmente la licuación de los salarios estatales y el desfinanciamiento crítico en Salud y Educación. En los primeros 4 meses del año, el salario docente promedio ya va perdiendo casi un 30% de su poder adquisitivo.
Sin embargo, desde el gobierno provincial aseguran que este alineamiento sería beneficioso y que de aprobarse la Ley Bases, los ingresos por coparticipación de impuestos permitirían mejorar sustancialmente la vida de las y los tucumanos. Veamos.
El alineamiento de los gobiernos provinciales al ejecutivo nacional no es una innovación de esta administración. Recordemos que el exmandatario José Alperovich venía del radicalismo y rápidamente saltó de espacio para acompañar al kirchnerismo durante sus tres mandatos. El tandem Manzur-Jaldo, que asume en 2015, fue uno de los primeros en alinearse con el expresidente Mauricio Macri para votar las principales leyes de ajuste, para luego realinearse con el peronismo en el momento decadente del gobierno cambiemita. Ese alineamiento vertical se traslada a los municipios, ordena a todo el peronismo provincial, incluidas las burocracias sindicales, y responde a la alta dependencia financiera de la provincia respecto del gobierno central (y en en el caso de los municipios, al Pacto Fiscal que les garantiza asistencia financiera del gobierno provincial).
Fue gracias a este “alineamiento” que Jaldo consiguió en enero refinanciar los vencimientos de una deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional, por 78.000 millones de pesos. Este tipo de deuda en moneda local y con el gobierno nacional suele refinanciarse en cómodas cuotas. Y si bien es cierto que representa una palanca de presión para un gobierno que es minoría en ambas cámaras, también es cierto que esa debilidad política podría ser utilizada en su sentido inverso.
Si el gobierno de Milei pudo mostrar “superávit fiscal” fue también por un brutal ajuste a las provincias. Lejos de beneficiar a los tucumanos, el ajuste de Milei implicó una caída del 20% de las transferencias automáticas en términos reales. Esas transferencias no automáticas, destinadas principalmente a obra pública, cayeron para absolutamente todas las provincias, incluida Tucumán que en los primeros meses del año registra una caída interanual del 35%.
En cuatro meses Jaldo apenas consiguió 2000 millones de pesos, poco menos que lo que se llevan cada mes las empresas de transporte por subsidios provinciales. A cambio obtuvo una fuerte parálisis en la construcción, y hasta el mes pasado la Uocra contabilizaba más de 4000 despidos en el sector registrado. La recesión es tan profunda que se espera que el desempleo siga aumentando y amenaza con llevarse puestos a miles de pequeños comerciantes ahogados por tarifazos demenciales, a la vez que destruye las propias bases de la recaudación impositiva, que en Argentina se apoyan principalmente en el consumo, y que solo puede derivar en un mandato de ajuste fiscal sin fin.
Pues bien, como es muy poco lo que puede “mostrar” en materia de resultados, ahora Jaldo promete que de votarse la Ley Bases las arcas provinciales recuperarían unos 180.000 millones de pesos hasta fin de año. Una cifra cercana al 10% del presupuesto provincial, y que seguramente seguirá ajustándose por inflación. Proyectado para todo el año, esos 180.000 que deberían ingresar en los próximos meses, y si la inflación no pega otro salto, equivaldría apenas a la planilla salarial de un mes para los estatales. A cambio de eso, Jaldo milita una Ley Bases que incluye una brutal reforma laboral que provocará un aumento en el desempleo, la informalidad y precariedad laboral.
Tan poco es lo que tiene para mostrar que ahora festejan el anuncio de haber “inyectado 250.000 millones de pesos” en la economía provincial. Se anuncia como un logro haber pagado los sueldos y el aguinaldo. Y por las dudas, Jaldo ya le anticipó a los gremios estatales que aún si se vota la Ley Bases, no habrá dinero para aumentos: “Hay que esperar que se sancione la ley (...) luego que se promulgue y entre en vigencia, por lo que no sé en qué mes de este año entrarán los primeros recursos y si es que sucede en este año”. Una verdadera estafa.
¿Qué está en juego con la Ley Bases?
Desde un principio Jaldo se propuso ser el lobbista de las grandes empresas agroindustriales de la provincia, intentando evitar la apertura de las importaciones para el azúcar y exenciones impositivas para la exportación del citrus. Cuando el gobernador habla de “cuidar a los tucumanos” se refiere exclusivamente a los Lucci (Citrusvil), Miguens Bemberg y Otero Monsegur (citrícola San Miguel), Luque (Ingenio Concepción), Rocchia Ferro (Cía Azucarera Los Balcanes), etc.
Se estima que las políticas del gobierno de Milei ya empujaron a la pobreza a 3,2 millones de personas en el primer trimestre del año. El estudio que hizo esa proyección, estima que ese aumento pegó con mayor fuerza en la región del NOA, donde la pobreza estaría escalando casi 5 puntos. Mientras tanto, el engendro libertario retiene 5000 toneladas de alimentos a los comedores populares.
El gobierno de Jaldo es igualmente responsable y cómplice de estos resultados. Y es que mientras licúa los salarios en la provincia, con la complicidad de las burocracias sindicales de la industria, el campo y los estatales, aplica tarifazos al transporte y entre miles de millones de pesos en subsidios a call centers de base multinacional como Teleperformance y regala recursos con exenciones impositivas a los exportadores de peso mundial como el citrus.
Pero lo peor podría venir de aplicarse el ajuste que prescribe la Ley Bases y que incluye la eliminación del derecho a indemnización -alentando los despidos y una alta volatilidad del empleo respecto al ciclo económico-, la eliminación de multas para empleadores que tengan trabajadores no registrado -en Tucumán el trabajo en negro ya afecta al 52% de los asalariados-, la extensión del período de prueba incluso entre los trabajadores rurales con empleo estacional y temporadas cada vez más cortas, y la eliminación de todo derecho laboral en empresas de hasta 5 empleados, que pasarían a ser “colaboradores”, una medida que afectaría a la gran mayoría de los trabajadores que empleados en pequeñas empresas y que habilitaría todo tipo de fraude laboral en las grandes empresas. La Ley Bases también elimina el derecho a jubilación para 9 de cada 10 mujeres que acceden a la misma por moratoria previsional e incluye privatizaciones, la entrega de los bienes comunes naturales a las grandes multinacionales mineras a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y una reforma fiscal regresiva, que elimina impuestos a los ricos y sobrecarga a los empleados con salarios más altos.
Hay fuerzas para tirar abajo este ataque brutal, como lo demostraron el millón de estudiantes movilizados para frenar el ajuste a las universidades. De cara a la próxima sesión legislativa tenemos que impulsar asambleas y exigir un paro activo con movilización a la CGT y CTA, a los sindicatos que hoy están alineados al gobierno provincial, como la Uatre, FOTIA y los gremios estatales, y a los centros de estudiantes en las escuelas y universidades, en la perspectiva de una huelga general que tire abajo todo este plan de ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI.
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