El acuerdo celebrado por la dirigencia de la CUT junto a Mario Marcel, ministro de Hacienda y Jeannette Jara (PC), ministra del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Boric, toma diez puntos que supuestamente vienen a mejorar temas ligados al salario, a derechos laborales y sociales. Dentro de estos puntos de acuerdo, lo que más vienen destacando desde la cúpula sindical son cinco: el reajuste de un 4,5% en materia de Subsidio Único Familiar (SUF) y Asignación Familiar (AF); inyección de recursos para que la parafina se mantenga en torno a los $1.050; creación de un Observatorio de los ingresos y costos de la vida de los trabajadores; iniciativas para reducir la informalidad laboral; y el desarrollo de un diálogo tripartito para generar una propuesta de ley encabezada por el gobierno en torno a la negociación colectiva multinivel o ramal.

Veamos en concreto qué significan estos puntos y por qué no son más que las migas que caen de la mesa para las familias trabajadoras.

En lo que respecta al aumento del 4,5% a partir del 01 de julio del SUF y la AF, ambos con algunos requisitos, son subsidios que se les entregan a las familias por cargas familiares legalmente inscritas, de un monto equivalente a los $20.238. Por lo que el tan comentado aumento sería sumarle a esa cantidad apenas $910,71. Es decir, una burla. Por otra parte, otro de los pilares del acuerdo para alivianar los bolsillos familiares será mantener los precios de la parafina a $1.050, mientras la bencina sigue aumentando superando los $1.400 por litro, y nada descarta que siga creciendo.

Respecto a la cuestión salarial, el acuerdo plantea la creación de un observatorio de los ingresos y costos de vida de los trabajadores, donde se busca generar más información sobre las remuneraciones, costo de vida, situación económica de los hogares, remuneraciones líquidas, entre otros, para recién generar un informe que sea la base para discutir hacia marzo del próximo año el sueldo mínimo.

Lo anterior es a todas luces un burla para millones de trabajadores. Hay estudios que muestran lo precario del sueldo mínimo que, aumentando en julio a $500.000, sigue siendo totalmente insuficiente para sacar a las familias de la línea de la pobreza. Es más, los datos del propio Ministerio de Desarrollo Social de Chile muestran que la línea de la pobreza para una sola persona es por lo bajo $230.000, por lo que para que una familia de tres integrantes pueda zafar con suerte de la línea de la pobreza se necesita un ingreso mínimo de $690.000, lo que es una gran brecha con el sueldo mínimo actual que en términos líquidos a más no poder estaría llegando a $368.000. Además, desde la CUT buscarán negociar para el año 2025, lo que llaman el “salario vital” que sería de $630.000 bruto, por lo tanto unos $504.000 líquidos aproximadamente.

También el acuerdo entre la CUT y el Gobierno, habla de reducir la informalidad laboral, para lo que “se constituirá una instancia destinada a evaluar tanto mecanismos para penalizar los abusos que se producen en torno a la informalidad, como estímulos para la formalización de emprendimientos y relaciones laborales que hasta ahora se producen sin vínculos contractuales ni protección social.”. La informalidad, que mes a mes sigue subiendo. En los medios el gobierno celebra que las actuales cifras de desempleo mostrarían la recuperación de los puestos de trabajo a los niveles previos a la pandemia. Pero investigaciones como las de Benjamín Sáez de la Fundación SOL, destaca que se necesitan 198 mil empleos para llegar a un nivel similar previo a la pandemia, dando cuenta que entre los empleos que se han "recuperado", 9 de 10 son empleos informales, es decir de los más precarios y sin derechos.

Sin dudas, el punto respecto a la negociación multinivel o ramal, fue el más celebrado por toda la cúpulas de dirigentes de la CUT. Sin todavía haber ganado algo, celebran que se desarrollará, durante el tercer trimestre de este año, un diálogo tripartito que involucrará a dirigentes de la central, representantes de los gremios empresariales y del Gobierno, el cual debería concluir con una propuesta de ley por parte del Ejecutivo. Pero un proyecto de ley que tome la negociación ramal que realmente favorezca a las y los trabajadores, es difícil que se vote en el Congreso, sobre todo por una derecha que no está dispuesta a ceder nada en favor de las familias trabajadoras. El diario El Mercurio, portavoz de la política de la derecha y de un sector de la burguesía nacional, declaró esta política como parte de los lastres que hay que remover para apuntar al crecimiento económico, planteando que lo “más esencial será cuantificar el potencial impacto negativo de esta idea sobre el mercado laboral, las pymes y los niveles de competencia de nuestra economía”. Habrá que ver qué híbrido saldrá de este diálogo tripartito, pero desde ya, con la posición que viene teniendo el Gobierno en materia económica y las apuestas de la burguesía para el crecimiento económico, nada bueno se ve que pueda salir para las y los trabajadores.

Nada se dice del alza de precios en los alimentos, transportes y servicios básicos, los cuales, dentro de la disminución sostenida de la inflación, siguen siendo factores en aumento y carga para los bolsillos de las familias trabajadoras y de los sectores populares. Gran parte del sueldo de millones es comido en por estos factores de la canasta básica.

No hay nada que celebrar de este acuerdo. Es una burla que no toca los problemas estructurales que aquejan a millones de familias. Los costos los seguimos pagando las y los trabajadores. El acuerdo para la negociación ramal o multinivel, lleva a una confianza a ciegas a que una cueva de ladrones como es el Congreso la vote. La CUT quiere que sigamos confiando en un Gobierno que bajo la política de “responsabilidad fiscal” llevó a gasto 0 cuando se trata de nuestros derechos.

La doble celebración del Gobierno, mientras las familias trabajadoras siguen cargando con la precariedad

Mientras el Gobierno, con sus ministros de Hacienda y Trabajo, por un lado celebran el acuerdo alcanzado con la CUT, por otro, Mario Marcel, en el marco del Chile Day, destacó la estabilización de la economía y las oportunidades que tendría el país en materia de energías renovables.

Así mismo, destacó los frutos del trabajo del Gobierno junto al Banco Central en lo que respecta a la disminución sostenida de la inflación, la que en doce meses llegó al 4%, acercándose al objetivo que se planteó desde Hacienda de llegar al 3%.

Pero, lo que omite Marcel, es que esa “estabilización” ha sido a costa de afectar el poder adquisitivo de las familias trabajadores.

Atacar el poder adquisitivo del pueblo trabajador es la fórmula de los capitalistas para que no sean ellos quienes paguen los costos de la crisis. Y se refleja en los sueldos de la gran mayoría de las y los trabajadores del país, que muy bien presenta el estudio “Salario al Límite” de Fundación SOL, donde el 50% de las y los trabajadores gana $500.000 o menos, mientras la línea de la pobreza, como se describe más arriba, para una familia de tres personas es por lo bajo de $690.000. Es decir, los sueldos no alcanzan para vivir en este país.

Pero, no sólo ha sido la depreciación del salario y la disminución del poder adquisitivo. También ha ido esto de la mano de un desempleo que no logra bajar sustancialmente y la precarización de la vida de millones. Mientras el empleo llega al 8,5%, son 2.634.949 personas las que se encuentran en la informalidad, es decir, sin contratos y/o protección social.

A la vez que el Gobierno celebra como el ataque a las condiciones de vida de las y los trabajadores ha ayudado a una cierta estabilización económica, sectores de la burguesía vienen planteando discusiones en torno a qué rumbo debe tomar el país ante la crisis de estancamiento económico que se atraviesa hace más de una década. Y como es de esperar, la línea de mayor consenso en el régimen y en la burguesía se da en este aspecto de lo económico.

Y es que para buscar una salida al estancamiento, sumado a los ataques de precarización de las masas, la burguesía discute cómo volver a flexibilizar el tema de las relaciones laborales y disminuir el costo de contratación. Por algo en El Mercurio salió toda la línea contra la negociación ramal. Sobre todo en la actual discusión del avance tecnológico global y el nicho de acumulación que se busca con el desarrollo de las tecnologías limpias en el mundo.

Se sabe que Chile, por sus materias primas, es uno de los países privilegiados en cuanto a concentración de litio y cobre (esenciales para la transición energética). Los grandes grupos económicos discuten la necesidad de una menor regulación para la inversión extranjera y privada, es decir, disminuir las trabas posibles para saquear los bienes comunes naturales. Esto buscará ser acompañado de una mayor tasa de explotación no sólo de los suelos, sino también de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, ya que para conseguir los frutos que se esperan, de una mayor inversión, es preciso para la burguesía aumentar la ganancia y disminuir los costos sde producción. La disminución de los costos de producción, en estas condiciones, equivale a la disminución de condiciones salariales y laborales, para hacer los negocios más rentables dentro del marco de la competencia económica.

Las direcciones de la CUT como ministros y apéndices del Gobierno

Es en este marco de empeoramiento de las condiciones de vida y de preparación de más ataques contra las y los trabajadores y los sectores populares, el rol que viene cumpliendo la CUT y su estrategia de diálogo social es criminal.

Sus direcciones burocráticas, más que representar los intereses y necesidades de los trabajadores y el pueblo, parecen ser unos ministros más del Gobierno de Boric. Celebran acuerdos que no cambian en nada los problemas estructurales que nos aquejan a la mayoría de las y los trabajadores.

La línea de diálogo social y la espera de resultados favorables a los trabajadores en mesas tripartitas con representantes de los grandes gremios empresariales, no es más que buscar negociar migajas. Lo que se necesita es resolver problemas profundos para sobrevivir a fin de mes, como los sueldos y pensiones de hambre, el desempleo y el aumento significativo de la informalidad, el problema de la vivienda, donde los desalojos vienen dejando a familias trabajadoras en la calle, como sucedió con la toma 17 de mayo.

La CUT, dirigida por el PS y el PC, firma acuerdos con el Gobierno, justo en un momento cuando comienzan a abrirse cuestionamientos y desilusión por parte de un sector de trabajadores que votó por este gobierno. Es así cómo lo vimos en las diferentes movilizaciones que se sucedieron en el último tiempo: desde las peleas docentes en Atacama y Antofagasta; el último paro de la Unión Portuaria, cuestionando las promesas de campaña de Boric; el paro de 51 días de Puerto Coronel; el conflicto, por ahora contenido, en Huachipato; hasta las movilizaciones de pobladores de diferentes tomas, que reclaman soluciones habitacionales como las protestas de las y los pobladores de Lo Hermida en la rivera del Río Mapocho por el aviso de desalojo.

La necesidad de un programa de demandas obreras y populares

Las y los trabajadores, junto a los pobladores, no necesitamos medidas parches ni migajas. Tampoco de un diálogo social que llevan a mesas de negociación estériles, que no han solucionado los verdaderos problemas de la mayoría de la población. Menos en un momento donde el gran empresariado busca cómo llevar adelante mayores ataques, aunque la relación de fuerzas no se lo permita hasta el final en este momento. Pero es la estrategia de las direcciones de la CUT, que juegan a contener a un sector de trabajadores para poder pelear por mejores condiciones, las que pueden envalentonar a un sector de la burguesía a querer pasar por encima.

Es por ello que las y los trabajadores necesitamos superar la estrategia que llevan adelante las direcciones de la CUT junto a otros grandes organismos sindicales como el Colegio de Profesores, la Unión Portuaria, entre otros, como lo vimos estos meses donde se suscitaron diferente luchas, donde el primer paso es buscar unirlas y no dejar que los empresarios nos golpeen por separados.

Por eso es necesario pelear por construir una referencia alternativa a las direcciones burocráticas de la CUT,. Una referencia que pelee por la unidad de las y los trabajadores y los sectores populares para conquistar todas las demandas urgentes irresueltas que quedaron bajo la alfombra después del profundo cuestionamiento y crisis que se le abrió al régimen hace cinco años, en lo que fue la revuelta del 2019, donde nada hasta ahora ha sido resuelto. Por el contrario, las condiciones de vida de millones empeoraron.

La única forma de poder resolver las urgencias que tenemos los trabajadores y el pueblo, es retomar el camino de la movilización pero bajo un programa claro y concreto. Que plantee la pelea por acabar con los sueldos y pensiones de hambre, conquistando un salario mínimo y pensiones de $750.000 que se ajuste automáticamente según la inflación. Para terminar con el desempleo y la informalidad, luchar por el reparto de las horas de trabajo donde se trabaje 6 horas 5 días a la semana con sueldos acorde a la canasta familiar y por sobre la línea de la pobreza. A la vez que se proponga terminar con el lucro de los capitalistas que utilizan la inflación para abusar de las grandes mayorías, peleando por nacionalización de las empresas de servicios esenciales como el agua, la luz, el gas y las comunicaciones, bajo la gestión de los trabajadores y los usuarios. En los bienes básicos de la industria alimenticia y el retail, es necesario establecer el control sobre los precios, mediante comités de trabajadores y consumidores. Por último ante la línea represiva de desalojos contra las tomas donde viven miles de familias trabajadoras, es necesario luchar por un plan de obras públicas para la vivienda, financiado por el impuesto a las grandes fortunas, organizado y gestionado por los sindicatos de trabajadores y comités de vivienda.

Para dar esta pelea es necesario levantar una corriente política de las y los trabajadores, que luche contra la división y en contra del corporativismo que promueven los dirigentes que son parte del Gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista. Una corriente como la que nos proponemos impulsar desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, que pelee por la unidad de la clase trabajadora y los sectores populares. Esta es la batalla que queremos dar también levantando la candidatura desde la concejalía de Natalia Sanchez, para fortalecer una voz desde los trabajadores y el pueblo de manera independiente al Gobierno y los empresarios, que se plantee conquistar un programa que responda realmente a nuestros intereses y no celebrar las migajas que los empresarios con ayuda de la CUT dejan caer de la mesa.