Durante el acto de cierre del Latam Economic Forum, que se realizó en Parque Norte, el presidente se mostró orgulloso del ajuste y los recortes que viene llevando adelante su gobierno y se jactó de haber despedido a 25 mil trabajadores estatales. Además, avisó que seguirá profundizando este mismo camino hasta dejar sin trabajo a 50 mil empleados más que forman parte del sector público nacional. "Obviamente que echamos gente. En materia de contratos vamos a terminar echando 75 mil personas, ya llevamos 25 mil", aseguró.
Las declaraciones de Milei estuvieron acompañadas por el anuncio de que vetaría el proyecto de ley que plantea una magra recomposición del 8 % en los haberes jubilatorios. Un resumen perfecto de que la "motosierra" que prometía en campaña no apuntaba contra la casta sino todo lo contrario y que se viene comprobando en las catastróficas cifras de pobreza, la baja del consumo, la caída de la actividad económica y la suba de la desocupación como una de sus principales consecuencias.
Ya en varias ocasiones anteriores Milei había dejado en claro que su plan incluye el despido de miles de personas que trabajan en los organismos del Estado Nacional, pero lo grave es que con la sanción de la Ley Bases tendría poderes de monarca para llevarlo adelante.
Milei, el rey
La sanción de la Ley Bases, que será tratada en el Senado de la Nación el próximo miércoles 12 de junio, implicaría un ataque muchísimo mayor del que ya está en curso contra los trabajadores y los sectores populares. Una reforma reaccionaria que apunta a transformar el país en función de los intereses económicos de los grandes grupos empresarios y del capital financiero internacional, que usan a Milei como una marioneta para imponer sus objetivos.
En el caso del empleo público, el proyecto (que ya cuenta con media sanción en Diputados) le permitiría al presidente pasar a disponibilidad a miles de empleados y empleadas para luego despedirlos, incluso sin importar que formen parte de la planta permanente del Estado. Para eso, solo bastaría su firma.
El texto de la Ley Bases asegura que quienes resulten afectados "por las medidas de reestructuración", es decir cierres de organismos públicos o recortes de funciones, "quedarán en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta doce (12) meses". Pasado ese tiempo, "quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública Nacional".
Esta modificación de la Ley Marco que regula el empleo público nacional, se complementa con el artículo 3 de la Ley Bases que le permite al presidente modificar o eliminar competencias y funciones; reorganizar, modificar o transformar la estructura jurídica; y disolver total o parcialmente los órganos y organismos que considere necesario, a excepción del Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan. Según datos oficiales difundidos por el Indec a principios de este año, la Administración Pública Nacional tiene una dotación de unos 224 mil empleados, de los cuales 188 mil componen la planta permanente y la planta transitoria del Estado. Si la Ley Bases se sanciona, cualquiera de ellos podría ser afectado por esta modificación.
El rey Milei quiere poder despedir a sola firma a quienes todos los días ponen la cara ante miles de personas en los Hospitales Nacionales, PAMI, Anses, Anmat e Incucai, por sólo nombrar algunos de ellos y que se ocupan de tareas sensibles para la salud de millones de personas.
De la mano de este enorme ataque que quedaría habilitado al antojo presidencial, la "reforma del Estado" también avanzaría con privatizaciones de empresas públicas que brindan servicios esenciales como los trenes y aerolíneas, donde también miles de empleados verían amenazadas sus fuentes de trabajo.
Todos a las calles
En el contexto actual, concederle superpoderes a Milei para que avance con su motosierra contra los trabajadores es algo inconcebible. Sin embargo, los senadores de los bloques aliados estuvieron trabajando durante todo este tiempo en la letra fina del proyecto y lograr así los acuerdos que permitan su aprobación. Una casta repodrida que mientras se aumenta sus dietas a 8 millones de pesos por mes, negocia reformas antipopulares que si se imponen tendrán gravísimas consecuencias para miles de familias.
Por eso es más necesario que nunca no confiar en la rosca y la negociación que se teje de espaldas al pueblo, sino empezar a construir una gran convocatoria para que el miércoles 12 seamos miles frente al Congreso mientras se discuta la ley. Que los sindicatos, la CGT y la CTA convoquen a un paro nacional para garantizar una participación masiva que pueda dejar en claro el enorme rechazo que existe y pelear por que finalmente caiga la Ley Bases en su totalidad, ya que ningún artículo favorece al pueblo. Quedan por delante seis días hasta el día del tratamiento y es urgente poner todas las fuerzas en esta pelea para lograrlo.
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