Pongamos la confianza en nuestra fuerza; no en el gobierno

La aceptación y apoyo al aborto han incrementado en los últimos años. Esto no se limita solo a las tres causales, sino también al aborto libre. Está muy lejos de ser una demanda de "nicho" o de una "tribu", como han planteado sectores conservadores ligados a la derecha y la iglesia. Es cuestión de poner atención a los siguientes datos: desde 1999, la aprobación del aborto en tres causales ha crecido del 35% al 55%, y el aborto libre ha pasado de un 10% a un 32% de apoyo. Este incremento ha sido impulsado principalmente por el movimiento de mujeres y feministas.

El debate sobre el aborto ha vuelto a tener protagonismo mediático tras ser mencionado en la reciente cuenta pública de Boric. Si bien este debate ha ocupado los medios de comunicación, resulta evidente que el gobierno busca instrumentalizar las banderas del derecho al aborto: es un gesto político para mitigar el profundo cuestionamiento que existe de miles de mujeres que votaron por Apruebo Dignidad y que tenían expectativas en la administración de Gabriel Boric.

Desde Pan y Rosas Teresa Flores, somos conscientes de que, sin movilización, ni este gobierno ni el parlamento nos entregarán un derecho tan importante como el aborto legal. Tendremos que conquistar este derecho en las calles, organizadas en nuestros lugares de trabajo y estudio, confiando en nuestra propia fuerza.

El aborto en tres causales es insuficiente

Amnistía Internacional estima que la cifra de abortos clandestinos en Chile oscila entre los 30.000 a más de 100.000 al año, contrastando con los casos que han podido atender las tres causales, que bordean los 5000 desde su implementación en 2018. Esta es una cifra alarmante, por decir lo menos. Y la alarma no la ponen solamente las organizaciones feministas: incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha planteado una serie de recomendaciones críticas dirigidas al país sobre los derechos sexuales y reproductivos.

La implementación del aborto en tres causales se ve limitada además por la desinformación y la objeción de conciencia. Hasta el año pasado, el 43% de obstetras ligados a la salud pública eran objetores de conciencia en casos de violación. Es decir, 4 de cada 10 médicos se niegan a realizar un aborto por esta causal, según datos entregados por el Minsal. Además, la ley de interrupción del embarazo no obliga a los establecimientos de salud a encontrar un "reemplazo" para el objetor de conciencia. Al no tener obligación alguna, se impone la indefensión de la persona que solicita el procedimiento.

Por otra parte, desde las organizaciones de mujeres hasta la ONU se ha alertado sobre los anticonceptivos defectuosos y los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que hasta el día de hoy las mujeres afectadas por los anticonceptivos defectuosos no han recibido ninguna reparación por esta situación.
Las tres causales están por fuera de resolver el problema de salud pública que significan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

¿”Política de tribu" o problema de salud pública?

En todos los países donde el aborto es ilegal, se siguen realizando abortos, pero de manera clandestina. La penalización del aborto ha demostrado ser una política extremadamente ineficaz para detener esta práctica, ya que su ilegalidad no reduce el número de abortos realizados. Las mujeres y las personas con capacidad de gestar, en última instancia, van a decidir sobre su cuerpo, aunque no sea legal. La cuestión es en qué condiciones lo harán y cómo. Mientras el aborto sea ilegal, las personas pobres serán las que se sometan a abortos en condiciones de precariedad, exponiéndose a riesgos graves para su salud y a consecuencias judiciales.

Estar en contra del aborto legal es estar a favor del aborto clandestino, y la ilegalidad del aborto permite lucrar con él. Quienes pueden pagar sumas millonarias de dinero abortan de manera segura en la clandestinidad. Una legislación restrictiva no disminuye el número de abortos, sino que aumenta la incidencia de abortos inseguros, una de las principales causas de muerte materna. Un aborto inseguro también puede causar infertilidad.

Además, una legislación que prohíbe el aborto libre genera problemas de salud mental en las mujeres que se ven obligadas a continuar con embarazos no deseados. Esto puede afectar negativamente su bienestar social y económico.

La restricción del aborto es una privación de nuestra autonomía y de la capacidad de decidir sobre nuestras vidas. Transforma la maternidad en una imposición y no en una decisión. Tener una buena política pública de salud sexual y reproductiva, que incluya tanto educación sexual como acceso a anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo segura, efectivamente reduce la incidencia de abortos. Un ejemplo de esto es Holanda, donde el aborto es legal y la tasa es de solo 8 por cada 1,000 mujeres. El aborto legal es una garantía para la salud pública.

¡Vamos por el aborto legal, libre, seguro y gratuito! ¡Educación sexual integral ya!

El avance logrado en la legalización del aborto en tres causales, gracias al activismo del movimiento de mujeres, es completamente limitado. El Estado debe garantizar al menos un equipo médico no objetor en cada centro de salud, para que nadie se vea privado de ejercer este derecho fundamental.
Las mujeres y disidencias no podemos seguir esperando. El aborto legal, libre, seguro y gratuito es una lucha urgente. También la Educación Sexual Integral es esencial, ya que no solo proporciona información para acceder a los derechos sexuales y reproductivos, sino que también ayuda a prevenir violencias y embarazos no deseados.

Para conquistar estos derechos, y no retroceder en los que ya conquistamos, tenemos que organizarnos para enfrentar a los sectores de la derecha y ultraderecha que nos quieren pasar por encima.
La institucionalización del movimiento de mujeres por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista ha silenciado al movimiento y la organización desde la base, lo que hace imposible conquistar el derecho al aborto. Debemos ser nosotras quienes discutamos qué proyecto necesitamos, y cómo lo conquistaremos.
El derecho al aborto no se logrará dentro de las cuatro paredes del parlamento. Sabemos que esta ha sido una conquista arrancada en todo el mundo mediante la movilización de movimientos feministas y de mujeres. Así se ha demostrado en Argentina y en Chile, donde el activismo en las calles y la organización desde diversos sectores de la sociedad jugaron un papel crucial para lograr el derecho al aborto en tres causales.

Hoy pareciera que nuestra fuerza ha decaído, pero esto se debe a la institucionalización y desmovilización que adoptaron esos sectores del feminismo que se replegaron a la política tradicional. Para salir de ese pantano, tenemos que retomar el camino de la lucha. Se hace necesario un movimiento de mujeres a nivel nacional e internacional, que tome en sus manos la tarea de rearticular nuestro potencial subversivo para volver a ser históricas. Para ello, organizaciones como la Coordinadora Feminista 8M, quienes aún representan una figura importante de referencia en el movimiento de mujeres y feministas, tienen la responsabilidad de convocar asambleas y encuentros que permitan hilar nuevamente la fuerza de nuestro movimiento.