El experimento libertariano atravesó una de las peores semanas en el frente donde se autopercibe más fuerte: el frente del mundo financiero. La tensa calma del viernes y la parcial recuperación de las cotizaciones, no impidió que los bonos argentinos en dólares concluyan la semana con un derrumbe que superó el 10 % en comparación con la semana previa. Esos bonos constituyen deuda que emite el Estado. Es decir, implican una promesa de pago hacia el futuro. Los tenedores de esa deuda, mayormente fondos especulativos, dudan en la capacidad de pago.
En simultáneo, subió un 21 % el Riego País (desde 1.312 el viernes 31/05 a 1.582 el viernes 07/06). Se trata de un índice muy importante para el mundo de las finanzas. Este índice es una medida del adicional de tasa de interés que debería pagar Argentina para endeudarse en dólares en el mercado de capitales con relación a lo que pagan los Estados Unidos. Cuando el Riesgo País sube, sube el costo de financiamiento para Argentina y, por ende, resultará más difícil pagar deuda. Este factor es central, en tanto la expectativa del oficialismo era que con un ajuste feroz lograría reducir el Riesgo País y bajar el costo de endeudamiento para enfrentar un cronograma de vencimientos de deuda en dólares que se vuelve vertiginoso hacia la segunda mitad del año y, en particular, desde 2025.
En síntesis, el derrumbe de la cotización de los bonos argentinos en dólares y la suba del Riego País dan cuenta que prima la desconfianza en que el Gobierno de Javier Milei pueda asegurar los futuros pagos de la deuda en dólares.
Casta libertariana, jubilados y “mercados”
Las turbulencias en el frente financiero no se pueden explicar sin ponderar el factor político. Los “mercados”, es decir el establishment financiero, percibió que las debilidades del gobierno quedaron expuestas como nunca. La crisis política de la semana previa, con la renuncia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quedó rápidamente en el olvido: “pasó a la historia”, explicó Javier Milei en una improvisada rueda de prensa en Casa Rosada para defender a la ministra de Capital Inhumano, Sandra Pettovello.
Es cierto. Ya nadie se acuerda del jefe de Gabinete al que su amigo Milei le retiró el saludo. Las denuncias sobre Capital Inhumano, a cargo de Pettovello, con relación a los alimentos guardados a punto de vencer, sobresueldos y contrataciones turbias provocaron una crisis mayor que tapó a la crisis previa. No es un método económico de “superar” las crisis. No obstante, a los “mercados” le importan poco estos detalles que ensucian a la emergente casta libertariana.
La mayor fragilidad del oficialismo se expuso con la derrota que se le impuso en el Congreso con la media sanción para un proyecto de ley para mejorar, aunque sea muy levemente, los haberes jubilatorios, que, no obstante, van a seguir garantizando la miseria de los adultos mayores. La votación trajo una novedad: con la reunión de 160 votos, Unión por la Patria, la UCR, el bloque Hacemos Coalición Federal (que conduce Miguel Ángel Pichetto), la Coalición Cívica e Innovación Federal consiguieron una mayoría para votar un cambio en la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. El número de votos reunido es superior al que el oficialismo logró para la media sanción de la Ley Bases, que la próxima semana será tratada en el Senado.
El proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados apunta a reemplazar la movilidad que el gobierno estableció por DNU. Los principales cambios que incorpora el proyecto de ley son una recomposición del 8 % para compensar la pérdida de enero; la actualización de los haberes seguirá siendo por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), como la fórmula del gobierno, pero se le agrega una recomposición anual del 50 % de la diferencia que exista entre el IPC y el aumento de los salarios registrados (RIPTE), cuando los salarios le ganan, eventualmente, a la inflación; por último, se fija que el haber mínimo no puede estar por debajo de la Canasta Básica del Adulto Equivalente que mide el INDEC más un 9%.
En resumen, el haber mínimo podría pasar de los actuales $277 mil (bono incluido) a alrededor de $300 mil de convertirse en ley lo que votó la Cámara de Diputados. Es evidente que $23 mil de aumento en el haber mínimo no constituye ninguna amenaza a la cruzada del “déficit cero” y del ajuste feroz del mileismo. Pero, la suerte de veto que ejercieron los “mercados” esta semana y que desataron turbulencias financieras, aún frente a un proyecto de ley en el que se propone aumentar tan poco el haber jubilatorio, pone en evidencia algo más grave: en perspectiva, existe una contradicción nítida entre pagar una deuda fraudulenta a los buitres financieros y entre atender las necesidades urgentes de las jubiladas y jubilados.
Esta última perspectiva es la que defendió la bancada del Frente de Izquierda con un proyecto de ley propio. Allí propuso una serie de medidas integrales para recomponer estructuralmente los haberes jubilatorios de modo que el haber mínimo alcance a cubrir el costo de la Canasta Básica del Jubilado, que en marzo fue estimada en $685 mil por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También propuso que se pague el 82 % móvil y que la actualización se realice con la inflación real. Para poder atender íntegramente la necesidad de las jubiladas y jubilados, obviamente, se requiere recaudar recursos con la restitución de las contribuciones patronales al 33 % vigente antes de las reformas menemistas, acabar con la precarización laboral por la cual las patronales efectúan un fraude que redunda en el desfinanciamiento del sistema previsional, terminar con los beneficios tributarios a las grandes empresas, como Mercado Libre de Marcos Galperin, el empresario más rico del país, entre otras medidas que den prioridad a los jubilados y jubiladas y no a los “mercados”.
Myriam Bregman explicó que “en virtud de que el resultado no depende de nuestro voto y en consulta con las organizaciones de jubilados, los 5 diputados del Frente de Izquierda nos vamos a abstener, sosteniendo lo que dice nuestro dictamen: que se necesita una verdadera recomposición de haberes y no cuidar el déficit cero que pide el FMI". No obstante, frente a la amenaza de veto de Milei, la bancada de la izquierda declaró que, si el presidente intenta vetarla, “nuestros votos se transformarán en un voto contra el veto presidencial”.
Más allá de las turbulencias
Las turbulencias financieras traen a primer plano otros problemas prexistentes: la reducción del ritmo de aumento de la inflación verificada en los últimos meses parece haber encontrado un piso difícil de quebrar y se puede reanimar, pero la caída económica todavía parece no haber tocado fondo.
El movimiento alcista de los dólares paralelos que se activó a partir de los últimos días de mayo podría impactar en los precios. Otro tanto va a ocurrir con los tarifazos energéticos anunciados esta semana y que el oficialismo dijo que iba a postergar en una promesa que duró un breve tiempo. Una reanimación de la inflación podría ser letal para los planes del gobierno. No obstante, una inflación muy baja también es un problema para la “licuadora” que busca liquidar el presupuesto público con fines sociales y los ingresos de la clase trabajadora a través de la inflación.
La desaceleración del ritmo del aumento de precios verificada en los últimos meses no constituye un éxito de la política fiscal y monetaria, como pretende el oficialismo, sino que la principal explicación hay que buscarla en la recesión. El año 2023 cerró con una caída de la actividad económica del 1,6 %. Según los últimos datos disponibles en el INDEC, en el acumulado a marzo de 2024, el retroceso interanual de la economía alcanza al 5,3 %. Estos datos indican que la tendencia recesiva existente en la economía argentina durante 2023 fue acentuada por la devaluación de diciembre de 2023 y por las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei. La perspectiva de una depresión, con mayor poder destructivo en el aparato productivo y en los ingresos populares, no está descartada bajo los parámetros en los que se desenvuelve la política económica oficial.
Gran parte de la estructura económica acusa recibo del impacto de la política de ajuste. En la industria, en el acumulado a abril de 2024, el retroceso interanual supera el 15 %. Si bien en abril la industria exhibió una leve recuperación con relación a marzo (1,8 % en la serie desestacionalizada), esto no significa un cambio en la tendencia más general. Todas las categorías en las que el INDEC desagrega la actividad industrial exhiben caídas abruptas: otros equipos, aparatos e instrumentos (-37 % en el acumulado interanual hasta abril); muebles y otras industrias manufactureras (-33 %); productos de metal, maquinaria y equipo (-27 %); minerales no metálicos y metálicas básicas (-25 %); textil, prendas de vestir, cuero y calzado (-17 %); automotores y otros equipos de transporte (-16 %); madera, papel, edición y cartón (-12 %); refinación de petróleo, químicos, productos de caucho y plástico (-8 %); y alimentos, bebidas y tabaco (-8 %). Según CAME, también en el acumulado a abril, la actividad industrial PyME cayó más profundo que el nivel general medido por INDEC: -19 % interanual. En la construcción, el derrumbe supera el 30 % interanual en el acumulado a abril del corriente año.
La destrucción de la actividad económica se refleja en los datos de empleo. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 se destruyeron 122,9 mil puestos de trabajo formal: 31,9 mil puestos corresponden al sector privado y 91 mil puestos corresponden al sector público. Por otro lado, el empleo en casas particulares retrocedió en 4,6 mil puestos y en el monotributo social otros 12,0 mil puestos. El aumento entre autónomos y monotributistas (51,4 mil y 44,8 mil, respectivamente) da cuenta de un crecimiento de la precarización laboral, que, aun así, no compensa la caída en el sector formal. Estos datos de febrero son los últimos oficiales disponibles, pero todavía no captan plenamente el efecto de la crisis. La CGT contabiliza en 370 mil los despidos en la era Milei.
En el último trimestre de 2023, según datos del INDEC, la desocupación entre la juventud era de dos dígitos: de 13,4 % entre mujeres de 14 a 29 años y 11,5 % entre los varones en el mismo rango de edad. En la actualidad, estas cifras seguramente se elevaron hasta niveles alarmantes.
A la destrucción en los puestos de trabajo se agrega la del salario. Con oscilaciones, el salario real (es decir, comparado con la inflación) experimenta una tendencia decreciente desde 2017, pero sufrió un nuevo zarpazo en los primeros meses de La Libertad Avanza. Según el Índice de Salarios del INDEC, en el período noviembre 2023-marzo 2024, la caída es del 12 % entre los trabajadores formales del sector privado y del 21 % entre los trabajadores formales del sector público. Entre los informales el retroceso es del 27 %. En el caso de los formales (privados y públicos) la mayor caída se verificó en diciembre y luego se moderó. No es el caso de los informales que registran caídas importantes luego de diciembre. En cualquier caso, es falsa la reciente afirmación del presidente Javier Milei sobre una supuesta recuperación salarial.
La macroeconomía, vista de conjunto, combina una inflación que cedió un poco, pero sigue tan elevada como en los “mejores” meses de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, con un retroceso de la actividad económica que se hunde en mayor proporción que en los peores meses del exministro. La desaceleración del ritmo de aumento de la inflación no es autónoma del panorama general o resultado del éxito del gobierno, sino que, por el contrario, la baja en el ritmo de aumento de los precios se explica porque “no hay plata” para comprar, cae el consumo popular, retroceden las ventas y la producción se derrumba.
El derrumbe se refleja en una cifra más dramática: en el primer trimestre, el 55 % de la población fue pobre y el 18 % de la población fue indigente, según estimó el Observatorio del Derecho Social de la UCA. Estos datos indican un salto con relación a la alarmante situación que dejó el Gobierno de Alberto Fernández.
La política de brutal recorte del gasto público en obra pública, de paralización de envíos de recursos no coparticipables a las provincias, de ajuste sobre los jubilados y el empleo público, de destrucción salarial y de los puestos de trabajo, no solo conduce en perspectiva a la depresión, sino que también implica una enorme transferencia de ingresos desde la población trabajadora a la élite económica más concentrada. Una primera muestra de esto son los datos de la recaudación pública que indican una suba de los ingresos públicos por el Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas debido al aumento patrimonial que lograron aquellas con activos dolarizados gracias a la devaluación de diciembre de 2023.
La deuda eterna
Las turbulencias financieras tienen lugar en el momento del año que se suponía que más dólares iban a entrar a través del agropower. Pero el agronegocios exportador, que tiene un oligopolio privado del comercio exterior argentino, está realizando ventas al exterior a cuenta gotas para presionar por una devaluación del tipo de cambio oficial o una disminución de las retenciones o ambas cosas a la vez.
Por otro lado, este mes vence un tramo del “swap” (intercambio de monedas) con China y si el gobierno no logra su renovación va a perder liquidez en dólares cuando más la va a necesitar: deberá afrontar una devolución del “swap” por unos U$S5.000 millones en los próximos dos meses. Una primera parte tiene que afrontarla a mediados de junio. ¿Qué pide China? Los trascendidos indican que pide que Milei le solicite personalmente a Xi Jinping, el presidente del gigante asiático, la renovación. Recordemos que Milei dijo que no negociaba con comunistas. Ahora, está atrapado en sus dichos del pasado.
La novela con China deja en evidencia otra realidad: el gobierno, más allá que Milei es el abanderado de la libertad mundial, el abanderado de los empresarios más ricos, no consigue financiamiento internacional, no de China, sino tampoco de occidente. No consiguió préstamos ni de organismos internacionales, como el FMI, ni de gobiernos, como el de los Estados Unidos. Pero tampoco existen empresas extranjeras que vengan a bancar con inversiones el experimento libertariano, por más que el presidente trate como héroes a todo empresario tránsfuga en sus viajes alrededor del mundo.
El gobierno conduce la economía a la recesión y en perspectiva a la depresión en función de rendir pleitesía en el altar del capital financiero imperialista para pagar una deuda fraudulenta bajo el amparo de los dictados del FMI. El ministro de Economía, Luis Caputo, no logró los dólares que supuestamente iba a conseguir para salir del cepo, pero sí rearmó, todavía en pequeña escala, una bicicleta financiera similar a la que armó cuando fue funcionario del Gobierno de Mauricio Macri. En esta bicicleta financiera los fondos especulativos hacen un gran negocio. Pero, como esos fondos miden su rendimiento en dólares, su negocio depende de la continuidad del cepo. Es que una devaluación del peso les haría perder, en términos de dólares, lo que ganan con las tasas de interés en pesos. Lo contrario sucedería con el agropower que ganaría con una devaluación ¿Hacia dónde se inclinará la balanza? Acertijos que develará el futuro inmediato.
Las alquimias financieras de Caputo no logran ordenar la economía, pero sí dan por resultado un aumento de la deuda en dólares, tanto del Tesoro (Ministerio de Economía) como del Banco Central. Por donde se la mire, la deuda es una carga insoportable para la economía que beneficia al capital financiero local e imperialista.
De un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) se desprende que, entre junio y septiembre, tendrán lugar vencimientos de deuda en dólares a cargo del Tesoro por U$S6.918 millones: títulos públicos (U$S3.765 millones), FMI (U$S1.414 millones) y otros organismos multilaterales y bilaterales (U$S1.639 millones). Otro informe de la OPC elaborado con posterioridad al acuerdo del exministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI, presentaba un cronograma de vencimientos por esos tres conceptos para los próximos años que dan cuenta que la crisis de deuda volverá a escena más temprano que tarde: en 2025, vencen U$S13,5 mil millones; en 2026, U$S14,4 mil millones; en 2027, U$S18,8 mil millones; de 2028 en adelante y hasta 2032, los pagos superan los U$S20 mil millones anuales. Se trata de cifras que la economía argentina no resiste pagar ni con el superávit comercial de años de hundimiento económico como el actual. Una crítica reestructuración de la deuda del Tesoro nominada en dólares está en el horizonte cercano.
Milei busca una reorganización regresiva de la estructura económica del país. Quiere una economía más subordinada a los deseos del capital financiero imperialista. La apuesta de la próxima semana para que el Senado apruebe la Ley Bases, está guiada por este fin estratégico. La superación de la decadencia del país requiere lo contrario: una reestructuración dirigida por un gobierno de la clase obrera, la única clase productora de nuestra sociedad, que mediante la nacionalización de los recursos estratégicos (mineros, hidrocarburíferos, agropecuarios), gestionados por las trabajadoras y trabajadores, el desconocimiento soberano de la deuda fraudulenta y la ruptura con el FMI, ponga en pie la planificación racional de la economía que priorice mejorar las condiciones de vida de las amplias mayorías.
El presidente Milei en sus elucubraciones delirantes afirmó que viene de un “futuro apocalíptico para salvar a la gente de las ideas del socialismo”. Pero la fatal semana política y financiera del gobierno, trajo al presente el futuro apocalíptico de un país subordinado al capital financiero internacional. |
