Con una reunión informativa, la Comisión de Mujeres y diversidad de la Cámara de Diputados recibió este martes a referentes del feminismo y trabajadoras de distintos programas orientados a atender la violencia de género, que denuncian el vaciamiento y desmantelamiento de esa asistencia elemental.
“En la semana de un nuevo aniversario por Ni Una Menos, el gobierno de Javier Milei decidió disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el espacio dentro del organigrama estatal al que había quedado reducido el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades”, contaron ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja las trabajadoras de la cartera que, bajo el gobierno de Milei, fue absorbida por el mega Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
Mientras la pobreza asciende al 55,5% de la población y cada 27 horas o menos hay una muerte por violencia de género, más de 600 trabajadoras y trabajadores que aún sostienen los programas de atención y prevención contra este flagelo quedarán sin empleo y miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans verán coartado su derecho a acceder a ellos, de prosperar los anuncios del gobierno nacional.
De acuerdo al Informe presentado este martes, en el contexto de la reunión, por trabajadores y trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, de las 1.282 trabajadoras y trabajadores distribuidos en el país, hoy quedan 630 trabajadoras y trabajadores: el 50% de la planta en menos de 6 meses. "De esas 630 personas, 90 tienen contratos tercerizados; 100 son monotributistas, 17 son planta permanente del Estado y 423 personas están contratadas mediante la modalidad establecida en el artículo 9 del anexo a la Ley de Empleo público, es decir, tienen contratos temporales que se renuevan cada tres meses, y vencen el próximo 30 de junio", contaron en su intervención.
Las trabajadoras también denunciaron que la disolución del organismo, el cierre de distintos programas orientados al abordaje de los derechos de género y el despido de quienes los sostienen “son un claro mensaje que avala la violencia machista y es una palmada en la espalda al violento diciéndole que su víctima ya no cuenta con protección estatal”. También advirtieron que con esta decisión es previsible que aumenten los femicidios, travesticidios, lesbicidios y múltiples crímenes de odio, de la brecha salarial de género y de la desigualdad en general.
La titular de la comisión, la diputada nacional Mónica Macha (UP), anticipó en este marco que desde la Comisión se realizará “una citación al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona”, y expresó que estas reuniones son para establecer “un plan de acciones elaboradas y coordinadas”.
De la reunión también participaron otros integrantes de la Cámara baja, como los diputados Myriam Bregman (FITU), Esteban Paulón (PS), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Carolina Yutrovic, Gabriela Estevez y Sabrina Selva (UP).
La diputada Myriam Bregman saludó el encuentro y precisó que el ataque a las trabajadoras y programas de atención a la violencia muestra un fuerte contenido ideológico por parte del Gobierno nacional, que busca imponer un sentido común “donde a las mujeres nos vuelvan a reservar en el ámbito doméstico y que nuestras muertes por femicidio vuelvan a ser asuntos policiales en los diarios”.
Asimismo, Bregman dijo que el ataque a las trabajadoras “muestra también un fuerte ataque material, con despidos, suspensiones, salarios que no alcanzan, comedores sin alimentos” y enfatizó que es imposible desligar el ataque del gobierno de Javier Milei, su plan motosierra y licuadora en estos 6 meses, del tratamiento que tendrá este miércoles en el Senado la Ley de Bases y el Paquete Fiscal.
Cómo viene denunciando desde el Frente de Izquierda, ese paquete de leyes contiene un “alto grado de ataque a las mujeres”: 9 de cada 10 de ellas ya no van a poder jubilarse si se aprueban estas leyes; miles podrán ser despedidas en el Estado aún una estando embarazadas o podrán verse obligadas a trabajar hasta 10 días antes del parto si se aprueba la Ley de Bases, en tanto que las patronales se verán beneficiadas con la eliminación del castigo por despidos discriminatorios o del monotributo social, que afecta también mayoritariamente a las mujeres (como la que trabajan cartoneando, o en comedores, cooperativas y fábricas recuperadas) y les permiten un mínimo de registración, una obra social, un mínimo aporte previsional. “Tenemos que prestar mucha atención en esto y mañana tenemos que estar todas frente al Senado", enfatizó Bregman, que insistió en la importancia de que este 12 de junio haya miles en las calles en rechazo a estas leyes.
Entre otras, también estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra Fernanda Fuentealba, Secretaria Junta Interna ATE, trabajadora de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género; Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora, educadora y feminista; Nelly Minstersky, abogada, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y Campaña por la reforma judicial feminista; Nina Burgo, abogada e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto; Verónica Baracat, Coordinadora del Programa País de ONU Mujeres Argentina; Mariela Belsky, Directora ejecutiva de Amnistía Internacional; Vanina Escales, Directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las titulares desde la fundación de cartera, como Consejo Nacional de la Mujer, luego Instituto Nacional de las Mujeres y por último Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación, Virginia Franganillo, Fabiana Tuñez y Elizabeth Gómez Alcorta.
