A fines de marzo el Poder Ejecutivo porteño presentó en la Legislatura un proyecto de modificación del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPPCABA). Tras su tratamiento en comisiones, el oficialismo consiguió dictamen favorable. Finalmente este jueves la propuesta de Jorge Macri será tratada en el recinto.
El proyecto lleva el número de expediente 748-J-2024 y propone básicamente sustituir algunos artículos de la Ley 2.303 (CPPCABA) referidos a la situación de personas extranjeras imputadas de haber cometido algún delito; a las condiciones de allanamientos; y a las causales que justifican una prisión preventiva. Más allá de las especificidades, el conjunto de reformas procesales busca profundizar el control y la represión tanto de la población empobrecida como de quienes se organizan y luchan por derechos elementales como el trabajo, el salario, la vivienda, la salud o la educación.
Xenofobia y violencia
El primer artículo del proyecto macrista incorpora el artículo 68 bis a la Ley 2.303, en el marco de los requisitos para cursar notificaciones, citaciones y otros avisos judiciales. Esa incorporación tiene un inocultable sesgo xenófobo. Lleva el título Comunicaciones a la Dirección Nacional de Migraciones. Personas extranjeras; y dice que cuando se condene a alguien que no tenga nacionalidad argentina se deberá dar aviso a Migraciones a fines de considerar si esa persona debe ser expulsada del país. Una doble carga punitiva sólo por ser de otra nacionalidad.
Los siguientes tres artículos del proyecto cambien el texto actual de los artículos 115, 116 y 117 del Código Procesal porteño. Se refieren a las formas y condiciones de realización de allanamientos, registros domiciliarios y requisas a personas en el marco de la instrucción de una causa.
Por un lado, se amplía el poder de fiscales y policías para ingresar a cualquier domicilio. De aprobarse este jueves en la Legislatura, podrán irrumpir en una casa, departamento, negocio, comedor, local partidario u otro edificio sin orden judicial formal. Bastará con que el fiscal a cargo de la instrucción crea que hay “motivos para presumir” que se justifica el allanamiento. Sólo tendrá que avisarle al juez de la causa, quien podrá habilitarlo “por cualquier medio” (con un mero “ok” por Whatsapp alcanza). Peligroso.
Por otro lado, se cambia por completo el artículo 117 para darle poder extra a la Policía. Hasta ahora, ese artículo detalla los requisitos para un allanamiento, desde la obligatoriedad de mostrarle la orden judicial a quien habita el domicilio a allanar hasta que todo lo actuado conste en actas. El nuevo texto borra esos requisitos (es decir que ya no figurarían en el CPPCABA) y pasa a detallar las circunstancias que justifiquen un “allanamiento en urgencia” y “sin previa orden judicial”. Se legaliza el atropello policial sin más. Sólo bastará con un aviso informal al juez por parte del comisario a cargo.
“Reiteración delictiva”
Por último, el macrismo propone sumar una nueva causal de prisión preventiva durante la instrucción de un expediente judicial. Lo hace a través de la incorporación de un inciso nuevo al artículo 181 del Código Procesal (aunque el texto dice que modifica el artículo 182, un error que denota el nivel de improvisación del oficialismo).
Hasta ahora, como en todo el país, las causales de prisión preventiva son el “peligro de fuga” y el “peligro de entorpecimiento del proceso”. Ahora el Ejecutivo quiere que cualquiera pueda ser detenido antes de ser condenado si se da una supuesta “reiteración delictiva”.
¿Y qué es la “reiteración delictiva”? Según el mismo texto, se trata de “la existencia actual de múltiples procesos penales con requerimiento de elevación a juicio”. Es decir que alguien podría quedar detenido siendo inocente por el sólo hecho de estar imputado en dos causas abiertas (sin condena). Preso aún sin representar peligro de fuga ni de entorpecimiento del proceso.
Buscando adhesiones al proyecto, el oficialismo “rosqueó” con algunos otros bloques y aceptó incorporar cambios en el texto. Uno de esas incorporaciones es la aclaración de que la “reiteración delictiva” no será aplicable en el caso de “hechos investigados en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, a manifestarse o a peticionar frente a las autoridades”. Así creen que se salvan de los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, sociales y de la izquierda, ya que la modificación propuesta va en línea con la criminalización de la protesta social.
Pero esa “aclaración” va seguida de una advertencia: “siempre y cuando no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad”. Y ahí está la trampa. Porque cada vez que hay detenciones y se abren procesos contra quienes participan de movilizaciones y otras acciones de protesta, tanto la Policía como los fiscales y los jueces suelen hacer encajar sus acusaciones en figuras que contemplan esos supuestos.
La realidad da ejemplos de sobra al respecto. Hoy, si alguien es abordado por la Policía mientras realiza una pintada reclamando un derecho o justicia para una víctima de gatillo fácil, puede ser procesado por “daños a la propiedad”. Y si un manifestante se defiende apenas tocando a un policía mientras es perseguido, encerrado y golpeado, de cajón se lo imputa por “delito contra las personas”. Ahora Macri quiere, además de un proceso, una prisión preventiva durante meses para esas personas.
Rechazos
El macrismo porteño quiere profundizar la criminalización de la pobreza y de la protesta social. Pero los rechazos a sus objetivos no son pocos. Este lunes, en la misma Legislatura, se realizó una audiencia pública convocada por las bancas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Allí concurrieron defensores de derechos humanos, juristas y especialistas en la materia.
La legisladora Alejandrina Barry (PTS-FITU) expresó que la figura de “reiteración delictiva es altamente cuestionada y hasta roza lo inconstitucional, ya que implica que las personas pueden quedar detenidas por estar meramente acusadas de un delito, antes de que se realice el juicio y se dicte sentencia y tengan otra acusación penal en la que tampoco se requiere realización del juicio y condena”. Para ella el proyecto oficial “viola el principio de inocencia y del debido proceso. Se convertirá en una herramienta mayor contra quienes persigue el Gobierno de la Ciudad cotidianamente, manifestantes, trabajadores del espacio público, personas en situación de calle, entre otros”.
Para la exjueza María Laura Garrigós, si se aprueba este proyecto los jueces y fiscales ya no estarán obligados a fundamentar una prisión preventiva si el imputado es considerado “reiterante”. Además se “va a agravar la situación de personas detenidas en dependencias de la Ciudad de Buenos Aires, que en los últimos meses creció un 100 % y donde los detenidos se turnan para dormir porque no hay espacio en las celdas”, graficó la integrante de la Asociación Americana de Juristas, exsubsecretaria de Asuntos Penitenciarios y fundadora de Justicia Legítima.
Otro tanto plantearon desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. “El Gobierno pretende brindar falsas soluciones a la inseguridad, pero en realidad lo que está haciendo es estigmatizar a personas migrantes, aumentar la cantidad de personas detenidas y violar garantías constitucionales”, manifestó Gisela Cardozo en representación de la APDH.
Desde el CELS, Fabio Vallarelli agregó que esta reforma del Código Procesal que pretende Macri “no va a tener impacto directo para mejorar el problema de seguridad sino que va a agravar la superpoblación en alcaidías y comisarías porteñas que hoy ya asciende a dos mil personas detenidas en condiciones muy precarias”.
Este mismo jueves, antes de la sesión parlamentaria, desde las bancas del FITU y otros bloques harán una conferencia de prensa a las 10 en las puertas de la Legislatura porteña, donde se darán detalles del proyecto oficialista y sobrados argumentos para rechazar en el recinto esta nueva propuesta represiva. | 
