La huelga de hambre de las y los privados de liberta continúa en la mayoría de las cárceles y calabozos policiales del país. Los familiares han salido a apoyarlos con protestas ante los distintos tribunales. Pero en varias de esas cárceles, son las mujeres a quienes se le violan sus derechos más elementales las que también se han declarado en huelga de hambre, como en el Instituto Nacional de Orientación Femenino (INOF) en Los Teques, y en los 16 anexos femeninos existentes en varios estados.
Mujeres en la cárcel del Instituto Nacional de Orientación Femenino (INOF) en huelga de hambre
Al momento de escribir este artículo ya se cuentan 51 cárceles y centros de reclusión donde las y los privados de libertad se han declarado en huelga de hambre desde el domingo 9 de junio. Reclaman contra los traslados arbitrarios, exigiendo la vuelta a los penales de origen cercanos a sus familiares, contra el retardo procesal de sus causas (aproximadamente 7 de cada 10 personas privadas de libertad no tienen condena judicial), la violación al debido proceso, mejoras en la alimentación, condiciones dignas, otorgamiento de medidas humanitarias, redenciones penales, en fin, exigen respeto a sus derechos humanos. El retardo procesal y el hacinamiento han sido el punto de quiebre para que los privados de libertad se hayan unido en esta huelga de hambre nacional.
Este miércoles y jueves los familiares de las y los privados de libertad protestaron frente a las sedes de los principales tribunales del país y en apoyo la huelga de hambre. Exigen al gobierno de Maduro atender los reclamos de los presos. “Aquí no se trata de privilegios, sino de derechos”, declararon en un comunicado miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), como el retardo procesal ya que el “75% de la población reclusa presenta retardo procesal”. Además de los problemas graves de alimentación y atención de salud, en paralelo a las malas condiciones que sufren en los recintos carcelarios. Se llega a casos extremos, como el que denunció la esposa de un recluso ante los medios, que ante las carencias las familias llevan alimentos y medicinas hasta las lejanas cárceles donde muchos reos son trasladados, pero las autoridades “no se lo aceptan”.
Una mujer familiar de un preso lleva un cartel contra la lentitud de los procesos judiciales en una protesta en Caracas. AP Foto/Ariana Cubillos
Miles son las recluidas y recluídos sin juicio ni condena, producto del retardo procesal de un sistema judicial corrupto y descompuesto, hecho a la medida de los que tienen mucha plata e influencia en los ámbitos del poder económico y del Estado. Las cárceles están llenas de pobres, con o sin responsabilidad en delitos. Es donde el sistema “de justicia” funciona como una fábrica de “delincuentes” entre los pobres que no quisieron o no tuvieron como pagar la extorsión del policía, o la cuota que pide el fiscal o el juez.
Las extremas condiciones de las mujeres en la cárcel del Instituto Nacional de Orientación Femenino (INOF)
Las mujeres privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenino (INOF), también se unieron a la huelga para reclamar por la demora en sus procesos judiciales, por la situación de las cárceles y por el descontento por las continuas violaciones a sus derechos como mujeres, como madres, la ausencia de atención médica, entre otros.
El INOF es la única cárcel de mujeres que existe en Venezuela, ubicada en Los Teques, estado Miranda, construida a inicios de los años 60 del siglo pasado, con una capacidad instalada para 350 mujeres privadas de libertad. Pero actualmente hay un total de 650 mujeres y un hacinamiento crítico de 185%. En la cárcel del INOF se concentran el 28% de las mujeres privadas de libertad en Venezuela, el resto se reparten en los anexos femeninos como los de La Crisálida del estado Miranda, Manuelita Sáenz de Aragua, Tocuyito de Carabobo y Uribana de Lara.
Magaly Vásquez, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien presentó el reciente informe “Cárcel de mujeres (INOF): Un cementerio de mujeres vivas”, declara que luego del INOF no se han construido más cárceles para mujeres en el país, sino que improvisan anexos femeninos que ni siquiera cumplen con los estándares mínimos de reclusión y tampoco atienden las necesidades particulares de las mujeres. “Un total de 16 anexos femeninos no son más que infraestructuras improvisadas que se encuentran adosadas a las cárceles masculinas, y que por su misma naturaleza no cuentan con los parámetros necesarios para cumplir con la perspectiva de género”, enfatiza.
En dicho informe se remarca que las condiciones de la infraestructura se convierten en un mal menor cuando las mujeres tras sus muros son víctimas de violencia, corrupción, maltratos, discriminación, humillaciones e incluso torturas por parte de los funcionarios del Servicio Penitenciario. “El INOF no cuenta con un servicio especializado para la atención médica. Si las mujeres se enferman, deben ser los propios familiares quienes canalicen y paguen por la atención; mientras que los traslados a un hospital solo se realizan cuando es un caso de extrema gravedad”, una violación al más elemental de los derechos humanos, al de la atención médica oportuna.
La violación a los derechos a las privadas de libertad que son madres, son aberrantes. El estudio informa que actualmente son 23 los infantes que permanecen en el recinto, “pero los espacios no están totalmente adecuados a sus requerimientos, por lo que los expertos indican que estar expuestos a situaciones de encierro puede afectar su correcto desarrollo”.
Pero hay una situación más siniestra aún que se describe en el citado informe, “al cumplir 3 años de edad, los infantes son separados de sus madres y muchas de ellas relatan que ni siquiera tuvieron la opción de entregarlos a un familiar, por lo que desconocen el paradero de sus hijos”, un infierno para ellas. Una práctica que abre a la trata o al robo abierto de infantes, con situaciones desgarradoras para las madres. También es práctica común para las privadas de libertad que han llegado al INOF y que son madres, que denuncian que “son pocas las veces que tienen acceso a una visita de su hijo o hija, porque solamente les permiten visitas en ocasiones especiales”.
Por todas estas situaciones de violación a sus derechos humanos es que la mayoría de las privadas de libertad del INOF, así como también de los anexos femeninos en las otras cárceles del país, se sumaron a la huelga de hambre. Además de protestar de las más diversas maneras, incluyendo hasta las formas más creativas para visibilizar sus reclamos.
Y a los cinco días de la huelga de hambre, ya se hace sentir también en la situación física. Varios organismos difundieron que una de las reclusas de la tercera edad en el INOF, se había descompensado al presentar diarrea con sangre. Las privadas de libertad, en solidaridad, exponían a través de un video que la señora luego de 55 horas de huelga comenzó a sentirse mal pidiendo asistencia médica, la que demoraba en llegar.
Una de las privadas de libertad publicó un rap a la ministra penitenciaria en el que se puede escuchar: “Sé que tengo deberes y los tengo que cumplir, pero también tengo derechos y no los cumplen aquí (…) ¡Dígame esos casos de retardo procesal! Y a otras que están en plena denles ya su libertad. Del derecho a la alimentación qué les puedo decir, ustedes están bien claros lo que comemos aquí”.
Huelga de hambre en la cárcel de mujeres INOF en Los Teques, estado Miranda, por sus derechos. Una de las privadas de libertad en un rap "Sé que tengo deberes y los tengo que cumplir, pero también tengo derechos y no los cumplen aquí (…) ¡Dígame esos casos de retardo procesal!" pic.twitter.com/UPYeQsyRxE
— La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) June 14, 2024
Apoyar sus demandas y derechos humanos, también denunciando un sistema penal selectivo que lleva la marca de la clase social que lo impone
Los movimientos y organizaciones feministas también debemos levantar nuestra voz por los plenos derechos de las mujeres privadas de libertad. Desde esa perspectiva es que, desde Pan y Rosas, llamamos a apoyar sus reclamos por sus derechos humanos y como mujeres. Pero denunciamos ese modelo puntivista que pretende solucionar con el encierro de cientos de mujeres, la mayoría jóvenes y pobres, un problema que tiene profundas raíces sociales y cuya respuesta no podrá encontrarse tras los muros de las prisiones, sino con el cambio radical de un orden social que produce y reproduce la desigualdad y múltiples injusticias y opresiones, siendo las mujeres de las más golpeadas por estas circunstancias.
El Estado capitalista, garante de esas desigualdades e injusticias, crea un sistema penal selectivo que lleva la marca de la clase social que lo impone. La mayoría de las privadas de libertad y también los privados de libertad, son jóvenes que provienen de las clases oprimidas y explotadas. Criminalizados por su pobreza, estigmatizados, sometidos a los peores tratos, explotados y oprimidos, miles de mujeres sobre todo jóvenes, así como adolescentes caen en la telaraña del sistema penal. Tomados como sujetos peligrosos por el mismo orden social que determina sus condiciones de existencia.
