Un nuevo balance entregó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) durante la noche de este viernes. Al respecto, el organismo de emergencias informó que el número de personas aisladas se elevó a 863, de las cuales la mayoría está en el Maule (725), seguida por O’Higgins (122) y Ñuble (16). Además, hay 65 personas damnificadas.

En cuanto a la afectación a viviendas, Senapred reveló que hay 1.680 casas con daño menor, 18 con daño mayor, 3 destruidas y 65 en evaluación. Del total, la gran mayoría está en la Región Metropolitana (1.190). Junto con esto, la entidad reportó que hasta ahora hay 74.524 clientes sin energía eléctrica, de los cuales 29.820 son de la RM, 15.014 del Maule, 12.636 de Valparaíso y 11.101 de O’Higgins.

Desbordes de canales, como el canal Santa Corina, que inunda la ruta 68 en la comuna de Pudahuel o el colpaso del canal Santa Marta, ubicado en la esquina de Tres Poniente con Camino a Melipilla, en la comuna de Maipú, el cual se encuentra con el caudal en su máxima capacidad y con riesgo de desborde, son algunos ejemplos del riesgo en la Región Metropolitana.

En Valparaíso, las precipitaciones han causado daños significativos, donde la comuna de Limache ha sido uno de los sectores más afectados producto del colapso del canal Waddington y la crecida de embalses.

Las lluvias también provocaron nuevos deslizamientos de tierra. Ejemplo de ello fue el socavón de 20 metros registrado en la Ruta F-30 de Concón, conocida como Camino Internacional, lo que obligó al cierre de la zona por el siniestro provocado por las lluvias de días anteriores. La Feria Estero Marga Marga Viña del Mar informó que “lamentablemente, la cantidad de agua caída durante esta última jornada provocó que el estero tomara su caudal como hace años no lo hacía”, y que “para aquellos que dicen por qué no los sacamos, lamentablemente por el peso que tienen los techos no se podía hacer. Pero los caballetes y tableros fueron sacados por nuestros trabajadores y sus propios dueños, para que el agua en caso de que subiera no los arrastrara”, señalaron.

Esta catástrofe no solo sacó a relucir los problemas de planificación urbana en materia de edificaciones, también lo hizo en cuanto a los problemas de transporte y vialidad para las capitales regionales.

Sin embargo, han sido múltiples denuncias por los problemas de infraestructura pública y la mala planificación de las ciudades sobre humedales; la elaboración de casas y departamentos en cerros; el diseño sobre planicies cercanas a ríos, esteros, entre otros ejemplos de la obsolescencia de la planificación territorial actual que abre nuevamente el debate por el derecho a una vivienda digna y de calidad.

Este viernes el gobierno anunció el ingreso al Congreso de un proyecto de ley para que sea obligatorio obedecer las instrucciones de evacuación en medio de emergencias o catástrofes, donde se pretenden plasmar sanciones a quienes desobedezcan la orden.

“Se ha conversado esta mañana con el Presidente de la República y ayer con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el gobierno ha decidido presentar un proyecto de ley al Parlamento que vamos a darle discusión rápida para establecer la obligatoriedad legal de obedecer las instrucciones de evacuación y tener consecuencias para las personas que no lo hacen”, indicó la ministra del interior, Carolina Tohá.

Y es que el legítimo temor de perder la vivienda se ha traducido frente a la escasa ayuda de parte del Estado y el gobierno de turno. Ante la emergencia, el gobierno de Gabriel Boric anunció bonos de recuperación por grupos familiares según el nivel de daño evaluado por la ficha FIBE. Estos bonos varían entre $375.000 (afectación baja) y $1.500.000 (muy alto). También la semana pasada el gobierno anunció la creación de un "Bolsillo electrónico", la cual consta de disponer recursos para la adquisición de materiales de construcción o ferretería en comercios del rubro con el depósito a la cuenta rut de 25 Unidades de Fomento (poca afectación) o 50 Unidades de Fomento (mediana afectación).

La solución que ofrece el gobierno es un calmante para un problema estructural. Se trata de la gran desigualdad expresada en la crisis habitacional en zonas periféricas y rurales. Es por ello, la necesidad de un plan de obras públicas para la vivienda y la reconstrucción de establecimientos públicos afectados financiado por el impuesto a las grandes fortunas organizado y gestionado por los sindicatos de trabajadores y comités de vivienda. Ante la especulación y convenios con empresas privadas y fundaciones, urge una empresa estatal de la construcción administrada por sus trabajadores y que priorice las necesidades humanas y ambientales, no por las ganancias millonarias de los empresarios.