Durante semanas, la defensa de Héctor Llaitul estuvo esperando la audiencia para la revisión de la nulidad de su juicio en la Corte Suprema, programada para el 17 de junio, especialmente debido a la huelga de hambre del líder de la Coordinadora Arauco Malleco.

En conversación con una de sus abogadas, Victoria Bórquez, comentó que fueron informados el mismo día de la suspensión de la instancia, por lo que las causas pendientes fueron reprogramadas para el próximo lunes 24. Esta situación se enmarca en un contexto de represión y persecución constante que sufre el pueblo mapuche en la actualidad, donde el gobierno de Gabriel Boric, quien a través de discursos progresistas se planteaba como un férreo defensor de la causa, pero que dentro de su mandato ha mostrado todo lo contrario, incluso con una militarización en el Wallmapu que ya supera en tiempo a la del propio Sebastian Piñera.

Cabe recordar que Héctor Llaitul lleva 18 días en huelga de hambre y ha perdido 11 kilos. Su abogada expresó gran preocupación por su estado de salud, subrayando que no es la primera vez que realiza una huelga de hambre y que su condición física se ha deteriorado con el tiempo. Además, denunció la injusticia de que se le haya negado una visita médica particular, una solicitud que fue rechazada y por la cual seguirán insistiendo.

Bórquez también recordó que, durante la huelga de hambre anterior que Llaitul realizó junto a otros miembros de la CAM entre noviembre y febrero, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco también negó la posibilidad de una visita médica particular, a pesar de que Gendarmería cuenta con un especialista. Esta situación pone de relieve las carencias y las injusticias en la atención médica que enfrenta Llaitul, acentuando la vulnerabilidad del líder mapuche en su lucha.

Héctor Llaitul: Un preso político en la era Boric

Este es un caso de persecución política, un claro ejemplo de la situación que enfrentan los mapuches en Chile. Héctor Llaitul es el primer preso político bajo el gobierno de Gabriel Boric, lo que pone en evidencia la continuidad de prácticas represivas contra el pueblo mapuche.

Desde la derecha, se ha justificado reinstalar la justicia militar, argumentando una supuesta persecución judicial y política contra militares y uniformados. Contradictoriamente, estas mismas voces niegan la existencia de persecución política en los casos de los mapuches, mostrando un doble estándar evidente. Afirman que no hay presos políticos en Chile, pero miden de forma distinta los casos de comuneros mapuches y los de policías y militares. Además, los medios de comunicación reconocieron que tras las declaraciones de Boric en mayo de 2022, se intensificaron las acciones legales contra Llaitul por presiones de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

La condena a 15 años de prisión se basa en delitos contemplados por la Ley de Seguridad Interior del Estado, específicamente en su artículo 6°, introducido durante la dictadura militar de Pinochet en 1975. Este artículo persigue delitos políticos, castigando a las personas por lo que dicen y piensan, no por sus acciones, lo que hace evidente que se trata de un caso de persecución política.

El juicio contra Héctor Llaitul es de una gravedad enorme. Se le acusó de usurpación y robo de madera, y durante el proceso se utilizaron pruebas que no debieron haberse expuesto públicamente. Además, se recurrió a testigos protegidos, impidiendo a la defensa realizar contrainterrogatorios, y no se pudo probar la participación directa de Llaitul en los hechos que se le imputan. Las acusaciones se basaron únicamente en el testimonio de un testigo protegido de rostro cubierto, sin pruebas materiales como armamento incautado, madera recuperada o maquinaria como evidencia.

En este juicio no hay pruebas concretas, solo declaraciones de Héctor Llaitul y testimonios de testigos protegidos, una excepcionalidad judicial que viola los derechos de la defensa. Por estas razones, afirmamos que este es un caso de persecución política. Desde la izquierda diario planteamos la libertad de Héctor Llaitul y de todos los presos políticos mapuches. Aunque el proceso judicial sigue abierto y se busca desarticular las organizaciones mapuches, el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche persistirá mientras continúe la opresión y el despojo histórico de tierras, agravado por la expansión de millones de hectáreas de plantaciones forestales en su territorio.