Tan sólo en 2023 se colegiaron más de 345.900 enfermeras, de las cuales 56.384 lo hicieron en el colegio oficial de enfermería de la Comunidad de Madrid (CODEM). Son todas esas trabajadoras las que comienzan una larga etapa de contratos precarios. De media, cada enfermera no especializada contratada en 2022 tuvo 2,76 contratos en ese año, llegando en muchos casos a más de 5 contratos en un año.
Ha sido esta vez el secretario general del Consejo General de Enfermería (CGE), Diego Ayuso, el que en sus últimas declaraciones ha alertado de la problemática ante la que se encuentran para este verano. Afirma que dicha situación, que se repite cada año, se solucionaría con “una buena planificación”. También afirma que las enfermeras en consecuencia tendrán que redoblar sus esfuerzos o trabajar en varios sitios a la vez.
Sin embargo, no encontramos declaraciones del secretario general que apunten a un problema estructural en las condiciones de trabajo del personal de enfermería, o incluso en la necesidad de crear más plazas públicas en grados sanitarios. Él únicamente habla en abstracto de una “mejor planificación”.
Pero ¿cuál es la causa? No se trata de un problema de planificación como apunta cínicamente el Consejero. Existen varias razones, pero partimos de una base en la que las plantillas ya están bajo mínimos todo el año. En el Estado español la ratio de enfermeras es de 6,31 profesionales por 1.000 pacientes, mientras la media de la UE se sitúa en 8,73. A ello debemos sumar la falta de plazas públicas en grados como el de enfermería o formaciones profesionales de la rama sanitaria. La plataforma de Unidad Enfermera, que engloba al Consejo General de Enfermería (CGE), el sindicato Satse, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y las sociedades científicas de la profesión, ya advirtió en un informe presentado al Gobierno en 2023 que actualmente hay un déficit de 90.000 profesionales de Enfermería en el SNS, mientras el volumen de estudiantes que completan el grado es de apenas 11.000 al año. Paralelamente, se espera que en la próxima década se jubilen más de 60.000 personas. El informe que buscaba que se aumentasen las plazas universitarias de enfermería fue contestado por la en aquel momento ministra de Sanidad, Carolina Darias, con una negativa.
Por otro lado, las precarias condiciones ofertadas hacen que muchas enfermeras opten por buscar trabajo en otros países donde saben que al finalizar el verano podrán seguir trabajando o encontraran una cierta estabilidad. Desde la crisis del 2008 los datos de enfermeras que solicitaron trabajar en el extranjero aumentaron exponencialmente. Entre 2009 y 2016 fueron 10.075 las solicitudes de reconocimiento de títulos de enfermería expedidos en España hacia el Reino Unido, 574 a Francia y 498 a Bélgica. Actualmente hay un mayor interés por emigrar a Noruega, donde incluso existen empresas privadas que ofertan pagarte el estudio del idioma, el alojamiento y el vuelo, asegurándote trabajo en un hospital noruego. Entre 2017 y 2021 se registraron 1260 solicitudes de éxodo a dicho país.
Otro factor importante es el abandono de la profesión. Esta situación estalló principalmente tras la pandemia. Los resultados de una macroencuesta realizada por el CGE puso de manifiesto la situación insostenible en la que se encuentran las enfermeras españolas. Se conoció que casi la mitad de las encuestadas (46.5%) ha barajado la posibilidad de dejar la profesión, y 3 de cada 10 (28.4%) no volverían a estudiar la carrera.
Si indagamos, podremos ver que el personal de enfermería, ya sea migrando o abandonando, trata de escapar de un sistema sanitario que les condena a la precariedad y la temporalidad. Que el 80% de los contratos de enfermería sean temporales no es causalidad. La administración se beneficia económicamente de dicha temporalidad, mientras las trabajadoras soportan no sólo los contratos basura, cada día en un servicio u hospital diferente, sino también la altísima carga de trabajo a la que se enfrentan. Tampoco es una novedad la sobrecontratación en el sector, siendo una mayoría de enfermeras las que tienen más de un contrato al mismo tiempo. Según estudios del SEPE, en 2022 se registraban datos de en torno a los 2200 contratos mensuales a enfermeras ya contratadas en un mismo mes. A todo ello se le suma el escaso reconocimiento social de la profesión, que incluso tras el papel crucial que jugaron en la pandemia, no es reconocido. ¿A quién le puede extrañar que falten enfermeras?
La consecuencia de esta situación profundiza aún más la situación deficitaria en la que se encuentra la sanidad pública en todo el Estado. Un ejemplo de la situación desesperada y el maltrato que sufrimos las y los trabajadores sanitarios concretamente en Madrid es el Hospital 12 de Octubre, donde tan siquiera están permitiendo utilizar las reducciones de jornada para el cuidado de hijos o familiares dependientes, con la excusa de que faltan enfermeras. Son las propias trabajadoras del hospital las que contra esta situación se han movilizado, exigiendo una conciliación familiar real.
¿Qué sentido tiene que no se aumenten las plazas en el grado de enfermería cuando hay un déficit estructural en esta profesión? ¿O que no se hagan contratos más estables cuando la falta de enfermeras es acuciante todo el año?. No puede ser otro que el de seguir profundizando una situación de degradación del sistema público sanitario, algo que solo favorece a la privatización de la sanidad. Las enfermeras llevan años exigiendo el reconocimiento de especialidades o el A1, la estabilización del trabajo precario de muchos profesionales, siendo necesario el pase a plantilla fija a todos los temporales e interinos. Además, es urgente el aumento de la financiación, desde la atención primaria hasta la hospitalaria, y la contratación de más personal, ampliando las plantillas. Esto debe ir acompañado de una ampliación de las plazas públicas de grado y formación profesional de todas las profesiones sanitarias.
Pero todo ello, que mejoraría enormemente la situación de la sanidad pública, no es suficiente. Esta situación sólo terminará cuando acabemos con el negocio de la salud en manos de los capitalistas, superando el modelo de gestión público-privado que se ha sostenido por todos los gobiernos durante décadas, ya fueran de derechas o “progresistas”. Contra el negocio de concertadas y consorcios, hay que imponer la derogación de la Ley 15/97 y de todos los convenios de gestión privada sanitarios públicos, luchando por la expropiación de todas las empresas de salud privadas -incluidas las grandes farmacéuticas- y la nacionalización de todo el sistema de salud, para crear una red pública única, gestionada por sus profesionales y trabajadores junto a comités de usuarios.
Para ello es importante extender la lucha y el movimiento en defensa de la sanidad pública que hemos visto desarrollarse estos últimos años en todo el estado y también exigir a los grandes sindicatos que tracen un plan de lucha en defensa de lo público, un plan urgente de huelga general, para extender esta pelea al conjunto de la clase trabajadora. Usuarios, trabajadoras y trabajadores sanitarios junto al conjunto de la clase trabajadora son quienes tienen la fuerza necesaria para no solo frenar la privatización, sino conquistar un modelo que dé respuesta a las necesidades de todas. |
