PSOE y PP han llegado este martes a un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una reunión entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. El acuerdo ha sido realizado en Bruselas, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, que ha mediado y dado el beneplácito a las negociaciones para resolver la denominada “anomalía institucional” que ha impedido durante cinco años renovar el gobierno judicial debido a los desacuerdos entre los dos partidos mayoritarios.
Ambos partidos acuerdan el nombramiento de 20 nuevos vocales del Poder Judicial, 10 candidatos propuestos por el PSOE y 10 por el PP, así como un proyecto de ley a exigencia del PP para que los jueces elijan al menos a la mitad de los magistrados, es decir, que sea la propia casta judicial, heredada del franquismo, la que pueda nombrar directamente a una parte sustancial del Consejo.
El CGPJ está compuesto por 21 magistrados que deciden y ponen a dedo a los presidentes de todos los tribunales superiores y audiencias de todo el Estado, nombrados de entre los jueces que componen la casta judicial. De estos magistrados, diez son elegidos por el Congreso y diez por el Senado, por una mayoría de tres quintos de las cámaras, y estos veinte magistrados eligen al Presidente del Consejo en acuerdo con los partidos.
De esta manera, el Poder Judicial queda fuertemente ligado al modelo bipartidista, al necesitar mayorías amplias en las dos cámaras para su renovación. Durante estos cincos años, el PP ha presionado al Gobierno bloqueando la elección del Consejo, mientras que el PSOE ha impedido, ya desde su gobierno con Unidas Podemos, que el CGPJ en funciones y de mayoría conservadora realice los nombramientos para cubrir las vacantes en las cúpulas judiciales. Una situación que venía siendo insostenible para el propio sistema judicial y negativo de cara a las evaluaciones de la Comisión Europea.
Esto ha llevado a que finalmente el PSOE y el PP hayan acercado posturas a pocas semanas del parón veraniego, en un momento alejado de las próximas citas electorales y antes de que Bruselas emita su informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en España.
El acuerdo plantea a su vez la elección consensuada de la cúpula del Banco de España y cubrir las vacantes en el consejo de RTVE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, los populares han propuesto al conservador José María Macías como magistrado para la vacante pendiente del Tribunal Constitucional.
En definitiva, más allá de la disputa entre PSOE y PP en supuesta defensa de la “independencia del poder judicial”, lo que este pacto permite es garantizar la continuidad de un Poder Judicial al servicio del Régimen del 78 y de los intereses de las grandes familias empresariales del Estado español (un elemento de consenso e incuestionable para ambos partidos).
De la “regeneración democrática” y la ofensiva contra el lawfare de la que hablaba Pedro Sánchez tras su opereta de “me tomo cinco días de reflexión”, ha pasado en apenas dos meses a un acuerdo político con el PP en favor de la ultraconservadora casta de jueces y de un sistema judicial directamente heredado del franquismo. Del discurso electoralista de “frenar a la extrema derecha”, a la realidad política de asumir su agenda y pactar con los populares. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, preguntaba sarcásticamente a Sánchez si “se ha vuelto usted de extrema derecha” y ambos han declarado que esperan más pactos así en el futuro.
El pacto supone, de esta manera, el reforzamiento de un bipartidismo que viene avanzando en los últimos ciclos electorales, tanto por la reabsorción de votos tras el hundimiento de Ciudadanos, como por la crisis del neorreformismo de Podemos y Sumar debido a su cierre de filas con el neoliberalismo imperialista del PSOE. De hecho, desde Sumar han saludado el acuerdo como un gran paso adelante: “es una gran victoria para la democracia”, ha declarado Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida.
Los años en el Gobierno de Unidas Podemos y ahora de Sumar, lejos de cuestionar en lo más mínimo al reaccionario Poder Judicial, han servido para dar gobernabilidad al PSOE que ahora pacta con el PP una renovación para que todo siga igual, o para que no sólo la casta política elija a dedo a los jueces, sino para que también la ultraconservadora casta judicial lo haga directamente. Los mismos jueces que condenan a activistas y sindicalistas como los “Seis de Zaragoza” o las “Seis de La Suiza”, o que se han mantenido al frente de la ofensiva reaccionaria contra el independentismo y el derecho a decidir en Catalunya.
No es posible una reforma del sistema judicial en los marcos del Régimen del 78, como de hecho viene planteando Podemos. Ione Belarra se ha mostrado oportunistamente “crítica” con el PSOE y sus pactos con el PP, pero ella misma siendo ministra, sostuvo la política ilusoria de que era posible reformar el Poder Judicial de la mano de Pedro Sánchez. Ilusión con la que no han roto a pesar de su salida del Gobierno. Incluso la propuesta de reforma judicial de Podemos no cuestiona a la casta judicial, tan solo plantea que sea el Congreso el que elija en solitario al CGPJ y por mayoría simple.
Frente a este sistema judicial y su casta reaccionaria de jueces es necesario oponer un programa democrático elemental: poner fin a la elitista carrera judicial, democratizar su acceso y la elección de las juezas y jueces mediante sufragio universal, que sean revocables, que no puedan cobrar un salario mayor al de una maestra o un trabajador cualificado y que todos los juicios sean a través de jurados populares. Un programa de este tipo no se puede esperar de la mano de los partidos del Régimen, solo se puede imponer mediante la movilización en las calles. | 
