Según datos oficiales del Ministerio Público Fiscal, la Línea 145 que funciona para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas, recibió durante el año 2023, 1804 denuncias, donde en el 34.9% de casos se referían a presencia de niños, niñas y adolescentes. Además, informan que 798 denuncias se corresponden con delitos de explotación sexual, mientras que 429 son de explotación laboral.
A su vez, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) indica que de las sentencias registradas por casos de trata de personas, en un 11.9% las víctimas son niños, niñas y/o adolescentes.
En lo que respecta a la modalidad de explotación, la PROTEX informa que el 65.1% fueron víctimas de trata sexual, siendo 98.7% mujeres, de las cuales 163 son niñas y adolescentes. El 34.2% fueron víctimas de trata laboral, al menos el 14.5% de estos eran niños, niñas y/o adolescentes.
Por su parte, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicó que, de enero a noviembre del 2023, tuvieron intervención con 73 NNYA, de un total de 1609 personas acompañadas.
Sin embargo, el Gobierno Nacional lejos esta de atender y atacar esta realidad de lleno, más bien todo lo contrario, viene desfinanciando programas de atención a victimas y despidiendo a los profesionales que acompañan estas situaciones.
Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda, en la sesión del pasado jueves denunció presicamente este tema. "El Gobierno se muestra preocupado, pero desmanteló muchos de los programas que hacen a combatir a las redes de trata”, afirmó.
No hay trata sin complicidad policial y estatal
Está más que comprobado que, sin complicidad de las fuerzas represivas y de funcionarios públicos, estos hechos no pueden ser llevados a cabo, tal como lo demuestran innumerables casos.
Podemos mencionar, la situación de un intendente de la provincia de La Pampa que fue condenado por incumplimiento de deberes de funcionario público, o el procesamiento de al menos tres policías de zona sur del Gran Buenos Aires acusados de regentear prostíbulos, o un caso que se inició oportunamente contra la cúpula de la policía de la Comisaria N° 38, por la protección de prostíbulos de la zona de Flores, y la lista sigue.
En la Declaración conjunta realizada por las Redes de Fiscales contra la Corrupción y la de Fiscales contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes (RedTRAM), en el año 2020, se afirmó que “la corrupción asociada a la trata se puede manifestar a lo largo de la cadena de producción criminal, pero también los sistemas de impartición de justicia o protección de víctimas. La corrupción pública puede ocurrir desde cobros periódicos de dinero o favores sexuales, por funcionarios que omiten sus deberes de vigilancia o dan aviso de actuaciones investigativas o de inspección, hasta situaciones donde son los propios funcionarios quienes controlan el negocio ilícito o son miembros de la red”.
En el año 2017, mientras desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas se llevaban adelante tres causas que involucraban a intendentes de tres provincias, el titular de dicha área expresaba en medios de comunicación que “Si no existiera esta participación de ciertos funcionarios sería más difícil que existan los lugares de explotación".
La participación de los funcionarios puede darse durante distintos momentos del delito, como la captación, el traslado, la acogida y la explotación, en paralelo al encubrimiento y la obstrucción que puede haber por parte de operadores del Poder Judicial.
El Gobierno de Milei dió sobradas muestras de que no atacará este problema, sino todo lo contrario. A la reducción presupuestaria de los programas de atención, los profesionales que ya fueron despedidos, se suman los nuevos telegramas que, al cierre de esta nota, están recibiendo miles de trabajadores estatales donde se les informa la recisión de sus contratos.
Ante este brutal panorama, que se profundizará aun mas con la Sanción de la Ley Bases, debemos anteponer un plan en las calles, que exija presupuesto y políticas adecuadas, y que impida el avance de políticas regresivas, que expongan y violen los derechos de aquellos que se encuentren más vulnerables |
