El viernes 17 de mayo Posadas amaneció con un frente frío que interrumpió jornadas cercanas a los 30 grados. La capital misionera venía convulsionándose al ritmo de sucesivos reclamos callejeros contra el gobierno provincial. La mecha la habían encendido docentes en protesta al acuerdo a la baja firmado por gremios afines al oficialismo, aunque poco a poco se fueron plegando focos de médicos, personal de Justicia, empleados de energía, trabajadores de prensa y hasta yerbateros que encontraron la oportunidad para reprocharle a la administración provincial su reciente alianza con Javier Milei, promulgador del DNU de diciembre de 2023 que habilitaba, entre otras cosas, la importación de hoja verde desde Brasil y el Paraguay.
Pero los que transitaban la avenida Uruguay de la capital misionera aquella fresca mañana del 17 de mayo se sorprendieron con algo fuera de lo común: a la altura del Comando Radioeléctrico de Posadas, varios uniformados se apostaban en el asfalto con neumáticos. Para el mediodía de ese viernes, una pira de caucho dominaba la intersección de Uruguay y Félix Bogado con volutas de humo gris que llegaban hasta los carteles de los clubes nocturnos de la cuadra. A la noche se instalaron las primeras carpas y poco a poco la esquina del barrio El Palomar se llenó de móviles televisivos transmitiendo en vivo para todo el país. Misiones se convertía en atracción nacional por algo que guardará para la historia: fue la primera provincia que incubó una protesta social durante la presidencia de Milei.
Fue, entre otras cosas, una derivación regional de la alianza pública entre el Frente Renovador de la Concordia (que gobierna Misiones desde hace 21 años) y la administración nacional, en nombre de quien el ministro Guillermo Francos había hecho una visita oficial en abril para llevarse de la tierra colorada -entre otras cosas- el apoyo de sus diputados y senadores a la Ley Bases. Pero les dieron votos y recibieron motosierras. “Es que no hay plata”, concluían sus argumentos los distintos ministros provinciales que tenían que salir a poner la cara en los focos que se multiplicaban por mayo.
A lo largo de cuatro semanas sobrevinieron acampes en calles de Posadas, cortes en varios tramos de las más importantes rutas del interior, la toma de un ministerio (el de Salud) y del edificio central de la empresa Energía de Misiones, la desactivación de un importante peaje aduanero, marchas a la Legislatura y hasta movilizaciones a las casas de los dos principales referentes políticos del oficialismo: el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira, líder del Frente Renovador. La Renovación (como la llaman, a secas, en la tierra colorada) se encontraba ante un escenario de conmoción inédito.
El Driver
El ingeniero químico Carlos Rovira fundó el Frente Renovador de la Concordia en 2003, año en el que obtuvo su primera y única reelección a la gobernación. Antes había detentado ese cargo (también el de intendente de Posadas) con el PJ misionero que en los 90 lideraba Ramón Puerta. En 2006, un año antes de los siguientes comicios, Joaquín Piña, obispo español al frente de la diócesis de Puerto Iguazú, lideró un movimiento que impidió la reforma constitucional que Rovira necesitaba para volver a candidatearse. Las consecuencias de esta contienda constituyente provincial tuvieron alto impacto nacional: Néstor Kirchner había apoyado expresamente la intentona reformista del posadeño, pero tras esa derrota decidió desmantelar propuestas similares de los gobernadores Eduardo Fellner de Jujuy y Felipe Solá de Buenos Aires.
A pesar de eso, Rovira logró reinventarse dentro del espacio que él mismo había fundado, ubicándose desde 2007 y hasta la actualidad en un escaño de la Cámara de Representantes de Misiones, apenas un cargo decorativo frente al indiscutido rol de conductor que le vale en la intimidad el apodo de “Driver”: entre su despacho en la legislatura provincial y la casa del coqueto barrio de Puerto Laurel se definieron, entre otros asuntos, los candidatos que retuvieron la gobernación para la Renovación en los siguientes cuatro mandatos. Carlos Rovira nunca les permitió presentarse a reelección, aunque es evidente que guarda cierta debilidad por Hugo Passalacqua, el actual mandatario, quien ya lo había sido entre 2015 y 2019 tras actuar como vice de Maurice Closs.
Entre la épica del caudillo guaraní Andresito Guacurarí y la ambición del proyecto Silicon Misiones, el Frente Renovador construyó su propia narrativa provincialista para, desde ese lugar, defender ante sus votantes las eventuales alianzas con las administraciones nacionales. En 2023 la Renovación se sacó fotos con Sergio Massa pero hizo campaña por los dos, lo cual hizo más fácil alinearse rápidamente a Javier Milei. Al fin de cuentas, en la provincia había ganado La Libertad Avanza en los tres turnos presidenciales.
Sin embargo, el inventario de la alianza con quien se define como “el topo que destruye el Estado desde adentro” incluye también a la motosierra y la licuadora. Y, en un contexto de ajuste, inflación y caída de la actividad en general, Misiones además se ve afectado en otros dos frentes sensibles: la recaudación impositiva (el primer trimestre del 2024 fue un 13 % menor que el mismo período del año anterior en términos reales) y los viajes de compras que desde Paraguay y Brasil se solía hacer cuando el cambio los beneficiaba. Un sector de los docentes en protesta denunciaba además los ingresos por la “aduana paralela que funciona en San José”, tal como remarcaron en distintas alocuciones respecto a la posta tributaria sobre la Ruta 12, cerca de la frontera con Corrientes, que la Renovación instaló para gravar mercadería que ingresa a la provincia. ¿Realmente no hay plata?
Pito y gorra
Es cierto que los policías y penitenciarios que se apostaron de manera intimidante alrededor del Comando Radioeléctrico de Posadas arrastraron la marca de los medios nacionales, enclavados durante diez días en la esquina epicentral de Uruguay y Félix Bogado para escuchar las declamaciones de Ramón Amarilla, el subcomisario retirado que oficiaba de vocero de los uniformados en protesta e iba instalando la agenda diaria del conflicto con distintas tramas de dramatismo.
Como buen policía, Amarilla llevaba el relato hacia distintos escenarios emocionales y aprovechaba las cámaras para dejar títulos estridentes. “Si vuelven las fuerzas federales con intenciones de reprimir, van a tomar palo de los misioneros”, amenazó luego de la única y fallida intervención de los hombres del Ministerio de Seguridad en el acampe policial: una fila de uniformados, pequeñas escaramuzas y el rápido retiro de los infantes dejaron un saldo negativo para el primer intento que Patricia Bullrich hizo por aplicar su protocolo.
En honor al entendimiento que acababan de celebrar con la visita de Francos, el gobierno misionero le había solicitado al nacional una colaboración más activa en la resolución del conflicto. Algo que, en los hechos, se resume en dos cosas: plata o palo. Bullrich les ofreció un Comité de Crisis mixto, meramente testimonial, antes de desairarlos con una frase que luego repitieron otros funcionarios: “El problema es provincial, así que lo tiene que resolver el gobierno de la provincia”.
El Frente Renovador, que se jacta de un aparato y una narrativa indiscutibles, debió poner su propia subsistencia en juego para sacar adelante un entresijo que se volvió delicado. Especialmente cuando una columna de docentes decidió agregar, a los acampes y piquetes, movilizaciones a los domicilios de Passalacqua y de Rovira, algo que a éste último no le gustó en lo más mínimo, sobre todo cuando el portón de entrada a su casona en Puerto Laurel se filtró entre las noticias más replicadas del sábado 25 de mayo. El poder puede tolerar que le toquen muchas cosas, ninguna de ellas su propia puerta.
Hubo una narrativa extraña: el centro de la atención mediática de la protesta se la llevó la fuerza que, por lo general, se dedica justamente a reprimirlas. El colectivo de docentes había iniciado sus reclamos antes que los uniformados díscolos tomaran el escenario, aunque su ejercicio disperso por toda la provincia quizás los volvió menos atractivos ante las cámaras de televisión. Mientras los policías armaban verdaderas ranchadas a lo largo de varias cuadras de Posadas con lonas atadas a rejas ajenas, fogones de leña, cumbia a todo volumen y veinte patrulleros “capturados” en el medio del piquete, los docentes tenían un acampe más austero sobre la avenida Uruguay, a una cuadra de distancia, sobre Trinchera de San José, aunque a la vez se diversificaban en acciones al interior de Misiones, especialmente en lugares estratégicos de la 12 y la 14, las dos rutas nacionales que conectan entre sí a la mayoría de los distritos de la provincia. En esa escalada fue que cortaron el peaje aduanero de San José.
Garupá: puente y barricada
El martes 21 de mayo Misiones estaba en el ojo de todo el país a partir de sus múltiples protestas, pero principalmente por las de los policías y docentes. Los uniformados seguían creciendo en convocatoria en las ranchadas alrededor del Comando Radioeléctrico y, por lo tanto, concitaban la atención de los móviles en vivo, aunque sin lograr avance alguno en las negociaciones. El gobierno provincial parecía arrinconado: no tenía la venia nacional para reprimir ni tampoco la billetera para negociar. El conflicto se abismaba a un punto de no resolución. Entonces, los docentes deciden mover una ficha: abandonar el acampe sobre la calle Uruguay para protagonizar su propio enclave en el Puente Garupá, uno de los accesos más sensibles a Posadas.
La acción contenía un elemento vindicativo: en septiembre de 2020, y después que otros sindicatos aceptaran una oferta a la baja del gobierno provincial, maestros y profesores en protesta lograron un mejor acuerdo tras cortar el mismo lugar de la Ruta 12 ubicado 20 kilómetros al sur de Posadas. Pasado el mediodía de ese martes, miles de docentes montaron del lado del municipio de Candelaria una barricada que impidió la circulación de autos, micros y camiones por ese monstruo de hormigón de mil metros de longitud inaugurado en 2011 que constituye la única conexión entre la capital misionera y gran parte del resto de la provincia después de que la instalación de la represa Yaciretá modificara todo el entorno natural.
Avanzada la tarde, suena un teléfono en el acampe del Puente Garupá. Es Ramón Amarilla, desde el cantón policial. Le propone a los docentes, en nombre de los uniformados, desactivar el corte del puente para vertebrar juntos un bloque de protesta compartida sobre la calle Uruguay. “No nos vamos hasta que arreglemos ambos”, agregó. Por su naturaleza y su propia dinámica, la protesta docente -a diferencia de la policial, estrictamente verticalista y encolumnada detrás de la figura del subcomisario retirado Amarilla- tenía distintos interlocutores públicos, dada la diversidad de su base orgánica, distribuida entre distintos gremios y hasta un grupo de autoconvocados.
Carlos Lezcano, profesor de matemáticas de Jardín de América y uno de los principales oradores en las acciones más visibles del frente docente, comunicó desde un micrófono la oferta a todos sus colegas apostados alrededor del Puente Garupá. Se produjo una deliberación entre los distintos espacios, numerosos y repartidos en múltiples carpas. Subyacía un miedo primal: negociar una protesta con una de las fuerzas que usualmente se dedicaba a reprimir aquellas que protagonizaban maestros y profesores. Una semana antes, en un corte sobre la Ruta 14 a la altura de San Vicente, un gendarme había dicho: “No quiero sacar la escopeta y tirarle a un docente”.
La votación a mano alzada, sin embargo, se inclinó por la propuesta del subcomisario mayor retirado. Entonces organizaron desde Garupá una caravana de centenas de vehículos hacia la calle Uruguay. Dos horas después, los docentes retomaron su posición original en el barrio El Palomar, aunque pasando primero por el medio del acampe policial. Algunos uniformados vitoreaban, otros cantaban el himno y estaban quienes miraban con sorpresa. Un docente misionero con experiencia en lucha lo sintetizó mejor: “Es la primera vez que los canas nos reciben con aplausos y no con palos”.
Esa misma noche del martes 21 de mayo, Ramón Amarilla intentó integrar a los docentes en su propio discurso: “Esta gente es trabajadora como nosotros y todos tenemos los mismos problemas”. Y hasta ensayó un mea culpa arguyendo la poco feliz obediencia debida: “Escuché a una docente decir que nosotros nos enfrentamos muchas veces con ellos; les pido disculpas en nombre de las autoridades que nos envían a hacer cosas que no corresponden”.
Marcha y marchas
La alianza docente-policial parecía estar sostenida solamente por dos consignas: concentrar la presencia sobre la avenida Uruguay de Posadas en sus respectivos acampes y no abandonarlos hasta que ambos resolvieran sus conflictos. En los días siguientes, cada cual siguió manejándose por su propio canal de negociación, en principio más abierto para los uniformados, quienes empezaron a tener interlocutores en el Gobierno, a diferencia del personal de la educación, que no. El argumento para este trato diferencial era que “los docentes habían tenido acciones muy violentas”, según voceros de la Renovación. Era claro que no solo perturbaban al oficialismo misionero las cámaras registrando la ranchada de uniformados frente al Comando Radioeléctrico, sino también los cortes de ruta e interrupción de aduana de los docentes. Y, también, la marcha a la legislatura provincial que estos últimos habían hecho el jueves 16 de mayo, un día antes de la primera goma quemada por los policías.
En ese contexto, el frente de personal de la educación pública decidió volver a marchar a la Cámara de Representantes en un nuevo día de sesión parlamentaria. Adentro del recinto se encontraban legisladores de peso histórico en el poder misionero como Oscar Herrera Ahuad, último gobernador y presidente de la Legislatura, y también Carlos Rovira, cacique central del Frente Renovador. “Si no nos quieren escuchar, vamos hacia ellos para que lo hagan”, arengaban desde el acampe docente el jueves 23 de mayo.
La procesión fue multitudinaria y reunió a miles de docentes y personal de la salud en la explanada frente a la Legislatura, que se encontraba especialmente vallada. Del otro lado de los fierros, el GOE, grupo de elite de la policía provincial, recibió a los manifestantes con palos y gases tras unos primeros intentos por acceder a la Cámara. El despliegue represivo afectó a trabajadores de prensa que se encontraban registrando a los acontecimientos y también a, al menos, tres docentes, uno de los cuales debió ser trasladado en ambulancia.
Luego de quince minutos de palo y tiza, los efectivos se ordenaron en escudo humano para obturar el acceso al recinto legislativo. En lo sucesivo, docentes (y también pediatras, que tenían su propio acampe frente al Ministerio de Salud) ocuparon la explanada y se fueron alternando un micrófono y un megáfono para proferir distintas demandas. Tal como ocurrió cuatro días antes en la barricada policial, algunos diputados radicales del bloque Juntos aparecieron para salir en la foto de los protestantes, aunque en ambos casos fueron rechiflados y debieron huir.
Al término de la sesión, y al no ser recibidos por el cuerpo legislativo de manera formal, los manifestantes votaron a mano alzada una decisión inédita: ir caminando hasta el domicilio del gobernador Hugo Passalaqua, a apenas quince cuadras de distancia del Parque Paraguayo de Posadas desde el cual se extiende la Cámara de Representantes.
Hacha y tiza
La noticia circuló velozmente y numerosos misioneros salieron a la vereda o a sus balcones para aplaudir la caravana docente y médica. A pesar de la tensión inicial, la caminata transcurría con cierta calma, al punto de que un móvil de Tránsito de Misiones se adelantaba a la primera línea para cortar el camino y permitir que los manifestantes circularan sin problemas.
Sin embargo, a media cuadra del domicilio de Passalacqua irrumpieron a toda velocidad dos camionetas que se estacionaron en la puerta del edificio de departamentos. Desde allí, una cadena de uniformados comenzó a tirar gas en una zona más estrecha que la explanada de la Legislatura. Además se realizaron diversos disparos al piso y al aire, generando confusión y corridas en un radio cerrado y densamente ocupado.
Cuando los hechos conducían una escalada represiva de magnitudes, un grupo de docentes, especialmente mujeres, se sentaron en la vereda donde se había apoltronado la Policía, aunque a espaldas de ellos. El propósito era evitar que los uniformados avanzaran al asfalto, tal como en un inicio insinuaron con su repiqueteo de botas. Esa actitud pacífica y valiente de maestras jóvenes y experimentadas dotó de ánimo a los demás manifestantes, quienes arrinconaron a las fuerzas de seguridad, notablemente inferiores en cantidad respecto a la masa que provenía de la marcha.
Una imagen quedará para siempre: el mismo uniformado que indicaba donde tirar gas termina suplicándole calma a los protestantes, algo que logra solo gracias a la intervención de un médico con barbijo y tambor que puso su cuerpo para mediar. Suplicando clemencia, la fuerza de elite misionera se retira a la vuelta, permitiéndoles a los docentes hacer lo único que buscaban: hablarle al gobernador desde la calle, micrófono en mano, de cara a su departamento.
“El gobernador piensa que va a resolver el hambre de los trabajadores con gases lacrimógenos, pero la pobreza no se cura con garrote”, dijo Carlos Lezcano. “El único camino es el diálogo y nosotros queremos que abra una mesa de discusión porque tenemos argumentos para demostrar que hay dinero para recomponer los salarios de miseria”.
El sol del 25
Por primera vez desde que se tiene memoria, el gobierno de Misiones no hizo ningún acto oficial por el 25 de mayo: tal era el miedo de sufrir un abucheo en público. Policías y docentes, en tanto, hicieron los suyos en sendos acampes. Aunque estos últimos, además, mocionaron otra cosa: ir hasta la propia casa de Carlos Rovira. Una caravana enfiló hasta Puerto Laurel y se parapetó en el portón de acceso al barrio residencial, incluso ante la resistencia de una nueva línea de custodia.
Allí, la docente Mónica Gurina aprovechó la oportunidad y exclamó ante un micrófono: “Vinimos hasta acá para decirle al conductor de la Renovación que nos cansamos de que nos mantengan en la indigencia y en la pobreza. Mientras él vive en la opulencia, en nuestra casa no hay comida, no se puede pagar la luz, no se puede hacer frente a la tarjeta de crédito”.
A la noche, Hugo Passalacqua publicó en su cuenta de Instagram una foto con Oscar Herrera Ahuad. “Trabajando en este momento con el presidente de la Legislatura”, fue lo único que escribió para acompañar una imagen en la que los rostros exudaban más bien preocupación. Mientras tanto, decenas de uniformados reforzaban los accesos adyacentes a la casona de Rovira para evitar sorpresas en lo sucesivo. Por primera vez había real preocupación en el núcleo del Frente Renovador de la Concordia.
Aunque la noticia fue minuciosamente silenciada por los principales medios, nadie estaba ajeno a esa marcha a la casona de Rovira que implicaba jugar con los bigotes del león. Al otro día, ya domingo, Ramón Amarilla se acerca por primera vez al acampe docente y pide el micrófono. “Todos estamos mal y hay que resolver el conflicto con todos, no primero con la Policía y después que nos manden a enfrentarnos, porque eso sería una lucha de pobres contra pobres”, dijo el subcomisario retirado. Aunque luego, agregó: “Quiero darles con consejo: acá no se gana nada con entrar en el delito; respeto lo que todos estamos haciendo por necesidad, que es manifestarnos para hacerle ver al gobierno lo que nos pasa y que no quiere aceptar, pero nuestra lucha está acá”. Los uniformados buscaban diferenciarse de las marchas hacia los domicilios de Passalacqua y Rovira.
Sin embargo, los propios policías díscolos sorprendieron al otro día con una apuesta reñida con la ley al movilizarse en patrulleros hacia la Casa de Gobierno, en pleno centro posadeño, atravesando calles peatonales y detonando tras su paso ruidos que nunca quedaron en claro si eran petardos arrojados a la vía pública o disparos de balas de goma. “Les hemos llamado a la reflexión de que ese no es el camino, pero no los pudimos sujetar. La gente ya no aguanta más”, explicó Amarilla en plan policía bueno-malo. A la noche sonó su teléfono y el martes mantuvieron una larga reunión con el gobierno provincial en la Jefatura de Policía que acabó en acuerdo. Lo cual implicaba el fin del acampe y, por ende, también el cierre del pacto con los docentes.
Y así como el acuerdo eximía a los uniformados de los distintos sumarios labrados, el fin del entendimiento con los docentes fue sucedido por una avanzada judicial del mismo gobierno misionero contra diversos referentes de este foco de protesta. La Renovación había acusado el golpe de las marchas a los domicilios de sus líderes y pasó a la ofensiva con el propósito de licuar las protestas.
La última curva del rally
El personal de la educación en lucha recibió denuncias por la marcha a la legislatura del 23 de mayo y doce de ellos además fueron impedidos de acercarse a un radio de 200 metros alrededor de la misma. El gobierno estaba armando el escenario para su propio épica: el jueves 30 movió todo su aparato a la explanada de la Cámara de Representantes para un evento denominado “Encuentro por la paz” del cual participaron artistas, intendentes de distintos distritos, ministros provinciales, diputados nacionales y el cierre con la tímida aparición de Carlos Rovira, quien solo se dedicó a saludar de lejos a los asistentes, valla y policías de por medio.
La embestida contra los maestros y profesores se profundizó con nuevas presentaciones judiciales y el avance de uniformados en el acampe que aún persistía sobre la calle Uruguay, el cual fue obligado a retirarlo de calzada. Los docentes se amontonaron contra la vereda, aunque a las pocas horas volvieron a tomar la cinta asfáltica luego de que las negociaciones propuestas por el gobierno misionero no prosperaran.
Pero mientras la atención cosmética del gobierno misionero se concentraba en la ciudad capital, el interior seguía crepitando con los cortes de ruta docentes, que en un momento llegaron a ser alrededor de veinte e involucraron a Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú, Apóstoles y Leandro N. Alem, entre los distritos más habitados de la provincia. Un territorio que, de repente, se volvió más sensible para la Renovación: entre el viernes 7 y el domingo 9 se realizaría el Rally de Misiones, cuarta fecha del campeonato nacional que tiene su escala en la tierra colorada alrededor de la Ruta 14 y, puntualmente, de Leandro N. Alem, una de las localidades centrales de reclamo.
La necesidad hizo a la oportunidad y la frase de “no hay plata” quedó en segundo lugar ante el peligro de que una actividad deportiva de alcance mundial se viera perturbada por maestros y docentes quemando gomas en procura de salarios dignos, postal que de ningún modo el Frente de la Renovación deseaba que se proliferara a todo el planeta.
Finalmente, el gobierno misionero hizo una oferta que se acercaba a las peticiones de los docentes, quienes buscaban recomposiciones tanto en los salarios del personal activo con en los haberes de los jubilados y jubiladas. Además, y tal como habían hecho con los policías, la administración Passalacqua desestimó todas las denuncias penales y sumarios administrativos contra los manifestantes. Y se abrió, a partir de entonces, una Mesa Técnica para ir actualizando las remuneraciones en sintonía con la inflación mensual.
El acta de entendimiento se firmó el viernes 7 de junio y fue acompañado con un comunicado del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. “Culmina aquí un capítulo que lleva seis meses, que adquirió proporciones fenomenales que ganaron relevancia nacional e internacional en las últimas cinco semanas. Los trabajadores de la educación de nuestra provincia hemos escrito en la historia que la lucha, la organización, la unidad, la convicción y la determinación son los elementos fundamentales para emprender las batallas por la dignidad”, inició el escrito.
“La lucha es una ciencia pero también un arte. Hemos logrado combinar las más amplias formas de ella con ingenio pero también con audacia. Y eso desconcierta al poder que hasta últimas horas desesperaba de impaciencia, que utilizó todo su arsenal judicial, político y mediático para destruirnos. Hemos salido airosos reconociendo que aún falta mucho camino por recorrer, pero los logros están más que a la vista”, concluyó el documento que certifica el fin de la primera gran protesta social durante la presidencia de Javier Milei y en una de sus principales tierras aliadas.
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