La violencia hacia las mujeres y la resistencia a la misma se instalaron como una discusión nacional, con diversas declaraciones de que se está viviendo una verdadera emergencia a la que hay que dar respuesta. Las movilizaciones, vigilias, pronunciamientos y demás expresiones de rabia e indignación no se han detenido durante la primera mitad del año. A la Marcha contra violencia patriarcal de este sábado 13 de julio -que suscriben más de 40 organizaciones y activistas- se suman protestas y acciones ese mismo fin de semana en Palmares, Santa Teresa de Cóbano, Sámaray Puntarenas.
La situación en números
El Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia establece que para mediados de junio “habían ocurrido 29 muertes violentas de mujeres, de las cuales 10 muertes habían sido clasificadas como femicidios y 18 estaban pendientes de clasificar”; lo que representa un aumento respecto de los 22 femicidios en este mismo periodo del año anterior.
Según datos del INEC, al mes de mayo la tasa de desempleo femenino, se estimó en 8,7% y la masculina en 7,2%, además para finales de 2023 las mujeres encabezan el subempleo con 6,8% frente a 4,2% en los varones, un 17,1% de las jefas de hogar se encontraba en pobreza y un 8,5% en pobreza extrema. Además las mujeres dedican 31 horas con 51 minutos por semana al trabajo doméstico no remunerado, mientras que en los hombres el número es de 15 horas con 20 minutos. Las mujeres de carne y hueso detrás de las cifras se encuentran en mayor vulnerabilidad frente a la violencia machista.
La explicación de esa violencia machista y patriarcal se puede encontrar en la opresión por género y tiene base material en la explotación del trabajo, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida, es decir en el sistema capitalista. La clase trabajadora a nivel mundial es la más feminizada y racializada de la historia.
Las respuestas
Frente a esto, la respuesta del gobierno de Chaves y el INAMU, ha consistido en continuar la política de recortes y desmantelamiento de los pocos mecanismos públicos de atención y prevención de la violencia, atacar los subsidios a familiares sobrevivientes de femicidio, y el proceso de “reestructuración” del INAMU -que ha sido rechazado por organizaciones de mujeres-, así como los “Puntos Violeta” se demuestran incapaces de hacerle frente a la grave situación. En municipalidades de todo el país se desfinancia a las Oficinas de la Mujer (OFIM), y además, el gobierno reproduce el viejo discurso machista donde se responsabiliza a las mujeres y a las víctimas por “no denunciar o no dejar una relación violenta”.
Esto se demuestra falso en los relatos de tantas mujeres y personas que deciden denunciar agresores machistas, solicitar medidas de protección y que se respeten, o incluso denunciar graves delitos de abuso sexual contra menores de edad; pero en las instancias judiciales y la policía encuentran un mar de trabas burocráticas e impedimentos.
Además de la constante preocupación por su seguridad e integridad física y mental. Víctimas de violencia y familiares de víctimas de femicidio se ven en completa desventaja frente a los agresores y femicidas, y por eso se han sumado en algunos casos a los esfuerzos por organizar la rabia colectiva.
En junio el Grupo de Mujeres Parlamentarias -sin las oficialistas Pilar Cisneros y Paola Nájera- presentó a los medios una carta donde solicitan al presidente “respetuosa y vehementemente la declaratoria de emergencia nacional mediante decreto … en razón de la ola de violencia que vive nuestro país, en específico sobre el alza en la cantidad de homicidios violentos contra mujeres y la abrumante tasa de femicidios”. Además piden “articular acciones y destinar presupuesto a la atención de esta problemática, en coordinación con los gobiernos locales”. Es tan grave la situación que unificó los esfuerzos de diputadas de los distintos bloques en la Asamblea Legislativa -desde el Frente Amplio, pasando por Liberación Nacional y el Liberal Progresista- contra el gobierno de Chaves y su insuficiente política.
Es importante tomar en consideración que una declaratoria de emergencia nacional implica solamente la inyección extraordinaria de presupuesto a alguna o varias instituciones con el fin de atender un problema, lo que supone en este caso concreto, que sean el mismo gobierno y el INAMU, así como los jerarcas del Ministerio de Seguridad y la Fuerza Pública, quiénes administren los recursos para atender la violencia y los femicidios; los mismos que han demostrado ser enemigos de los intereses de las víctimas y los familiares que buscan justicia.
Construir una salida colectiva contra la raíz de la violencia
Es necesario construir un gran movimiento de mujeres y diversidades, que luche junto a las víctimas de violencia y familiares que buscan justicia ante los femicidios, con independencia política frente al gobierno y quienes buscan utilizar el dolor y el reclamo de Ni Una Menos como capital político, sin buscar una salida de fondo. En ese sentido, las iniciativas para protestar alrededor de este 13 de julio en distintos puntos del país, marcan un camino para romper con la pasividad que quieren imponer al tratar la violencia como individual.
La opresión patriarcal se entrelaza con múltiples mecanismos de explotación del capital, y por esto no se puede separar la lucha de las mujeres y contra las opresiones de la lucha por barrer con este sistema social de conjunto. En ese sentido, el feminismo socialista es una gran herramienta en la actualidad de crisis económicas y ecológicas, guerras y ofensivas políticas anti derechos.
Para dar ésas batallas necesarias, con la fuerza de las trabajadoras y la juventud te invitamos a sumarte a la agrupación internacional de mujeres y diversidades Pan y Rosas. Y a participar de esta jornada con nosotres, exigiendo:
- Comisiones Independientes de Investigación que permitan la búsqueda para lograr la aparición con vida de las mujeres desaparecidas y el esclarecimiento de los casos
- Recursos para la creación de refugios para víctimas de violencia de género, o creación de viviendas, que familiares y víctimas de violencia tengan apoyo legal, médico y psicológico gratuito
- Que los jueces sean electos por voto popular
- Frente al desempleo y alto costo de la vida, exigimos jornadas de 6 horas laborales, con salarios que cubran la canasta básica y las necesidades particulares, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados.
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