Este jueves la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo en respuesta a los requerimientos de las defensas de los cinco procesados que aún quedaban en la causa abierta el 12 de junio por el fiscal Carlos Stornelli a pedido de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Como se sabe, originalmente Stornelli había acusado a 33 personas por delitos delirantes, en línea con el delirio del gobierno de Javier Milei que llegó a hablar de ataques “terroristas” y de un intento de “golpe de Estado” cuando se votaba la corrupta Ley Bases en el Senado. Esas acusaciones fueron prontamente desestimadas por la jueza María Servini, a cargo del expediente, quien llegó a endilgarle a Stornelli “orfandad probatoria” y terminó dictándoles “falta de mérito” a 28 de las y los imputados.
Sin embargo, en una negociación con el fiscal (y con el Gobierno), la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 aceptó mantener procesados a Daniela Calarco Arredondo, Roberto de la Cruz Gómez, Cristian Valiente, David Sica y Facundo Gómez. Aunque por delitos mucho menores a los pretendidos por Stornelli. A los cinco, además, les dictó la prisión preventiva y quedaron alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza (hoy bajo la órbita del Ministerio de Seguridad)
La falta de pruebas y el evidente armado de la causa por parte de la Casa Rosada y Comodoro Py motivó la lógica apelación de las defensas de los imputados. Además del pedido de revocatorias de las preventivas, se sumó el pedido de desprocesamiento de todos y el cierre definitivo del mamarrachesco expediente judicial.
La semana pasada la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, compuesta por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, hizo caso al pedido de la defensa de Facundo Gómez y ordenó su liberación tras 22 días en cautiverio. Este jueves, en un nuevo fallo, los mismos camaristas ordenaron el desprocesamiento de Gómez, sobre quien ahora quedó firme la falta de mérito.
En la misma sentencia de este jueves, a la que accedió La Izquierda Diario, los jueces decretaron el fin de las prisiones preventivas de Cristian Valiente y David Sica. Aunque mantuvo sus procesamientos, ambos deben ser liberados sin demoras.
A Valiente, en su imputación original, Stornelli y Servini lo acusaron de “intimidación pública”, basándose en que tenía en su poder una granada de gas lacrimógeno. Poco después se comprobó que ese elemento había sido utilizado por las mismas fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso. Para la Cámara de Apelaciones, Valiente debe seguir procesado pero sólo por “atentado contra la autoridad”.
En el caso de Sica, los jueces también le confirmaron el procesamiento, pero sólo “quedando encuadrados los cargos en su contra en el delito de atentado contra la autoridad agravado”. Vale decir que el hombre ni siquiera había concurrido a la manifestación en repudio de la corrupta Ley Bases. Fue brutalmente detenido cuando concurría a una parroquia.
Quedan dos, deben salir ya
En el mismo fallo, la Cámara (con voto dividido) confirmó el procesamiento y las prisiones preventivas de Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez. En ambos casos con embargos sobre sus bienes. A la referente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), de la lucha ambiental y las disidencias sexuales, los cargos que se le imputan se encuadran en la figura de “incendio”, ya que se le adjudica haber prendido llamas en torno a bicicletas del Gobierno porteño estacionadas en la Plaza Congreso. Un cargo que no amerita tenerla detenida ni un minuto.
En el caso de De la Cruz Gómez, todas las acusaciones contra él se reducen a “daño agravado” y “atentado contra la autoridad”, delitos también excarcelables. Sólo que en su caso la Cámara justifica mantenerlo preso por ciertos antecedentes penales que, sin embargo, no se relacionan en lo más mínimo con la manifestación del 12 de junio ni con ninguna otra.
La lucha por la libertad de Calarco Arredondo y De la Cruz Gómez, los únicos que siguen presos desde hace un mes, no debe detenerse. Con una fenomenal campaña nacional e internacional de repudio a la represión y por la libertad de todos los detenidos en aquella cacería, ya se logró liberar a 31 personas. No hay razones para que Daniela y Roberto sigan tras las rejas.
Por último, en su sentencia la Sala 2 encomienda a la jueza Servini que la instrucción penal que tiene bajo su juzgado “se culmine con la mayor premura al alcance”. Una formalidad para no decir directamente “vamos, resuelva rápido que esto no se sostiene por ningún lado”.
La lucha por el derecho elemental a protestar, manifestarse y expresarse no debe detenerse. Por la libertad de Calarco Arredondo y de De la Cruz Gómez. Por el cierre definitivo de esa causa armada por Bullrich y Stornelli. Porque no haya más un solo preso político ni perseguidos por el gobierno de Milei.
Es imposible que el ajuste brutal que lleva adelante La Libertad Avanza sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares pueda concretarse sin reprimir a quienes salen a enfrentarlo. Con causas como ésta, quieren meter miedo a quien pretenda salir a luchar por lo que le corresponde. Pero queda demostrado que ese plan represivo se puede enfrentar con organización y con una movilización cada vez más masiva en las calles. A eso apostamos desde este lugar. | 
