Santiago - Los recientes asesinatos de menores en Chile han generado un intenso debate sobre una supuesta necesidad de fortalecer el aparato represivo del Estado (más comisarías por aquí, más comisarías por acá) además de inyectar más recursos a las policías y mayor coordinación entre ellas.

Otra de las aristas que se han puesto sobre la mesa es la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad penal, especialmente ante la sospecha de que los perpetradores de muchos de estos casos también podrían ser menores. Aunque algunos sectores abogan por esta medida, expertos advierten que Chile ya cuenta con una de las edades de imputabilidad más bajas a nivel mundial y que no existe evidencia que sugiera que disminuirla aún más reduciría la violencia.

En los últimos años, el número de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de homicidios producto de tiroteos, balas locas o asesinatos premeditados, ha aumentado de manera preocupante. Según datos de la Subsecretaría de la Niñez, este grupo se ha vuelto particularmente vulnerable, con un incremento de aproximadamente el 20%, lo cual es motivo de alarma.

Un análisis más profundo revela que en 2018 los homicidios ocurridos en contextos de violencia intrafamiliar, perpetrados por padres, madres o parientes cercanos era de poco más del 10%, mientras que en el 2022 dicho número llegó al 38.4%. Estas cifras subrayan la complejidad del problema y la necesidad de una respuesta integral.

En lugar de recurrir a soluciones simplistas y populistas, especialistas en justicia juvenil y derechos del niño señalan la importancia de fortalecer la prevención y la educación como una herramienta para evitar que NNA en situación de vulnerabilidad caigan presa de círculos de VIF o ligadas a la delincuencia.

Para abordar esta problemática es necesario adoptar un enfoque integral que integre las causas subyacentes a la vulnerabilidad, como el acceso a salud en tiempo y que sea de calidad. Similar caso con educación, que es diferente a escolarización. Actualmente las escuelas no a duras penas logran implementar programas de apoyo debido a la falta de presupuesto y personal apto para afrontar dichos desafíos.

En términos de vivienda y cultura, las infancias más vulnerables sufren el flagelo del hacinamiento o la precariedad habitacional que se vive en los cientos de campamentos que se extienden a lo largo del país. En el ámbito de la cultura, deporte y recreación, el acceso a esto es casi fortuito y limitado casi a las pocas iniciativas que puedan tener las municipalidades y que ciertamente no tienen la extensión suficiente para llegar a todos lados.

En última instancia, el Estado tiene la obligación de implementar iniciativas que permitan la detección temprana de la violencia intrafamiliar y proporcionar apoyo a las familias que requieren herramientas para salir de dicha situación.

Todo estos puntos implican una gran cantidad de recursos para poner a disposición de terminar con los ciclos de violencia y vulneración, estos recursos existen en el país pero están en manos de un puñado de familias y empresarios que se llevan gran parte de la torta.

La conquista de derechos sociales, que es finalmente de lo que estamos hablando, pasa por recuperar la riqueza económica del país para la clase trabajadora y los sectores populares, es necesaria la renacionalización del cobre y del litio bajo control de las y los trabajadores, que dichos recursos puedan ser puestos a disposición de resolver las grandes necesidades en materia de salud, eduación, vivienda y pensiones, solo así podemos apuntar a soluciones estructurales y sostenibles.

Finalmente, el problema de las violencias en la infancia es un tema que debe ser abordado desde diferentes aristas. Mientras la derecha y el gobierno, se empecina en fortalecer las policías, entregar más armas y más represión, olvidan que detrás de cada niño asesinado hay una historia que va más allá de la violencia armada producto de la delincuencia.