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Ante el reclamo de las familias del barrio Sembrando Sueños, Walter Larrea , actual asesor legal del Municipio dijo que “se trata de un problema entre privados”. Una declaración que al menos asombra.
El extitular regional de ANSES y exconcejal de Unidad Ciudadana en plena campaña electoral planteó que el gobierno local -haciendo referencia a Héctor Gay- tenía que implementar “un registro de suelos de dominio público ya sea municipal, provincial o nacional y que el Municipio vaya apropiándose de un número de lotes que están ociosos y abandonados y que en muchos casos tienen un fin especulativo” con la intención de que estén disponible para la construcción de viviendas, incluso llegó a plantear que “la respuesta punitiva de aplicar el Código Penal y el desalojo como respuesta única lo único que hace es generar más conflictividad social”.
Pero parece que esta visión de claridad sobre el código penal en el que “las respuestas de desalojo o de expulsión de los ocupantes no estarían contemplando recursos y soluciones que tiene la justicia enmarcados en los propios códigos” se volvió borrosa desde el palacio municipal. Aún sí el gobierno local decide dejar correr el desalojo debería tener en cuenta la protección de las familias en situación de vulnerabilidad: los derechos de niños y niñas a una vivienda digna, el acceso justo al hábitat y la urgencia que plantea la ley bonaerense de dar atención especial a las familias en situación crítica. No hay respuestas a las cartas presentadas por el SERPAJ firmadas por Pérez Esquivel y la Cátedra de Educación y Derechos Humanos (UNS) y las reuniones con malos tratos no buscaron dar una salida al problema. Hasta el momento ésta es la mejor versión del gobierno progresista de Federico Susbielles en relación a la urgencia por la vivienda, en un caso que involucra denuncias muy graves.
La respuesta de Larrea de que se trata únicamente de un “conflicto entre privados” deja mucho que desear, sobre todo porque el municipio ya está al tanto de que las familias denuncian una intervención ilegal y en conjunto del personal de la empresa PLUSLOG y la bonaerense, que con topadoras -de la empresa- intentaron desalojar a las familias, sin orden judicial. Al menos debería apuntar a investigar la gravísima denuncia de que estas tierras fueron vendidas durante la dictadura militar y que actualmente están a cargo de empresarios corruptos con negocios turbios.
“Los privados” y el podrido entramado de corrupción empresarial
Para hacer una presentación del entramado empresarial involucrado hay que partir por Ricardo Miller, dueño de Miller Building International S.A, denunciado en 2017 como el “Lázaro Baez de Scioli” ya que durante el gobierno provincial del peronista le fueron asignadas la construcción de 9 unidades UTI por un monto de 117.000.000 (la construcción de 8 y la ampliación de la restante). La gestión del gobernador fue investigada por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y el tráfico de influencias, el empresario aparece nombrado en la causa junto a una serie de funcionarios políticos como el ex jefe de gabinete Alberto Perez, el ex director de Aguas Bonaerenses Walter Carbone y Alejandro Collia como ex ministro de salud, entre otros.
El problema no solamente tiene que ver con la adjudicación de estas obras, sino que también alquilaba un terreno de 41.000 m2, que finalmente compró en USD 3.850.000 a la empresa Capanone, la inmobiliaria en la que Scioli tiene el 99% de las acciones y en la que aparece un solo contratado: Nicolás Manuel Varela, quien fue asistente personal del exgobernador durante su gestión. Un informe de ARBA detalla cómo el inmueble pasó en 2013 de 1890 mts cuadrados cubiertos terminados y más de 3.000 en 2017. Un sistema de retornos ya conocido en otras denuncias similares.
Para 2008 Ricardo Miller era socio y vicepresidente suplente de la firma PLUSLOG S.A, el presidente de la firma era Iván Luis Panontin. PLUSLOG S.A en 2012 adquiere tierras que fueron vendidas por primera vez en 1979, bajo la dictadura. Al momento de la compra Antonio Pécora era presidente de la delegación Buenos Aires de la Cámara Argentina de Construcción, y presidente de la empresa Tecnipisos S.A.
La gran nave de acopio del Centro Logístico Danone sobre Avenida Dasso y Ecuador fue un proyecto dirigido por PLUSLOG S. A y construido por Tecnipisos S.A. Y aquí es donde se encuentra un importante empresario bonaerense denunciado por corrupción bajo el gobierno de Daniel Scioli y nada más y nada menos que el presidente de la delegación de la provincia de Buenos Aires de la Cámara Argentina de Construcción. Incluso es el mismo Antonio Pécora quien realiza en 2023 la denuncia de “ocupación violenta” de las tierras. Estos son “los privados” a los que hace referencia el gobierno municipal
Ante la especulación empresarial, todo el apoyo a la pelea por tierra y vivienda de las familias de Sembrando Sueños
La apuesta del municipio de Susbielles a que Kicillof adhiera al RIGI (un incentivo del gobierno nacional al saqueo económico en manos de multinacionales y sus socios locales) o el nuevo régimen de inversiones en la misma lógica que ahora anuncia el gobierno provincial, implicaría enormes inversiones en la región.
Posiblemente si lograran instalar en Bahía Blanca la planta de GNL que está en disputa con Rio Negro, esas tierras privatizadas en dictadura, que permanecieron sin cercar y abandonadas durante años, se revalorizarían y por eso el cierre de filas del Estado del lado de la especulación inmobiliaria y empresarial, negando cualquier respuesta al reclamo de las familias por el acceso a la tierra y la vivienda. También ignoran la denuncia a Absa por el grado de abandono de esas manzanas anegadas por aguas cloacales. Eso denunciaron en una volanteada a la comunidad en Dasso y Ecuador las familias de Sembrando Sueños y otros vecinos de Villa Delfina.
Ante este entramado de intereses turbios, y el respaldo del gobierno municipal y la justicia a la especulación inmobiliaria y empresarial, es necesario que las organizaciones de trabajadores, estudiantes, sociales y políticas se sumen a acompañar la lucha de las familias y exigir respuestas al Estado. | 
