La 41° Marcha del Apagón, que históricamente denuncia la responsabilidad civil de la cúpula de la empresa Ledesma en los crímenes de lesa humanidad perpetrados en los Apagones que empezaron el 20 de Julio de 1976 contra un sector combativo de la clase trabajadora y la juventud estudiantil comprometido con la organización y lucha del sindicato azucarero de Ledesma, el sindicato de trabajadores del campo y múltiples oficios de Calilegua y el centro de estudiantes secundaria de la Escuela Normal, tuvo una convocatoria de 2.500 manifestantes de Libertador, la región del ramal, la capital jujeña y algunas delegaciones de Salta y Buenos Aires, que para mantener viva el reclamo de justicia para los detenidos y desaparecidos de los Apagones marcharon cerca de 8 kilómetros desde el centro de Calilegua a la plaza central Libertador por la ruta nacional 34. Arteria principal del NOA que por la tarde de ayer se encontró cortada parcialmente por la manifestación en defensa de los derechos humanos en un lugar donde al día de hoy reina la impunidad del poder económico de la empresa Ledesma, propiedad de la familia Blaquier.
Convocaron a la marcha el organismo de derechos humanos local el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez, la Asociación de ex presos políticos de Ledesma, Familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy, y participaron de la misma los organismos de ddhh, Hijos, Andhes, Apdh, Ceprodh, los sindicatos ATE-CTA y CEDEMS, las organizaciones sociales TORRe, CCC, Polo Obrero, Tupac Amaru y MTR CUBA, y el partido político PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores UNIDAD.
La importancia de esta marcha en defensa de la memoria, verdad y justicia emblemática en el noroeste argentino radica en que no sólo se reclama juicio y castigo por los crímenes de genocidio de la última dictadura(1976-1983) a militares, gendarmes y policías, sino que también reclama sentar en el banquillo de acusados, juzgar y condenar al administrador de la empresa Ledesma en aquellos años, Alberto Lemos, que continúa impune de su responsabilidad en las detenciones ilegales, torturas y desapariciones en Libertador, Calilegua y El Talar. Por lo que el movimiento de derechos humanos, sindical y social no quiere que este genocida muera impune, como lamentable ocurrió con Carlos Pedro Blaquier, ex presidente del directorio de Ledesma SAAI desde 1970 al 2015, por la impunidad que le garantizaron los gobiernos de turno y poder judicial desde 1983 a esta parte.
Este gobierno nacional de Javier Milei y Victoria Villaroel es un salto en esta defensa de la impunidad de los responsables civiles y militares del golpe genocida y de los apagones del terror, ya que no sólo niega el genocidio diciendo que fue una guerra contra la subversión, tal como sostienen los militares, sino que hasta legisladores nacionales del partido de gobierno( La Libertad Avanza) fueron a visitar a militares que están cumpliendo condena en presión por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad de la ultima dictadura. Este poder político rinde honores al aparato represivo del golpe genocida porque saben que el ajuste económico contra el pueblo trabajador y en beneficio del poder empresario y los organismos de crédito internacional como el FMI, no pasa sin represión.
Desde el PTS-FITU planteamos que la lucha debe continuar por el juicio y castigo a Lemos, ex administrador de Ledesma, ya que no puede correr con la misma suerte de Carlos Pedro Blaquier que tuvo condena social pero murió impune, pese a que decenas de testimonios y pruebas aportadas lo responsabilizaban de los Apagones, tanto haber aportado listas negras, cortado el suministro eléctrico de sus usinas, que brindaban luz a los pueblos de Libertador, Calilegua y El Talar, combustible para vehículos de las fuerzas represivas, por haber aportado parque automotor, personal de seguridad y haber detenidos en el complejo agroindustrial de Ledesma. A la par que luchamos contra el ajuste económico contra el pueblo trabajador, la reforma laboral anti obrera, la entrega de los recursos naturales a grandes capitales nacionales y extranjeros, y represión y judicialización del derecho a la protesta social, que lleva a cabo este gobierno nacional de Milei, con el acompañamiento de gobiernos provinciales como el de Sadir(UCR) y senadoras del PJ que votaron a favor del RIGI y el impuesto al salario. Por que los trabajadores podemos dar una salida a crisis reorganizando la economía y las riquezas en función de las necesidades de las mayorías sociales trabajadores y populares, no en función del lucro de una minoría empresaria millonaria, como es actualmente, tanto por el legado de gobiernos anteriores del PJ a nivel nacional, como por las gestiones gubernamentales actuales de la UCR en la provincia y Milei a nivel nacional, con el agravante que este último quiere profundizar el ajuste que los otros gobiernos fueron aplicando gradualmente contra el pueblo trabajador. Este es el mejor homenaje a los y las compañeras detenidos desaparecidos que luchaban por cambiar de raíz este sociedad, y terminar con toda explotación y opresión. |
