Este domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dialogó con el periodista Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia. Allí, entre otros temas, le preguntaron por la reunión realizada el 11 de julio en el Complejo Federal de Ezeiza entre seis diputados de La Libertad Avanza y un grupo de peligrosos genocidas condenados a prisión perpetua. Esa dependencia penitenciaria funciona bajo la órbita del ministerio que ella conduce.
El hecho provocó un repudio generalizado en diversos estamentos políticos, sociales, culturales y, lógicamente, de organismos de derechos humanos. Y también duros cuestionamientos a la propia Bullrich, incluyendo un pedido de explicaciones por parte del Poder Judicial sobre esa particular “visita” protagonizada por representantes del Congreso de la Nación.
“Yo no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver y a qué preso no podés ir a ver”, le dijo Bullrich a Ortelli, buscando desligarse de toda responsabilidad. Para ella, agregó, “lo que estamos viviendo en la Argentina es una construcción de libertad” y “si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ese detenido formó parte de lo que ellos consideran un momento trágico de la Argentina, bueno, lo puede ir a ver. Para mí todos los detenidos que pueden recibir visitas, pueden recibir cualquier visita”.
Si bien reconoció que ella es quien está a cargo del Servicio Penitenciario Federal (y, por lo tanto, no puede desconocer el significado de semejante acto protagonizado por diputados de su gobierno), Bullrich intentó diferenciarse de los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Guillermo Montenegro (este último, hasta donde se sabe, pareja de la vicepresidenta Victoria Villarruel).
“Son decisiones personales de las personas que fueron, no son decisiones orgánicas” del oficialismo y “cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hace”, sentenció la ministra. Pero no respondió ni afirmativa ni negativamente cuando le preguntaron si ella hubiese ido a visitar a detenidos como el exmiembro de la Armada y emblema del genocidio Alfredo Astiz.
También le preguntaron sobre el pedido de explicaciones que recibió del Poder Judicial respecto a la reunión de diputados de su gobierno con criminales de la talla de Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda y varios más. Vale decir que el propio diputado Benedit, organizador de la “visita”, agradeció la “colaboración” del titular del SPF, Fernando Martínez.
“Estoy evaluando cómo responder”, dijo la expresidenta del PRO, quien durante la campaña electoral de 2023 fue acusada por Javier Milei de haber sido “una terrorista que ponía bombas en jardines de infantes” durante su juventud. Bullrich se refería al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad de dicho tribunal, Alejandro Slokar, quien solicitó explicaciones oficiales sobre la visita a Ezeiza y, en caso de haberse cometido alguna irregularidad, se tomen las medidas pertinentes.
En verdad Slokar le envió un escrito al juez Daniel Obligado. El titular del Tribunal Oral Federal 5 es quien condenó a Astiz y otros genocidas y, a su vez, supervisa la ejecución de la pena de esos condenados. El pedido a Bullrich lo cursó Obligado y no Slokar, como afirma confusamente la ministra.
Sobre ese requerimiento judicial, ella responde con su habitual enojo e impotencia. “Diputados piden entrar a una cárcel todo el tiempo, ahora, cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o a De Vido, ¿no preguntaban por qué, cuando estaban condenados por corrupción?”, lanzó intentando hacer tabla rasa sobre la gravedad de la visita de los dipufachos a los genocidas. “¿Por qué un juez me pregunta a mí por qué entraron? Entraron como entra cualquier persona, diputado de la nación, o senador u organizaciones de derechos humanos que piden ver a personas que están condenadas por asesinato o personas que ellos protegen”, agregó sin vergüenza.
“Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no me pregunte cuando entran organismos de derechos humanos a ver asesinos seriales. Digo, vamos con la misma vara para todos”, sentenció Bullrich empiojando una discusión en la que, diga lo que diga, no puede caer bien parada. Ortelli no le preguntó a qué “asesinos seriales” se refería la ministra, abonando la generación de una intriga sin fundamentos. Una vez más, las fake news bullrichistas se lanzan sin que ningún interlocutor la frene. Como cuando habló de “terroristas” que intentaron hacer un “golpe de Estado” el 12 de junio en la masiva movilización frente al Congreso.
Vale decir que el requerimiento del juez Slokar, cursado a la ministra por el juez Obligado, se basa en el hecho concreto e indubitable de que esos genocidas “visitados” continúan cometiendo sus crímenes, ya que nunca dieron la información necesaria para esclarecerlos. Jamás dijeron qué hicieron con cientos de personas desaparecidas ni con las decenas de niñas y niños apropiados.
Repudio y pedido de explicaciones
El repudio a la visita de diputados de LLA a los criminales fue repudiado por los más diversos sectores políticos, sociales, culturales y de derechos humanos. Incluso desde la oposición colaboracionista con el gobierno de Milei buscaron despegarse de semejante acto progenocidas de los legisladores libertarianos.
En Diputados ya se presentaron pedidos de informes para que se expliquen los fundamentos institucionales tanto de la reunión en Ezeiza como de la utilización de un vehículo de la propia Cámara baja para trasladar a los “visitantes” hasta ese Complejo Penitenciario Federal. El primer pedido lo presentó la bancada del Frente de Izquierda y luego hizo lo propio Unión por la Patria.
Myriam Bregman, del PTS-FITU, afirmó que si desde La Libertad Avanza buscaron ser aplaudidos por esa reunión en la cárcel, “les salió horrible” ya que “las muestras de repudio fueron mucho mayores que los apoyos que recibieron”. En ese sentido, vinculó esos gestos y provocaciones del oficialismo con la política de ataque a los sitios de memoria y los consiguientes despidos en ese área.
“A veces la palabra ‘sitios de memoria’ puede dar la idea que estás hablando de algo del pasado que hay que recordar, pero estamos hablando de algo del presente, porque son prueba judicial en las causas que se están juzgando ahora y que seguimos impulsando. Ahora siguen apropiados más de 300 niños y niñas, que fueron secuestrados en la dictadura y hoy continúan aún sin conocer su identidad”, dijo Bregman el viernes entrevistada en El Destape .
La diputada (MC) agregó que “hay que pensar si no hay que volver a construir una gran movilización como la del 24 de Marzo, porque se demostró que cuando hay una convocatoria clara, cuando hay una convocatoria por un hecho legítimo, la sociedad responde”. Y ligó esa idea a la lucha contra el mismo Poder Judicial, donde “hay muchas complicidades” de “personajes como Carlos Stornelli”, responsable de que “todavía haya dos personas detenidas por la movilización del 12 de junio. Stornelli lo único que hace es cumplir órdenes de Patricia Bullrich, porque es su jefa, porque es el sector político que lo salvó después de todos los delitos que se le descubrieron”. |