Desde el comienzo de su mandato, la relación entre las obras sociales y los prestadores no comenzó de la mejor manera, lejos de eso. El gobierno adjudicó este conflicto a un problema económico nacional más general que afectó los primeros meses de su gestión, pero también sostenía que sólo eran “algunos” los servicios que se encontraban suspendidos y que con el paso del tiempo se iban a poder solucionar. Es decir, además de desligarse completamente de la responsabilidad, el gobierno de Pullaro viene negando las ineludibles dimensiones cada vez más preocupantes de la crisis en la salud.
Pretendiendo tapar el sol con la mano, como quien niega esa realidad que en algún momento tiende a aparecer, el gobierno es sacudido durante 22 días por el corte de atención de los servicios programados para una obra social (IAPOS) que ofrece servicio a 600 mil santafesinos; en otras palabras, para una importante proporción de la población ligados en su mayoría a labores que dependen del sector público y la docencia.
Otra de las graves consecuencias que nos deja esta crisis en curso es la suspensión de servicios de anestesiología. Desde hace más de una semana los afiliados a IAPOS deben costear de su propio bolsillo el pago de los servicios de anestesiología durante las intervenciones quirúrgicas que alcanzan hasta $300 mil en cada caso, cuya prestación es indispensable para todo tipo de cirugías.
Sumado a esto, también son frecuentes las denuncias de otras obras sociales donde los usuarios tienen que pagar desde un plus para consultas como parte de los controles cotidianos hasta siderales sumas de dinero para realizar estudios, intervenciones u operaciones que son de carácter urgente para la vida de muchos de estos pacientes. A su vez, los trámites necesarios para conseguir tratamiento de enfermedades crónicas se hacen cada vez más arduos por las decenas de impedimentos que se encuentran a la hora de percibir algo que les corresponde.
Por otro lado, diferentes prestadores se veían obligados a dejar de brindar sus servicios a las obras sociales lo que afectaba directamente a los pacientes siendo que dejaban de recibir la atención de sus profesionales de cabecera, sobrecargando a los que sí continuaban sus servicios trayendo como consecuencia la postergación y complicaciones en la atención.
Radiografía de una crisis anunciada
Para dar cuenta de la magnitud, sabiendo que un tercio de la población se atiende por el sistema de salud público, el cual se ve afectados cotidianamente tanto pacientes como trabajadores por el atraso e irregularidad en los pagos de salario, desfinanciamiento, falta de insumos, largas y extenuantes jornadas de atención, etc., sumado a la falta de servicio por parte de IAPOS y otras obras sociales, estamos frente al resultado de una crisis sanitaria en la provincia que afecta a más de la mayoría de su población dejándola en un callejón sin salida.
Dicha situación se da en marco de las tensiones entre las prepagas y el gobierno nacional de Milei, que en un principio desreguló el sector y al ver que el mercado no ordenaba los precios como creía, dio marcha atrás y ordenó retrotraer los aumentos.
En la provincia donde las cerealeras amasan fortuna y el campo especula con la producción, el gobierno de Pullaro desplaza su responsabilidad a una situación económica coyuntural cuando es sabido que la provincia tiene suficientes recursos para atender una crisis como la actual. Sin desmerecer el evidente ataque del gobierno libertario al conjunto de la población, la realidad también es que Santa Fe cuenta con vastos ingresos para atender a este tipo de situaciones. A pesar de esto, las autoridades de los sanatorios aseguran que a partir de la intervención del Ministerio de Economía, que a disposición de Pullaro gestiona la obra social, el primer semestre en función de las finanzas provinciales fue “bastante restrictivo”.
Lo que empezó desde el comienzo de su mandato como una negociación entre el gobernador Pullaro y Milei para brindarle a este el apoyo a su gestión, por más cacareo que se escuche, y los votos que necesitaba de la provincia para la aprobación de la Ley Bases, se transforma en un verdadero crimen político y en una estafa electoral para aquellos que aún los votaron con las expectativas de que sus condiciones de vida e incluso de salud mejoren.
De este modo, a fines de abril, gran parte de las clínicas de Rosario, Santa Fe y Rafaela recortaron el servicio a los afiliados de Iapos, producto del atraso en los pagos y el reclamo por una actualización arancelaria que, con la disparada de la inflación y la suba de costos, quedaron atrasados.
Una vez más, y a pesar de que funcionarios del oficialismo mediante declaraciones sostenían que no querían que los costos sean pagados por los afiliados, los primeros en verse afectados por dichas medidas e incongruencias son los pacientes cuyos aportes pareciera que de nada sirven. Más allá de esto, con este ataque y el desfinanciamiento a la salud pública se reconfirma cuál es el enemigo del gobierno: las mayorías populares y, en este caso, los trabajadores del sector público y la docencia.
Pasadas las semanas, a mediados de mayo, las clínicas y sanatorios anunciaron que volverían a atender por IAPOS, lo cual le dio un respiro al gobierno siendo que cada decisión que tomaba no hacía más que agravar las condiciones de los afectados. Sin embargo, desde entonces la situación no es la mejor, ya que, si bien la mayoría de las prestaciones volvieron a su limitado funcionamiento con infinitas irregularidades, algunas no menos importantes mantienen sus reclamos. Un ejemplo de esto fue un grupo de funerarias que a fines de junio decidió cortar el servicio y luego reanudar sus actividades.
Por otro lado, también a mitad del mismo mes, el servicio de anestesiología anunció la suspensión de sus actividades por el reclamo a la obra social de una deuda y el aumento arancelario. En estos últimos días, lo que se venía anticipando hace unos meses como un anuncio tomó más fuerza y para la (no) sorpresa del gobierno se volvió realidad: efectivamente, el servicio de anestesiología se suspendió.
En este contexto, mientras la tensión entre la obra social y los prestadores tomaban la forma de una falsa calma, para el gobierno la situación se estaba “normalizando” y, como quien no quiere la cosa, aprovecha la dilación para mirar hacia otro lado y dejar pasar el tiempo para que por obra de magia desaparezca el problema, fingiendo demencia, como se dice ahora.
Lejos de soluciones mágicas, la forma de terminar esto es peleando por un sistema de salud único, donde sanatorios, hospitales, laboratorios sean controlado y bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios, qué sean quienes además de ser beneficiarios del servicio, formen parte de pensar y edificar el plan de salud que realmente necesitan sus trabajadores. Para esto es necesario cortar las relaciones con el FMI, nacionalizar y estatizar los grandes grupos empresarios que fugan y especulan con el fruto de nuestro trabajo, y poner a disposición los recursos que sean necesarios para el desarrollo de un sistema de salud universal para la totalidad de los trabajadores y de forma plena. Nadie sabe mejor que nosotros por qué nos enfermamos, y entendemos que en gran medida el capitalismo y sus funcionarios son los responsables. | 
