El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) profundiza y refuerza la legislación nacional y provincial en materia de inversiones vigente que otorga todo tipo de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a las multinacionales extractivistas. Los cuales se suman al capítulo fiscal y laboral a favor de las empresas que integran la Ley Bases.
Hay que tener en cuenta que aún si la provincia no adhiriera al Rigi, quien puede establecer la quita total de las retenciones y el 100 % de disponibilidad de divisas, como lo hace el Rigi, es el Estado nacional. Es decir, la planta de hidrógeno verde o el fracking, ya sea que se instale en Chubut o Río Negro (por dar un ejemplo), va a gozar de los beneficios cuasi coloniales del Rigi. Lo que está al alcance de la provincia es lo que, aparentemente, buscaría el gobernador: la estabilidad fiscal a escala provincial.
El resultado es un salto de la subordinación del país al capital financiero internacional y consecuencias socio ambientales de gravedad. No satisfechos con esta entrega y ataques a los derechos laborales, se cede otro derecho soberano, por el cual los juicios que se hagan a las empresas adheridas al Rigi se resolverán en cortes internacionales donde la Argentina siempre ha perdido. Algo que está vigente desde los noventa con la prórroga de sesión de soberanía que se ha votado gobierno tras gobierno a pedido del FMI.
Respecto a la provincia, el Rigi blinda toda la estructura fiscal local a medida de las grandes empresas exportadoras que no podrá tener cambios durante 30 años. Las petroleras o las empresas que impulsan el hidrógeno verde, de fiesta.De igual manera, las comunidades que decidan iniciar un juicio contra una petrolera o una plana de hidrógeno verde o una minera por daños ambientales o porque no respeta los derechos vigentes sobre su territorio, como es la consulta previa, libre e informada, un hecho que sucede en la meseta chubutense, su reclamo será definido por una corte extranjera que está del lado de las multinacionales.
En material ambiental, con el Rigi las empresas extractivistas tendrán prioridad en el uso del agua antes que las personas que vivan en los territorios, algo en lo que también está metido el sionismo a través de los acuerdos que Chubut suscribió con la empresa israelí Mekorot. Las empresas podrán exigir la derogación de leyes de protección ambiental existentes, que se suma a las modificatorias en la Ley Bases para dar luz verde sin ningún tipo de control ni estudios de impactos ambientales.
Inversiones en fracking, hidrógeno verde, uranio, un ejemplo de su “desarrollo”
Con el fracking el hidrógeno verde o, con la minería (un área central a la cual apunta el Rigi) se reproduce un esquema tipo de “economía de enclave”, donde lo que predomina es la extracción de minerales en forma intensiva con destino exportador, con escaso valor agregado local, y un alto impacto ambiental, reproduciendo en forma aguda el carácter dependiente y la estructura exportadora primaria del país y de la provincia. Todo lo contrario, a la diversificación de la matriz productiva que desde Arcioni a esta parte se repite cual mantra.
Torres quiere traer a Chubut el modelo del fracking en Vaca Muerta que contamina millones de litros de agua por pozo, acumula miles de toneladas de residuos tóxicos, provoca sismos y contamina el aire. Quiere profundizar el modelo extractivista y el saqueo de bienes comunes naturales, para extraer hasta el último litro de petróleo de los ya devastados yacimientos provinciales.
La utopía del PJ
Sectores del PJ que rechazan el RIGI como el de los diputados Coliñir y Fita, pero sostienen la Ley de inversiones provinciales y todo el andamiaje legal en la materia apostando, a lo sumo, a un fallido esquema de regulaciones estatales sobre el gran capital, así le votaron a principios de mandato a Nacho Torres las leyes sobre las concesiones petroleras. Algo que ha sido incapaz de sacar al país del atraso y la dependencia. Es más, todo esto es asumiendo como imposible la salida del FMI. Y cuestionan el Rigi porque puede interferir en la acumulación de dólares para pagar la deuda, cuando ya se demostró durante los gobiernos kirchneristas que pagarles serialmente a los acreedores no impide que la deuda siga creciendo, sino todo lo contrario.
No muy distinto es el esquema de asociación con las mineras de litio a través de YPF como propone el sector de Grabois. Se presenta la ilusión de que si YPF, una sociedad privada con mayoría estatal, se asocia con las mineras del litio se pueden lograr cierta regulación en el sentido que se le da a la actividad, hacerla menos extractivista, y generar algún agregado de valor local y desarrollo de las comunidades. Se olvida, Grabois, que YPF tiene socios accionistas como Blackrock, Vanganduar o Citicorp que son también dueños de las mineras de litio (grupo Arcadhium Lithium). El capital financiero (en este caso, fondos de inversión) está de los dos lados del mostrador. Regularlo desde YPF es otra utopía, toda vez que las áreas de explotación de YPF en la cuenca del golfo San Jorge están en remate y Torres logro absoluta discreción para su concesión en la Legislatura provincial.
Con Rigi los territorios serán zonas de sacrificio, sin derechos de las comunidades indígenas ni ambientales
Los derechos territoriales de las comunidades indígenas, el respeto a su cosmovisión, la relación con la naturaleza y las actividades productivas que desarrollan para el autosustento se verán mucho más afectadas con el Rigi.
El avance de multinacionales extractivistas del petróleo, el hidrógeno verde y la megaminería pone en riesgo la permanencia y la vida en los territorios que habitan desde tiempos ancestrales despojándolos de los mismos.
El uso irracional del agua, la contaminación, por parte de las petroleras, el hidrógeno verde y las mineras en ecosistemas de extrema fragilidad atenta contra las formas de vida comunitarias que llevan adelante, pero también ponen en riesgo humedales alto andinos y áreas protegidas que fueron reconocidos formalmente por el Estado. Las implicancias socio ambientales actuales y del avance de otros proyectos extractivistas con el Rigi son de consecuencias inconmensurables, generando verdaderas zonas de sacrificio.
Un plan de salida a la crisis a favor de las mayorías
El rechazo al Rigi por parte de la izquierda va de la mano del rechazo también de las leyes que facilitan ayudas fiscales a las petroleras, las pesqueras y toda explotación extractiva de los bienes comunes naturales. En muchos casos esto implica que, otorgan por Ley no pagar por 10 años impuestos provinciales a una empresa que gana millones en base al saqueo. Para ejemplo de la impunidad con que se manejan las patronales alcanza con mirar la historia de Aluar.
Respecto a los bienes comunes naturales como la tierra y el agua, tienen que estar bajo control de los trabajadores y comunidades indígenas que habitan en territorios donde se encuentran los mismos. Sobre esta base, serán las mayorías trabajadoras las que definan qué plan productivo llevar adelante en la provincia para responder a las demandas de alimento, energía, viviendas, infraestructura; y qué tipo de relación con los inversores (sean extranjeros o nacionales). Son ellas las que deben decidir los criterios sobre qué, cómo, cuánto y dónde se produce en esos territorios, el destino del excedente, contemplando las necesidades de las mayorías sociales, respetando derechos sociales, de las comunidades indígenas, buscando un equilibrio con la naturaleza.
Conquistar el control de los bienes comunes por las mayorías es parte de una pelea de fondo por reorganizar la economía de la provincia y del país a partir de que la clase trabajadora se ponga de pie, y en alianza con las comunidades y el pueblo pobre, disponga así de todas las medidas soberanas necesarias para revertir la decadencia del país en manos del FMI, las grandes corporaciones y sus gobiernos.
Desde el PTS denunciamos que el plan extractivista de Torres, tiene como objetivo conseguir dólares para seguir pagando la deuda que tomó Das Neves y Arcioni mientras sigue, contrayendo nueva deuda, como la que tramitó recientemente, autorizada por el gobierno nacional.
Lejos de expandir la frontera extractivista, es necesario estatizar la industria energética con el control de sus trabajadores y comunidades para iniciar una transición verdaderamente justa, desde abajo. Esta medida podría permitir diversificar la matriz energética y al mismo tiempo garantizar el acceso a la energía para toda la población.
En este sentido, para generar empleo y salir de la pobreza no estamos condenamos al saqueo extractivista (salvaje a lo Rigi o con alguna regulación estatal a lo K o Grabois). Por el contrario, medidas como la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo en grandes empresas como pueden ser hoy las petroleras, las pesqueras o ALUAR, permitiría generar empleo genuino y mejorar el tiempo libre del trabajador.
En vez de menos derechos laborales, para salir también de la pobreza actual, se necesita un aumento del salario mínimo acorde al costo de la canasta familiar y que sea actualizado según la inflación mensual, afectando las siderales ganancias intocadas gobierno tras gobierno, de las patronales. Un plan de obras públicas financiado con los fondos del no pago de la deuda e impuestos progresivos a las grandes fortunas. Son medidas para que las aplique otra clase que tiene que hacerse del poder.
Es decir, entre los planes desbocados de saqueo de nuestra bienes comunes que propone el liberalismo, y las falsas regulaciones que plantean quienes proponen desde el peronismo un estatismo blando que a lo sumo lograría redistribuir las migajas del saqueo, proponemos levantar un tercer programa para sacar a las mayorías de la pobreza e indigencia, apuntando a un verdadero desarrollo sostenible y soberano en manos de quienes hasta hoy no han tenido decisión sobre ello: los y las trabajadoras y el pueblo pobre. Sin dudas, para ello necesitamos una gran fuera política, una izquierda socialista de la clase trabajadora, capaz de imponerlo a los partidos del saqueo, el ajuste y la depredación.
Desde el PTS en el FITU hacemos un llamado a los sindicatos, organizaciones sociales, comunidades indígenas, centros de estudiantes, a organizarse y coordinar todo lo necesario para que no se avance con el Rigi en Chubut y en el resto de las provincias. El año 2021 le dijimos NO a la zonificación minera ganando las calles, volvamos a hacerlo contra el Rigi.
PTS Chubut
23 de julio de 2024 |
