Estos días hemos conocido nuevos movimientos de la ofensiva judicial, liderada por el juez Juan Carlos Peinado, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación al caso de su esposa, Begoña Gómez. El juez citó este lunes a Sánchez a tomar declaración como testigo en La Moncloa el próximo martes 30 de julio. Una citación que no sería resultado de ningún indicio nuevo, que ha sido recurrida este martes por la defensa de Gómez y por la Fiscalía de Madrid, y en la que Sánchez ha pedido al juez que su declaración sea por escrito y no en persona.
Mientras tanto, este mismo martes, el PSOE de Sánchez concretaba en el Congreso el reaccionario pacto con el PP para la renovación del Poder Judicial. Una maniobra que refuerza el modelo bipartidista y legitima a la casta judicial de este Régimen del 78 que, a través del juez Peinado, continúa con el proceso contra Gómez en lo que es parte de una campaña política contra Sánchez, para satisfacción de los populares y la extrema derecha.
Recordemos que la imputación de su esposa el pasado abril, llevó a Sánchez al “me tomo cinco días de reflexión” para valorar una posible dimisión, que no hizo como sabemos, para volver finalmente con el anuncio de una política de “regeneración democrática”. Como señalamos entonces, esta maniobra política de Sánchez se iba a traducir en que nada cambie, algo que se ha constatado con el mencionado pacto de renovación del CGPJ, pero también con las recientes e insignificantes medidas con respecto a la ley mordaza o sobre los medios de comunicación.
Estas concesiones del Gobierno del PSOE y Sumar a la casta judicial tan solo refuerzan su impunidad y rol político al frente de la represión en Catalunya, de la represión a sindicalistas como las “Seis de la Suiza”, a activistas como los “Siete de Aroztegia” o antifascistas como los “Seis de Zaragoza”. Así, mientras la “regeneración democrática” de Sánchez demuestra no tener recorrido, la casta judicial avanza también en el lawfare o “bonapartismo judicial” contra el propio presidente. Como indicaba Josefina Martínez, editora de Izquierda Diario, en “El Tablero” de Canal Red.
Casi está de más señalar el doble rasero, las diferencias del trato judicial entre este caso y la imputación de la pareja de la presidenta de Madrid de PP, Isabel Díaz Ayuso, o la impunidad de Mariano Rajoy por el caso Gürtel, aún apareciendo en los conocidos “papeles de Bárcenas”.
Más importante sería, sin embargo, no perder de vista qué representa Begoña Gómez, una ejecutiva bien relacionada con el mundo empresarial y la casta universitaria y que, como la gente de su clase, viven en un mundo de influencias y redes clientelares para medrar y que las empresas para las que trabajan hagan negocio, bien sea de forma “legal”, o directamente corrupta.
¿De qué trata el “caso (u operación) Begoña Gómez”?
Ahora bien, sin determinarse todavía los posibles delitos de Begoña Gómez, lo que se va constatando día a día es que la actuación del juez Peinado, al frente del caso, es parte de una campaña política de desestabilización contra su esposo y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El último episodio, la citación del juez al presidente, podría avanzar en un posterior intento de imputación, como ha ocurrido con el caso de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid.
Las sospechas sobre este proceso judicial comienzan desde el principio, con la decisión del juez Peinado de abrir diligencias en abril a raíz de una denuncia de Manos Limpias —organización de extrema derecha caracterizada por este tipo de acusaciones políticas con objetivos difamatorios— que se sostenía únicamente en notas de prensa poco contrastadas, algunas ya demostradas como “fakes”, como reconoció la propia organización.
A partir de ahí, las acusaciones contra Gómez han girado en torno a tres puntos. Uno de ellos, su posible implicación en el rescate durante la pandemia a Globalia (Air Europa). El segundo, la posible implicación, en los contratos públicos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés, que fue profesor de un máster codirigido por Begoña Gómez en la Complutense, por valor de casi 23 millones de euros entre 2017 y 2024. En ambos casos, la UCO (Unidad Central Operativa de la Policía Judicial) desestimó los indicios delictivos y la posibilidad de que Gómez se hubiera beneficiado económicamente.
La tercera de las acusaciones, y por la que trata de avanzar el proceso judicial de Peinado, gira en relación a la cátedra extraordinaria de “Transformación Social Competitiva” que codirige con el profesor José Manuel Ruano desde octubre de 2020 —hoy pendiente de renovación—, y que fue concedida por el mencionado rector de la Complutense, Goyache, en una reunión con Gómez en la Moncloa. En este caso, se estudia si Gómez se habría lucrado de algún modo con el software de 210.000 euros que diferentes empresas aportaron a esta cátedra, o con los dos másteres que impartió en dicha universidad.
Sin embargo, la forma en que el juez Peinado está llevando el proceso judicial está siendo cuestionada por las declaraciones de expertos jurídicos en los medios, al considerar que, en lugar de investigar indicios previos, el juez a lo que se dedica es a investigar los posibles indicios. Estaría realizando lo que se denomina una “investigación prospectiva” y, por lo tanto, actuando de forma ilegal.
Por último, señalar que la investigación del juez no sólo parte de una denuncia de Manos Limpias, como indicábamos arriba, sino también de la querella de otra organización ultraconservadora, como es Hazte Oír. Incluso la citación de Sánchez fue solicitada en primer lugar por Vox y aceptada por Peinado, dejando menos dudas todavía si cabe de las conexiones entre el juez y la extrema derecha, en lo que más que un caso judicial es una operación política.
¿Cómo enfrentar realmente el lawfare y la ofensiva de las derechas?
El “caso Begoña Gómez” pone de manifiesto las estrechas relaciones entre la casta judicial, con las organizaciones de extrema derecha, lobbys ultracatólicos, y sus medios de comunicación afines. Manos Limpias denuncia, un juez admite, los medios difunden, y el PP y Vox hacen campaña política. Todo ello para desestabilizar a Sánchez y al Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, tratar de forzar un adelanto electoral y terminar de bloquear definitivamente la ley de amnistía.
A un año del 23J y la revalidación del Gobierno “progresista”, la victoria de Sánchez parece cada vez más pírrica, en medio de este lawfare de las derechas y con Junts bloqueando los presupuestos generales, por la negociación de la investidura de Salvador Illa y del PSC en Catalunya con el apoyo de ERC, como parte de la restauración autonómica y que puede costarle la legislatura.
¿Cómo entender esta situación? El PSOE denuncia el lawfare, pero es el mismo PSOE del 155 que dirigió la acusación de la Abogacía del Estado en el juicio del procés, que lleva años usando el Constitucional para vetar leyes aprobadas en parlamentos autonómicos, que ha usado a los jueces para bloquear investiduras en el Parlament, que aprobó escuchas ilegales de conversaciones personales por medio de Pegasus o que autorizó infiltraciones policiales en los movimientos sociales y el independentismo. Eso es el PSOE, un partido que cerrando filas con la casta judicial y la Monarquía de Felipe VI, lo que abre es la puerta a las ofensiva de las derechas dirigidas por el PP, que tienen como objetivo dar un giro todavía más conservador y reaccionario en el apuntalamiento del Régimen del 78.
Por otra parte, el apoyo al PSOE que le brinda Sumar desde el Gobierno, pero también los socios de investidura, como Podemos, no enfrenta el lawfare ni la ofensiva de las derechas. Tan sólo supone su subordinación política a las lógicas del “extremo centro”, que llevan a sostener a un gobierno imperialista y neoliberal, que nos quieren hacer pasar por “progresista”.
Los pactos de gobierno e investiduras con el PSOE lejos de “torcerle el brazo” en clave “progresista”, como sostiene la izquierda reformista, se han traducido en la recuperación electoral del partido de Sánchez a su costa, en el reforzamiento del bipartidismo en su conjunto y en la desmoralización política. Incluso el “giro a la izquierda” de Podemos, resultado de su salida del Gobierno —a causa de que le apartaran de los ministerios, más que por diferencias de fondo—, no rompe ni mucho menos con esa política, tan sólo busca recomponerse electoralmente como el “ala izquierda” del progresismo y esperar una recuperación electoral para renegociar las alianzas con el PSOE y sus socios.
La alternativa a esto va en una dirección totalmente opuesta, en la de construir una izquierda radicalmente independiente de los partidos capitalistas, que apueste por la movilización social contra el Régimen del 78. Lo contrario a sostener la ilusión de que las conquistas se consiguen negociando en el parlamento de esta democracia de ricos, esperando una y otra vez que el PSOE no actúe como lo que es, un brazo político del Régimen al servicio del IBEX 35.
Si queremos enfrentar el lawfare y el avance de las derechas, pero también pelear por la libertad de las detenidas por luchar, por el derecho de autodeterminación, por la derogación de las leyes mordaza y de extranjería, por un efectivo reparto de horas sin rebaja salarial, o por poner fin a los presupuestos militaristas en favor de la sanidad, la educación y las pensiones; es preciso organizar desde abajo un plan de lucha, desde cada puesto de trabajo, centro de estudio y desde cada barrio. Hay que dar una respuesta en las calles.
Tratemos de recuperar las mejores tradiciones de lucha de la clase obrera y sus herramientas, como las asambleas de base y la huelga general, apostemos por construir un partido revolucionario que defienda este programa y esta estrategia, para poder vencer e imponer nuestras reivindicaciones. Frente a la pasividad y la conciliación con el Gobierno que impone la burocracia sindical y el progresismo reformista, mientras la extrema derecha gana terreno y capitaliza el descontento social, la salida es anticapitalista y socialista. |
