El caso de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador Javier Macaya, ahora ex presidente de la UDI, ha levantado indignación y críticas sobre el carácter de la justicia chilena, incluso movilizaciones al respecto: El pasado lunes 22 de julio, cientos de mujeres se manifestaron a las afueras de la sede de la UDI, ayer secundarias de liceos de niñas en la ciudad de Stgo se movilizaron, quienes fueron reprimidas.

Hubo también manifestaciones de un sector del movimiento de mujeres en Concepción, Rancagua y hasta el histórico puente Ibáñez de Aysén (de las movilizaciones del 2012) apareció con un lienzo exigiendo la cárcel al tipo. Macaya padre fue sentenciado a seis años de prisión por abusos sexuales reiterados contra menores, una pena que resulta indulgente frente a la gravedad de los delitos y a la solicitud de la fiscalía de 12 años de cárcel​.

Para hoy viernes, se espera una importante concentración de protesta en las afueras de la Corte Suprema en Santiago.

Macayas, padre e hijo: dos caras de la impunidad

Otro aspecto vergonzoso fue la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, al permitir que Eduardo Macaya cumpliera su cautelar bajo arresto domiciliario tras el pago de una caución de 150 millones de pesos. Mientras un burgués pedófilo disfruta de su opulencia en plena impunidad, la realidad muestra que la cárcel está reservada solo para los sectores populares. O el mismo contraste con el caso Jadue, donde la operación política del poder judicial contra el alcalde de Recoleta, no puede ser más burda, montando además un espectáculo comunicacional que solo busca debilitar a la izquierda.

La reciente entrevista en la que Javier Macaya, ex presidente de la UDI e hijo del condenado, culpa a las víctimas y defiende a su padre, pone de manifiesto la hipocresía de la derecha. En audios recién revelados, Macaya descalifica a una de las víctimas llamándola "niña agrandada" al usar el pañuelo verde, símbolo del movimiento de mujeres.

La Educación Sexual Integral (ESI) es esencial para prevenir y detectar la violencia sexual y de género. Sin embargo, mientras la derecha rechaza la ESI, encubre a abusadores como Macaya, repitiendo el patrón de encubrimiento que usó con Spiniak, Karadima y Paul Schaefer. Su oposición a la ESI y su defensa de delincuentes revelan una doble moral flagrante.

Por otro lado, el poder judicial, que pretende ser independiente, está en realidad sujeto e influenciado por el poder político. Los jueces de la Corte Suprema, por ejemplo, no los elige el pueblo: son nombrados por el Presidente, en acuerdo con el Senado. Esto se traduce en presiones externas que afectan directamente la supuesta imparcialidad, especialmente en casos con implicaciones políticas o que involucran figuras públicas.

El poder judicial es antipopular: jueces que no han sido elegidos por nadie, con sueldos millonarios, se convierten en una casta.
¡Los jueces deben ser electos en votaciones populares!

El sistema de justicia tiene un carácter de clase, patriarcal y racista, que no solo afecta la forma en que se imparte justicia, sino también quiénes tienen acceso a ella y cómo se trata a diferentes grupos dentro del sistema.

Justicia ¿al servicio de quién?

El ejemplo más claro de que la justicia sirve a los poderosos es la forma en que el sistema favorece a quienes tienen más recursos económicos. La capacidad de contratar abogados de calidad, pagar altas fianzas y acceder a redes de apoyo influyentes garantiza que los más ricos obtengan mejores resultados judiciales. Aunque la justicia promete igualdad para todos, en la práctica, quienes cuentan con más recursos suelen recibir una justicia más favorable.

El sistema judicial también está impregnado de normas y valores patriarcales y antidemocráticos que afectan la interpretación y aplicación de las leyes, especialmente en casos de violencia de género y discriminación. Las mujeres y personas víctimas de violencia enfrentan barreras adicionales, como ser desestimadas o juzgadas según estereotipos de género. La legislación y políticas judiciales a menudo no reflejan las experiencias de mujeres y disidencias, y la excesiva judicialización de los casos actúa como una barrera para la protección de las víctimas y la prevención de la violencia machista.

El racismo es otra dimensión importante: personas racializadas, como pueblos originarios y migrantes suelen enfrentar mayor discriminación en el sistema judicial, resultando en tasas de arresto más altas, condenas más severas y menos posibilidades de obtener libertades condicionales. Los prejuicios presentes en la sociedad se reflejan en los sistemas legales y judiciales.

En resumen, el sistema de justicia chileno no opera en un vacío; su carácter de clase, patriarcal y racista refleja las influencias que lo moldean. El caso de Eduardo Macaya demuestra cómo las estructuras patriarcales y de la clase dominante dictan el funcionamiento del poder judicial, perpetuando la opresión y protegiendo los intereses de los grandes poderes económicos. La indulgencia hacia Macaya, por su estatus social, es una manifestación clara de la injusticia inherente en un sistema diseñado para preservar el poder y la impunidad de la burguesía.

La lucha urgente por una ESI contra la violencia patriarcal y por el aborto legal

La falta de acceso a la justicia para mujeres, niñas, niños, y disidencias sexogenéricas se agrava por la ausencia de una Educación Sexual Integral (ESI). La ESI es fundamental para desmontar estereotipos de género, promover relaciones más igualitarias y capacitar a las personas para reconocer y denunciar abusos, reduciendo así la impunidad de los agresores y previniendo situaciones de violencia. Sin una ESI, persisten las percepciones erróneas sobre la culpabilidad de las víctimas y la minimización del abuso.

En este contexto, resulta crucial impulsar una campaña independiente del gobierno por una ESI, desde nuestros lugares de estudio, barrios y sindicatos. Ante la avanzada de la derecha y sus ideas conservadoras, la lucha por el aborto legal, libre, seguro y gratuito cobra una relevancia aún mayor. La criminalización del aborto afecta principalmente a las mujeres y personas gestantes de bajos ingresos, que tienen menos acceso a servicios de salud de calidad. Aunque la ESI puede reducir la necesidad de abortos al mejorar el acceso a la información y métodos anticonceptivos, el aborto debe ser accesible y seguro cuando sea necesario.

Esta campaña tiene el potencial de unificar y fortalecer al movimiento de mujeres y disidencias sexogenéricas, ofreciendo una posibilidad de articulación frente a la hipocresía de la derecha y el gobierno. Es imperativo retomar la discusión sobre la separación efectiva del Estado y la Iglesia, especialmente a la luz de la reciente negativa de la comisión episcopal sobre el aborto en tres causales.

Debemos interpelar a organismos como la Central Unitaria de Trabajadores y el Colegio de Profesores para que se sumen a esta lucha. Su participación activa es clave para impulsar una gran movilización nacional y una campaña efectiva por los derechos que la derecha nos niega. La justicia, tal como está construida, es una fortaleza burguesa y patriarcal que protege a los poderosos mientras criminaliza a los sectores más vulnerables. Enfrentar esta injusticia no es una opción, es una necesidad imperiosa. Exigimos con firmeza la implementación de una educación sexual integral y seguiremos luchando sin descanso por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. El caso de Macaya nos empuja como movimiento de mujeres y disidencias a tomar en nuestras manos la agenda y frenar el avance de la derecha y los empresarios que quieren precarizar aún más nuestras vidas.