En última instancia, la apuesta del Gobierno con la Ley Jaguar, haya o no referendum, es garantizar mejores condiciones electorales para el 2026. Por un lado, el no haber participado de las elecciones municipales entorpeció la capacidad del gabinete de construir ese “vehículo propio del rodriguismo” y prepararse para las elecciones nacionales. Por otro las salidas de Luis Amador y Natalia Díaz demuestran dos escenarios muy distintos para el 2026: uno que demuestra cómo la falta de cohesión dentro del propio gabinete abre la puerta para la fragmentación política y el oportunismo; mientras que el otro, abre la posibilidad de la intervención del rodriguismo por medio de alguna correa de transmisión a través del acuerdo político (de existir para el 2026) con Díaz.
Finalmente Chaves decidió que el referendum se limite a proponer una serie de reformas a los alcances de la Contraloría General de la República y a JAPDEVA. Por un lado, evitando cualquier tipo de intromisión de la Contraloría en el desarrollo, gestión y ejecución de proyectos de infraestructura llevados adelante por la administración pública, dejando sin capacidad de intervenir ningún proyecto del Gobierno por vicios o irregularidades; y por otro, facilitando la apertura al financiamiento privado en JAPDEVA.
Sin embargo, no hay que dejarse llevar por este giro en nombre de la “democracia” y muy a pesar de la retórica del presidente, el referendum en este caso no es más que otra herramienta de preservación del status quo de la burguesía en el país. Hace falta recordar las condiciones en las que la burguesía y todo el personal político a su servicio garantizaron la firma del TLC con Estados Unidos en el 2007: lejos de ser “decir sí o no a la democracia”, lo que estuvo en juego fue el aparato de propaganda y un campaña de miedo contra miles de trabajadores para aprobar el referendum y profundizar la dependencia al capital transnacional.
En este caso, la Ley Jaguar no cae demasiado lejos, por un lado el concepto de “impulsar el desarrollo de Costa Rica” implícito en el proyecto de ley da por un hecho que la varilla y el concreto son sinónimos de “avance”, cayendo en la típica retórica desarrollista que iguala la destrucción de ecosistemas, la fractura metabólica con el ambiente y la gentrificación con el bienestar y el avance, al mismo tiempo que se corta el agua por días enteros en comunidades urbanas y se contamina y envenena con pesticidas en comunidades rurales. Por otro lado, el centro del proyecto de ley es garantizarle al Ejecutivo que sus negocios millonarios con la concesión de obra pública tengan vía libre; como si los escándalos de corrupción ligados a concesiones hechas a la medida, repletas de sobornos e irregularidades, como el Cementazo o el Caso Cochinilla no hubieran dejado suficientemente claro que la infraestructura pública en manos de los políticos representantes de las patronales y el gran capital está reducida a un negocio multimillonario para una ínfima minoría.
Ley Jaguar: Bonapartismo y crisis de representación
Ya hemos caracterizado al gobierno de Rodrigo Chaves como un “Gobierno sin partido”, es decir, sin un acuerdo fuerte o un programa claro que le garanticen un grupo de respaldo a sus proyectos políticos y que centralice la intervención del gobierno. Por el contrario, a poco menos de la mitad de su gestión, la administración Chaves Robles ya registraba cifras récord en renuncias y despidos de su gabinete, contando más de 42 salidas de ministros, presidentes ejecutivos y viceministros. Salidas como la de Luis Amador, ex-ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), muestran la debilidad del acuerdo alrededor del presidente: una de las figuras más estables durante su gestión, pero que acabó por “autoexiliarse” a Canadá tras ser destituido y ya ha expresado públicamente sus intenciones de ser candidato presidencial en la elección del 2026; o la propia salida de la Ministra de la Presidencia Natalia Díaz, cuya agrupación política Unidos-Podemos pasó de ocupar 1 a ocupar 9 alcaldías en todo el país.
Sin embargo, la realidad del país no presenta una polarización tan aguda como en Argentina, Estados Unidos, o en Francia. Las explicaciones para esto son variadas, sin embargo, una de las razones que mantenían una relativa estabilidad en el Gobierno había sido el apoyo que Rodrigo Chaves encontró en el jefe de fracción del PLN Rodrigo Arias.
El papel que han jugado tanto Rodrigo Arias, como en general el personal político del PLN ha sido el de un “oposición responsable”, siempre manteniendo el acuerdo de fondo de profundizar la agenda antiobrera del capital. Liberación Nacional ha intentado por todos los medios posibles que Chaves no profundice la crisis de representación, para ello lo ha mantenido dentro de límites más o menos precisos, en acuerdo con toda una gran facción de la burocracia administrativa del Estado. Sin embargo Arias, que en un momento le garantizó gobernanza a la gestión Chaves Robles, siempre a favor de proyectos como la Jornada 4x3; ahora hace un giro contra el propio presidente apuntando desde ya a las elecciones de 2026.
Frente a este panorama, el presidente Chaves apuesta por una estrategia diferente esta vez: ahora el bonaparte sin partido va a un choque frontal contra las instituciones con la mente puesta en las elecciones, una apuesta por una “factura electoral”. Con el proyecto de ley 24.364, la llamada Ley Jaguar, Chaves en principio anunció que varios de sus proyectos estancados en la Asamblea Legislativa, como la apertura del mercado eléctrico, la jornada laboral de 12 horas, la venta del BCR, entre otros; serían sometidos a la “decisión del soberano” por medio de la realización de un referendum. Detrás de la propuesta Chaves agrupa un equipo de asesores estrella: el exdiputado del Movimiento Libertario Otto Guevara, el excandidato Juan Diego Castro, el exministro de justicia del gobierno de Pacheco José Miguel Villalobos, así como Alex Solís quien fue contralor general en ese mismo gobierno y Sylvia Solís la subcontralora del gobierno de Carlos Alvarado; además de la participación de la jefa de fracción del gobierno en la Asamblea Pilar Cisneros y algunos de sus ministros.
Apostar por nuestras propias fuerzas
Muy a pesar de que instituciones como la Contraloría, la Sala Cuarta o la propia Asamblea Legislativa estén en función de la minoría millonaria del país para legislar en contra del pueblo trabajador; la salida a la crisis de representación está en poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas y nuestros métodos de organización independientes.
Desde Organización Socialista Revolucionaria nos colocamos frontalmente contra la Ley Jaguar y frente a la política hecha a la medida de la agenda de los ricos y el capital, apostamos por la fuerza de la clase trabajadora. Basta con echarle un vistazo al equipo detrás de la Ley Jaguar y sus proyectos políticos para tener claro que no hay ningún futuro favorable para la juventud, las mujeres y la clase trabajadora siguiendo las recetas de Otto Guevara o Juan Diego Castro. Pongamos en pie una izquierda que oponga la agenda del pueblo pobre y la vida de las familias trabajadoras a las ganancias de los multimillonarios que se reparten la tierra en Guanacaste o que envenenan el agua en Sixaola.
La campaña del TLC dejó claro que no hay que depositar ninguna confianza en el voto en el referendum, que terminó siendo una trampa para desmovilizar, desarticular y desmoralizar. Independientemente de la votación que la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional o el TSE hagan sobre el referendum, basados en las lecciones del 2007 podemos concluir que es fundamental apostar por la independencia de clase. |
