Pasó un mes y medio desde la desaparición del menor de cinco años tras un almuerzo familiar en el Paraje Algarrobal, en la provincia de Corrientes. Una investigación que, por lo menos en sus inicios, buscó desviar la responsabilidad de quienes se lo llevaron. Sobre el gobernador Gustavo Valdés pesa una denuncia penal “por encubrimiento”. La movilización popular ha logrado nacionalizar el caso de Loan y mantener presente el debate sobre su desaparición, a diferencia de otros casos que rápidamente caen en el olvido.
“Sustracción y ocultamiento de un menor” es el cargo por el que están detenidas siete personas, entre ellos se encuentran un policía, un exmarino de las Fuerzas Armadas y una funcionaria municipal de la localidad 9 de Julio. También está detenida una tía y su esposo, y una pareja amiga de la abuela. Pero durante los primeros días los fiscales Guillermo Bary y Juan Carlos Castillo mantuvieron una única hipótesis: que Loan se había perdido buscando naranjas. Las autoridades no aplicaron el protocolo Alerta Sofía, que incluye el cierre de rutas, lo que permitió a los secuestradores ganar tiempo para llevarse al pequeño. Se perdió un tiempo que los secuestradores aprovecharon para llevarse al pequeño, y que hasta ahora no se sepa nada de él.
El cambio de carátula y que pase a la Justicia Federal, en gran medida fue empujado por la movilización popular. Desde los primeros días en que desapareció Loan, el pueblo de 9 de Julio -la localidad en la que se encuentra el Paraje Algarrobal- salió a las calles exigiendo “con los chicos no”. Fue en esas marchas en que se conoció lo que ocurre en la provincia de Corrientes: la desaparición de menores y mujeres por las redes de trata.
Las manifestaciones se extendieron a distintas localidades de Corrientes. La familia marchó con una multitud en la Ciudad de Corrientes, pasaron por las puertas de la Casa de Gobierno, del Ministerio de Seguridad de la provincia y las de la Jefatura de Policía. Sin embargo, el gobernador Gustavo Valdés, no los recibió a pesar de que los padres lo reclamaron. Tampoco el presidente Javier Milei recibió al papá de Loan cuando este viajó hasta la Ciudad de Buenos Aires.
La turbia investigación y una crisis provincial que no pueden cerrar
El gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al comienzo de la investigación apoyó al gobernador de la UCR, aliado de la Casa Rosada. Luego, cuando el pueblo continuaba en las calles denunciando al gobierno provincial por las “negligencias” en la investigación, Bullrich expresó que la Policía y la Justicia correntina hicieron todo mal -lo cual por supuesto fue así- y prometió que sus fuerzas de seguridad federales encontraría a Loan.
Días después Laudelina, tía de Loan, declaró luego ante la Justicia provincial que la funcionaria, María Victoria Caillava y el excapitán de la Armada, Carlos Pérez, habían atropellado a Loan. El caso parecía cerrarse y Bullrich pretendía ser la protagonista de encontrar al menor. Viajó hasta la provincia y desplegó un operativo de rastrillaje en el Paraje Algarrobal que fue televisado en “cadena nacional”. Al finalizar la tarde, la ministra dijo: “No tenemos información de Loan”.
Apenas tomó estado público la declaración de Laudelina, Gustavo Valdés comunicó por la red X, exultante, el esclarecimiento del caso Loan. El pueblo de Corrientes salió a las calles para denunciar que no creía en la declaración de la tía de Loan. Días después se conoció que Laudelina realizó una declaración guionada por quienes le ofrecieron una casa, dinero y una moto y la acompañaron en plena noche a presentar una denuncia ante un fiscal. Detrás de esta declaración mendaz se encontraban dos allegados del gobernador: el senador Diego Pellegrini y el abogado José Codazzi. Este jueves efectivos de Gendarmería Nacional junto a detectives de la Policía Federal allanaron la casa de Codazzi, el exabogado de Laudelina acusado por extorsión. El operativo se dio luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan presentara una denuncia penal contra el gobernador de la provincia por supuesto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la desaparición del niño Loan Peña.
El fiscal también presentó otras denuncias penales en Comodoro Py. Fue contra el senador Pellegrini, el desplazado ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte, su sucesor, Alfredo Vallejos y al abogado Codazzi, entre otros.
La participación activa de allegados al poder político provincial en la falsa denuncia, en la que Laudelina Peña denunció al matrimonio Pérez-Caillava de haber atropellado a Loan, dejó expuesto que al gobernador no le interesa que se llegue a la verdad. No necesariamente porque él esté involucrado, sino porque hay un pueblo que se está animando a denunciar que en la provincia los casos de trata de personas y violencia contra las mujeres quedan impunes. Corrientes tiene un historial de secuestros de niños y delitos aberrantes contra la integridad de menores y la trata de personas. Aunque algunas causas de trata sexual han llegado a juicio, hay una gran cantidad de casos de explotación sexual y laboral que no han sido resueltos, y la provincia tiene una de las tasas más bajas de condena por estos crímenes en el país.
En las movilizaciones populares se escuchan muchas voces que hablan con nombre y apellido de los casos que siguen impunes. Violeta se animó a relatar ante las cámaras de televisión que tenía 14 años cuando el papá del gobernador, Manuel Valdés, comenzó a violarla. Ella decidió huir de la localidad de Ituzaingó, donde él era el intendente, cuando quedó embarazada. Hizo la denuncia penal en 2022, pero el Gobernador nunca la recibió.
Valdés no logra cerrar la crisis
La remoción del ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, a un mes de la desaparición de Loan, fue la segunda reacción de Valdés, frente a la crisis abierta en la provincia -la primera fue dar por cerrado el caso-. Con un comisario y un suboficial retirado presos e imputados de ser cómplices de la desaparición del menor, el nuevo ministro de Seguridad provincial, Miguel Ángel Leguizamón, descabezó a la cúpula de la Policía provincial.
Días pasados Valdés sostuvo en conferencia de prensa que “tratan de desestabilizar a la provincia de Corrientes”. Denunció que “caranchos políticos” hacen una utilización maliciosa de una desgracia para arruinarlo políticamente.
Lo cierto es que la causa está embarrada entre declaraciones falsas de los imputados, pericias que no se realizaron y pistas falsas. Dentro de los que investigan se encuentran también los encubridores. Este viernes descubrieron que borraron mensajes del celular de Carlos Pérez, el excapitán de la Armada, cuando ya estaba detenido. Ahora la Justicia debería determinar quién fue la persona que borró los mensajes.
En tanto, la ministra Patricia Bullrich volvió a defender al gobernador. Entrevistada en un programa de TN sostuvo que le parecía un “disparate” que Gustavo Valdés "estuviera implicado en el encubrimiento de los acusados de secuestrar a Loan". Sin embargo omitió referirse sobre por qué allegados a él guionaron las mentiras que dijo Laudelina ante la Justicia y que para esto, incluso, la habían extorsionado.
La desaparición de niños, niñas, adolescentes y mujeres, es más frecuente de lo que se conoce. Solo algunas de estos secuestros toman estado público y se convierten en casos emblemáticos. Loan, a un mes y medio de su secuestro, se convierte en uno de esos casos del cual se continúa hablando en todo el país. En redes sociales, en los medios de comunicación que transmiten casi en cadena nacional. También se vio en una cancha de fútbol una bandera de la hinchada de Boca reclamando su aparición, hasta en las vidrieras de los comercios de Corrientes los maniquíes portan carteles que dicen “no tenemos tranquilidad hasta que no aparezca Loan".
¿Por qué Loan se convierte en uno de esos casos emblemáticos? Por una combinación de factores. Por un lado por las persistentes movilizaciones populares, y porque en cada una de ellas, además de exigir que no se metan con los niños, denuncia la impunidad de estos crímenes aberrantes donde el Estado es responsable, tanto en poner obstáculos para que se los encuentren, como que funcionarios estatales tienen algún grado de implicación en estos secuestros. También porque en cada movilización que se realiza en las distintas localidades de la provincia de Corrientes, emergen nombres de víctimas que quedaron impunes.
Sin embargo, muchas veces en que estos casos toman estado públicos, quedan ocultos los nombres de los poderosos que están detrás de esas redes de trata. Y cuando se conocen quiénes son los implicados, pocas veces llegan a juicio. Están blindados por el poder económico, político, policial, judicial que les garantiza impunidad. Myriam Bregman, durante el segundo debate presidencial, denunció que "el gran delito se organizó desde arriba y eso implica hablar de las complicidades en sectores de las fuerzas de seguridad, políticos y judiciales". Y añadió: "No pueden existir redes de trata sin complicidad de quienes controlan las fronteras". En ese momento, la abogada y referente del FIT Unida, subrayó la necesidad de nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores, argumentando que "durante los años noventa, la privatización de puertos, aeropuertos e hidrovía facilitó la infraestructura para la entrada y salida de cargamentos de droga" y todo tipo de contrabandos. También enfatizó: "Para prevenir esto, es crucial derogar toda legislación que facilita el blanqueo y el lavado de dinero".
Las marchas populares por el reclamo de “aparición con vida de Loan” es un ejemplo de que solo con la persistencia de las movilizaciones estos casos salen a luz, que incluso obliga a la justicia ir más allá. La desaparición del pequeño abrió una crisis provincial profunda que llevó a que un fiscal muy ligado al poder, como Marijuan, realice una denuncia penal por encubrimiento contra el gobernador.
La lucha encabezada por mujeres, docentes, familias correntinas, tiene la fuerza de mostrar el hartazgo de un pueblo contra un sistema donde se mercantiliza los cuerpos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Se necesite extender las marchas en todo el país para que Loan aparezca con vida y para decir “los chicos no se tocan”. Para decir, también, que los cuerpos no son una mercancía para la explotación sexual o laboral y de ningún tipo y dar pasos en desbaratar estas redes criminales.
