En estos días, en el Hospital Posadas se confirman más de 90 despidos en el marco del ataque a los trabajadores del Estado. En otras provincias, como en Salta, frente al desfinanciamiento de la salud, avanzan con el arancelamiento de la atención médica a extranjeros, o en Santa Fe y Provincia de Buenos Aires (Ciudad de San Nicolás) la “voucherización” (sistema de seguros) se impone a quienes no tienen obra social. En el mundo de las obras sociales y la salud privada, cada vez se tarda más para conseguir un turno y los copagos son habituales. Los verdaderos ganadores de la crisis de la salud son los grandes empresarios. Ejemplo de ello es Claudio Belocopitt, amigo íntimo de Sergio Massa, dueño de Swiss Medical Group, con un patrimonio de USD 440 millones y la compra hace pocas semanas de Diagnóstico Maipú, una de las empresas privadas más importantes de diagnóstico por imágenes y laboratorios.
Desde hace años se viene gestando una resistencia a los ataques en la salud que aplicaron todos los gobiernos que estuvieron en el poder. En 2018 los trabajadores del Hospital Posadas fueron protagonistas y hoy vuelven a estar en la agenda nacional. La Posta de Salud y Cuidado, que impulsamos desde el PTS y sus agrupaciones, se convirtió en una referencia para toda la vanguardia que se organiza en las asambleas barriales, universidades y laburos: trabajadores y estudiantes que ponen sus conocimientos al servicio de la lucha para enfrentar el plan de Milei y el FMI. Nuestra intervención no es sólo en los días de movilización, sino cotidianamente en cada hospital, clínica y universidad; por eso queremos abrir el debate sobre qué perspectiva de salud pelear. En este artículo nos proponemos dar una radiografía del sistema de salud en un momento de crisis política, donde se pone en jaque quienes se verán beneficiados: los empresarios de la salud o el pueblo trabajador.
Breve repaso histórico y estructura sanitaria
La estructura del sistema de salud argentino se divide en tres subsistemas: el público, las obras sociales y el sector privado. El sistema de salud público y gratuito se compone, como vimos, por hospitales y centros de salud nacionales, provinciales y municipales que financia el Estado. Atiende aproximadamente un 36% de la población, en su mayoría trabajadores con bajos ingresos y altas tasas de precarización laboral. El segundo sector es el representado por las obras sociales. Estas son las instituciones que cubren la salud de los trabajadores en relación de dependencia y de los jubilados a través del PAMI. Por último, están las prepagas. Se estima que hay alrededor de 300 entidades de la salud privada, pero es un sector donde se encuentra una gran concentración de los recursos, ya que solo cinco empresas concentran más de la mitad de los afiliados (OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint y Medicus). Estas mismas prepagas son las que hoy han aumentado su cuota mensual en más de un 100% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Esta estructura se alza sobre la herencia del menemismo que ningún gobierno modificó. Como parte de la globalización capitalista, el Banco Mundial, con su programa “Informe para el desarrollo - Invertir en Salud”, desembarcó en el país durante el gobierno del caudillo riojano, impulsando la mercantilización de la salud. Esta es la política sanitaria hegemónica a nivel mundial hasta nuestros días. Así, se inició el proceso de adaptación de la salud a los requerimientos del Banco Mundial: descentralización del sistema sanitario de la Nación a las provincias; autogestión y desfinanciamiento del sistema público de salud; desregulación de las obras sociales sindicales y tercerización de las áreas rentables de las obras sociales provinciales (IOMA) y nacionales (PAMI).
Durante el kirchnerismo hubo un incremento nominal del presupuesto(aunque la participación de este sector en el PBI decreció), que generó mayor inversión en infraestructura, como también programas de ampliación del calendario de vacunación (contra la gripe, la rubéola y el sarampión) y de salud reproductiva. Esto fue en gran medida por la lucha de las y los trabajadores de la salud. También hubo ampliaciones del Plan Médico Obligatorio (como la Ley de Fertilización Asistida sancionada en 2013). Sin embargo, el kirchnerismo dejó intacta la estructura sanitaria del menemismo. Los dueños de las prepagas continuaron haciendo cuantiosas ganancias proporcionadas por el Estado y éste no dejó de desembolsar fondos tanto para los empresarios de la salud como para los grandes laboratorios. “Del 9,4% de PBI que destina la nación para salud, sólo el 2,7% le corresponde a la salud pública; el resto ingresa al circuito de los negocios de la medicina privada y las obras sociales”. Este modelo se paró además sobre una enorme precarización de los trabajadores de la salud que sigue hasta la actualidad, con más de 10 mil becados en la salud tan solo en la provincia de Buenos Aires.
En el 2014, el gobierno de Cristina Fernández, a través de su ministro de Salud Juan Manzur, adhiere a “la iniciativa de la CUS” (Cobertura Universal de Salud). Es un seguro al que pueden acceder quienes no puedan afrontar los gastos de una salud privada, ni tengan obra social. Las prestaciones que se ofrecen son las mínimas posibles. Macri es quien intenta comenzar su implementación mediante el decreto 908/16. El programa de voucherización de Milei se construye con una lógica similar: las personas sin cobertura de prepaga u obra social deberán contratar un seguro (a manos del sector financiero que hará sus negocios) para obtener algunas prestaciones básicas. Los sistemas de aseguramiento de este tipo ya se llevaron adelante en Chile, Colombia y México. Su análisis crítico muestra que empeoran las barreras al acceso, aumentan los costos e incrementan las ganancias privadas, con el desarrollo de instituciones privadas que concentran las prestaciones. La “canasta básica” de prestaciones excluye prácticas básicas de salud. Hubo desmantelamiento de las instituciones públicas, con cierre o venta de cientos de hospitales públicos o de la seguridad social, sobre todo en Chile y Colombia. El cierre de unidades públicas ha llevado a despidos de trabajadores de la salud y a una creciente informalidad y precariedad del trabajo. No existe ninguna evidencia científica de que los sistemas de aseguramiento mejoren los índices sanitarios. El modelo ignora los determinantes sociales, políticos y económicos de la salud colectiva.
Si bien el programa del Banco Mundial en Argentina no ha logrado imponerse completamente –y en esto tiene mucho que ver la lucha de los trabajadores de la salud–, desde la década del ‘90 hasta nuestros días se ha llevado adelante una “reforma de baja intensidad”. La descentralización de la salud de la Nación a las provincias y municipios implicó la transferencia de los 1554 hospitales y casi 8000 Centros de Atención Primaria de la Salud (junto a los trabajadores de la salud) sin los fondos coparticipables necesarios. Se potenció aún más la fragmentación con 24 sistemas de salud provinciales y más de 2000 municipios con su propia organización de salud. El financiamiento público ha sido históricamente insuficiente y se agravaron las brechas de inequidad, acceso y calidad de los servicios públicos de una provincia a la otra, de un municipio al otro, de un barrio al otro.
Tres modelos de salud en disputa
En el marco de una profunda crisis social y sanitaria, en esta nota queremos abrir el debate alrededor de los distintos modelos planteados para pensar el sistema de salud en Argentina. Por un lado, tenemos el plan de La Libertad Avanza, el que, con algunos matices, también apoyan los radicales como Fernán Quirós, ministro de salud de CABA, la Franja Morada y sus autoridades como el rector de la UBA, el Dr. Gelpi, y el decano de la FMED de la UBA, el Dr. Brusco.
El modelo de salud que defienden responde a los intereses de los sectores más concentrados, al de las corporaciones sanitarias, las que representan “al mercado” que lucra con la salud. En las palabras de Mario Russo, ministro de Salud de Milei: “Es la competencia en la salud”.
La Libertad Avanza plantea principalmente tres pilares en su propuesta en salud. Por un lado, el desarrollo de un seguro de salud, financiado por el Estado, para el sector que no cuenta con obra social, por provincia, con libre elección del prestador (público o privado). El sector público desfinanciado ingresa al “mercado de la salud” para competir como prestador. Es muy claro que se privilegia fuertemente la salud privada, un sector que se viene beneficiando históricamente y cuyas empresas aumentaron más de un 100% su cuota mensual desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Este punto resalta una premisa fundamental para la salud en el capitalismo: la prioridad es la demanda, es decir, la necesidad de acceder a consultas y tratamientos médicos, por encima de la prevención y promoción de la salud.
En segundo lugar, incluye la desregulación de las obras sociales, entre ellas, PAMI. Quieren ocultar, a través de una supuesta “libre elección” de las personas, un ataque a los sindicatos y a los sistemas de salud cooperativos, sosteniendo una política individualista y meritocrática de la salud que desemboque en el sistema privado para quienes puedan afrontarlo.
Por último, utilizar la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías (Agnet) que tiene como objetivo la evaluación de la relación costo - eficacia de medicamentos, prácticas y aparatos usados en salud. El objetivo es que tanto prepagas como obras sociales sólo estén obligadas a cubrir tratamientos y prácticas que tengan una buena relación entre sus costos y su eficacia.
La perspectiva de la salud que plantea el gobierno de Milei, aunque con muchas debilidades para hacerla efectiva, pone en el centro la ganancia de los empresarios de la salud y las farmacéuticas. Hay laboratorios como Richmond que, con respecto al 2023, tienen ganancias de más de 9000%. Este modelo va en tono con el plan de país que tiene Milei, dónde los aportes económicos del Estado solo se destinan a la casta empresarial. Mientras, la salud pública está siendo ahogada económicamente.
Los radicales como Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau son parte de aplicar el ajuste que viene intentando implementar Milei en la salud, cogobernando en la Ciudad de Buenos Aires con el macrismo. Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño, atacó directamente las concurrencias, el trabajo no pago que es parte de la columna vertebral para que funcionen los hospitales. No es una orientación nueva, ya vimos a lo largo de los años como Larreta quitó el reconocimiento profesional a la enfermería, y su ministro Quirós firmó paritarias de miseria para los residentes y concurrentes mientras planteaba que “están mal formados”. En la UBA, el doctor Ricardo Gelpi y el doctor Luis Brusco en la Facultad de Ciencias Médicas implementan estas políticas de vaciamiento en los hospitales universitarios. De esto, no dice nada su pata estudiantil que dirige los centros de estudiantes de la facultad de Medicina, Psicología y Odontología, Nuevo Espacio- EDI (Franja Morada).
¿No eran los grandes defensores de la educación y la salud pública? Su silencio se debe, en gran medida, a que reproducen la lógica de la meritocracia y el elitismo en la universidad hace décadas, con planes de estudio dificilísimos de llevar adelante trabajando, y una ideología que se reproduce desde las propias aulas de que cada uno se salva solo. Así, se plantea la excelencia de la UBA desde los profesionales que allí se forman para ejercer en la salud pública, sin problematizar las condiciones en las que ésta se encuentra y desde una visión biologicista de las ciencias de la salud. Estas lógicas son funcionales a que no se discutan problemáticas sociales como el derecho al aborto legal, y que se construya una visión de las ciencias de la salud como un saber técnico. Todos estos elementos son funcionales a que siga girando la rueda del sistema mientras los gobiernos pasan, vacían y ajustan la salud.
Salud ¿para todas y todos?
Por otro lado, está en discusión el modelo de sistema que plantea el peronismo. Aunque ya hicimos mención a la gestión sanitaria durante los diversos mandatos del kirchnerismo, nos parecía importante también polemizar con algunos de sus planteos programáticos, por más que sean construcciones teóricas alejadas de la práctica. Tal es el caso de los distintos dirigentes y personalidades de la salud, como Gollán y Kreplak, se proponen dar la “batalla cultural”, lucha de ideas, en el área de la salud. En su libro La salud si tiene precio desarrollan la situación actual y las perspectivas. Allí, marcan las desigualdades actuales en salud, la pelea empresarial por las patentes de los fármacos y vacunas, el acceso a los medicamentos, la incorporación de nuevas tecnologías dentro y la fragmentación del sistema de salud argentino.
Estos funcionarios parten de una premisa: “la inequidad no es un fenómeno natural” y “el Estado tiene un papel decisivo para aumentarla o disminuirla”. Entonces, plantean “la importancia de la intervención del Estado para garantizar un piso de igualdad en la salud con respecto al acceso a la prevención, el tratamiento y la recuperación”. La cuestión radica en que, como vimos, el kirchnerismo a lo largo de los años no ha elaborado un programa de salud alternativo al del Banco Mundial, ha sido gerenciador del empresariado de la salud y ha priorizado el pago de la deuda por sobre los presupuestos de salud, imposibilitando trascender los límites que presenta el estado sanitario actual, siendo responsables, en parte, de la crisis que atraviesa el sector público.
De hecho, la propuesta actual para enfrentar esta situación pasa por integrar los tres subsistemas de salud en el denominado “Sistema Nacional Integrado de Salud Argentina”, manteniendo la estructura sanitaria actual y lejos del planteo de algún tipo de sistema universal estatal que afecte intereses privados. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof lo está planteando con dos proyectos de ley: un sistema provincial de emergencias y la producción pública de medicamentos. Los promueven como empresas mixtas de 51% capital estatal y 49% capitales privados, por lo que, lejos de fortalecer la ya golpeada salud pública, permite el ingreso de capitales privados para lucrar con la salud de las mayorías trabajadoras. Hay que tener en cuenta que el sistema de emergencias actual, el SAME, es 100% estatal y que hay proyectos previos de producción de medicamentos 100% estatal, por lo cual, acorde a los tiempos de cederle a la derecha, la política actual significa un paso atrás, “menos Estado”.
Lo que queda en evidencia es que las “buenas intenciones” no pueden gestionarse en el marco de un país endeudado y sometido al régimen del FMI, donde los parámetros de ajuste y sometimiento implican poner en último orden de prioridades el sistema de salud, que termina representando un gran costo para el Estado y no una inversión. Una salud que tenga una perspectiva social, desde la visión integral del paciente, es incompatible si se siguen sosteniendo las ganancias de los empresarios privados de la medicina y farmacéuticas. No es posible sostener una utopía de equidad en el terreno de la salud si se siguen propagando las desigualdades que son inherentes al capitalismo.
En intentar mantener esta utopía cumplen un rol las direcciones burocráticas de los sindicatos, en su mayoría en manos del peronismo y que hoy en día son parte de evitar que emerja la clase trabajadora como sujeto independiente para enfrentar los planes de ajuste de Milei. Desde la dictadura de Ongania que se transfirió el manejo de las cajas de las obras sociales a los sindicatos, estos manejan enormes sumas de dinero de los afiliados. Sin embargo, la salida no puede ser “que el mercado regule solo” la salud como plantea Milei, que busca atacar la organización de los trabajadores, sino unificar las luchas por el acceso al derecho a la salud y trabajo con derechos para todos los sectores precarios, en negro, desocupados que no tienen representación sindical ni acceso a coberturas de salud.
Dentro de la miseria que reproduce el sistema capitalista surge la solidaridad de clase, como vemos en quienes desde una sensibilidad social brindan atención sanitaria y promoción de la salud en los barrios populares, en las villas y en las provincias más pobres. Este tipo de ayuda social la presentan como espacios de “solidaridad y organización comunitaria para estar para quienes más lo necesitan, frente al individualismo”, como Argentina humana, por ejemplo, la organización de Juan Grabois, el dirigente político de Patria Grande y la agrupación estudiantil La Mella. El problema es que lo transforman en una estrategia política en vez de luchar y exigir al Estado para que todos puedan tener un acceso a una salud de calidad. Terminan predicando la resignación para los pobres sin ningún plan para enfrentar a quienes defienden una salud para ricos y otra para pobres.
Algunas reflexiones por izquierda sobre la salud
Si pensamos la salud como un derecho humano y no como mercancía, tenemos que pensarla de forma integral, transversal a cada aspecto de la vida. La salud para los socialistas no es solo el instante en que el paciente entra al consultorio; es el entorno donde vive, el trabajo que tiene, la alimentación a la que pueda acceder, sus necesidades económicas. El trabajo interdisciplinario dentro de la salud es fundamental para pensar la integralidad de la misma.
La salud pública representa una conquista histórica de los pueblos en el marco del sistema capitalista. Es el lugar donde se atienden las grandes mayorías. Hoy ante la crisis sanitaria y el avance de los sistemas de aseguramiento, tenemos la tarea de la defensa irrestricta e incondicional del sistema de salud público, igualitario, gratuito y de calidad.
El primer paso pasa por la defensa de los trabajadores despedidos del Posadas, del ministerio de salud, discapacidad y género, en unidad y coordinación con todos los sectores que están luchando, hasta lograr el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Denunciamos la falta de medicación para los pacientes oncológicos y enfermedades crónicas y repudiamos los tarifazos en general y particularmente para las personas discapacitadas electrodependientes. Apoyamos las luchas de los residentes y de las compañeras de enfermería por la profesionalización.
Peleamos contra las burocracias para recuperar los sindicatos como órganos de lucha, basados en mandatos de asambleas e independientes del Estado y los partidos políticos del régimen. Necesitamos un presupuesto de emergencia acorde a las necesidades de la población y que se actualice con la inflación.
La reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, para terminar con el pluriempleo en salud y la desocupación con un salario equivalente a la canasta familiar es fundamental. Los recursos para avanzar en ese camino deben salir de quienes vienen ganando siempre que son los capitalistas, con impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa que ningún gobierno cuestionó. Hay que romper con el FMIporque es un método de sometimiento al capital financiero internacional, y sobre el que se basa el vaciamiento de la salud pública y la miseria planificada del pueblo trabajador. A su vez, está planteada la pelea contra las privatizaciones que propone la Libertad Avanza, y por la reestatización de todos los sectores de salud como sectores de cocina, lavandería, mantenimiento, que fueron privatizados desde el menemismo hasta los gobiernos kirchneristas y la producción 100% pública de medicamentos. Para eso, es necesario construir un sistema único, gratuito y de calidad de salud, que avance en la integración en un sistema de hospitales y centros de salud públicos, que funcione controlado por sus trabajadores, estudiantes y usuarios para poder organizar estrategias de promoción, prevención y atención de salud que sean basadas en las necesidades de la población, y no la ganancia capitalista. Será fundamental poner en discusión la Ley de Patentes y luchar por la producción pública, estatal y centralizada de medicamentos e insumos. Peleamos por la superación de los determinantes sociales de la salud, para mejorar las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras y hacer desaparecer las enfermedades laborales y las vinculadas a la pobreza.
No se trata de intentar “regular” desde el Estado a las grandes corporaciones, sino de terminar con el dominio del capital de los recursos estratégicos, para que estos sean gestionados por los trabajadores. La clase trabajadora, que constituye la inmensa mayoría, es la única que puede terminar con el sometimiento al capital financiero y con la propiedad capitalista de los recursos estratégicos, con la dependencia y el atraso. Nuestro programa plantea la expropiación sin pago y nacionalización de las ramas esenciales de la economía bajo el control de los trabajadores. Sin duda, el Sistema Universal es el mejor sistema dentro de los marcos de la sociedad capitalista y lucharemos para defender sus premisas más progresivas contra los intentos privatizadores. Pero no podemos olvidar que nuestra lucha es por la superación de la sociedad capitalista, el desarrollo del socialismo y una medicina basada en un Sistema Universal Único que garantice el acceso en forma igualitaria a toda la población, sin barreras sociales ni económicas, y de forma universal y gratuita. Donde el Estado de las y los trabajadores concentre la aparatología y la producción de medicamentos, y esté basado en la prevención, la promoción, la Atención Primaria a la Salud y en la superación de los determinantes sociales. Donde la salud se configure conceptualmente como un derecho social y la ciencia y la tecnología estén al servicio del bienestar comunitario.
Nuestra perspectiva de salud: el modelo socialista
Si llevamos estas medidas que proponemos hasta el final, queda evidenciado que son el primer paso hacia construir el acceso universal y gratuito del sistema de salud, que solo puede ser en transición a otro sistema de producción, el socialismo. Dentro del sistema capitalista, la salud es una llave necesaria para la rueda de producción, el mantener lo suficientemente sano al obrero y a su familia, para que los empresarios sigan ganando a costa de la plusvalía. Por eso, la perspectiva de salud que desarrollamos es en función de construir una cooperación social que no vaya en función de poner parches en un sistema que no funciona para nosotros, sino en la planificación racional de la economía y el sistema de salud por parte de quienes hacemos que todos los días funcionen los hospitales, las grandes fábricas y la economía en su conjunto.
Un ejemplo de otro tipo de organización sanitaria podemos encontrarlo en la Revolución Rusa de 1917, que dio origen al sistema sanitario soviético. Este se basó en la intervención del pueblo en la planificación y decisiones económicas a través de los soviets (consejos). Fue un nuevo paradigma para la salud, basado fuertemente en la atención primaria, la prevención y promoción de la salud, y la centralización del sistema de manera integral y estatal. De esta forma, lograron elevar la esperanza de vida, reducir la mortalidad materno-infantil mientras transitaban la guerra civil y las carencias del joven estado obrero, hasta lograr controlar la epidemia del Tifus, que se llevaba miles de vidas del pueblo ruso. A tal punto marcó un nuevo paradigma para la salud, que especialistas de la OMS fueron enviados a Rusia para investigar este nuevo paradigma, sobre el que se basó el informe para La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata en 1978. En Rusia, fue creado el Comisariado del Pueblo de Salud Pública, desde donde se abordó la enorme crisis sanitaria que atravesaba el país, desde las hambrunas, hasta enfermedades como el tifus, el cólera y las enfermedades de transmisión sexual. La perspectiva era desde una institución centralizada y de los trabajadores, que realizó tareas desde promoción en medidas de higiene, educación sexual, hasta propuestas de reorganización del trabajo como que todos los trabajadores tuvieran dos horas para dedicar al ejercicio para avanzar en reducir enfermedades crónicas. Respecto al sistema de salud en sí, la atención primaria se ubicaba en las distintas comunidades con sus respectivos agentes sanitarios, que atendían las patologías ambulatorias más frecuentes, y todas las industrias tenían un servicio de atención que se encargaba de la salud de los trabajadores, a la vez que de la prevención y promoción de la salud. Si eso no era suficiente, se derivaban a centros de mayor complejidad. Con esa perspectiva social, fue también el primer país en legalizar el derecho al aborto, en 1920. Esta experiencia histórica sufrió la burocratización estalinista, pero dejó sentadas las bases de que otra organización es posible.
Sobre este ejemplo se basaron sistemas de salud como el cubano, que, a pesar de ser un país pobre y con un bloqueo económico de parte de las principales potencias imperialistas, tiene los mejores índices sanitarios y logró poner un freno al COVID antes incluso que los países imperialistas. Esto fue posible por tener una visión ligada a la centralización y la atención primaria, donde el 80% de los problemas buscan solucionarse en los llamados policlínicos (centros de atención primaria), con un foco en la medicina preventiva antes que curativa, tanto en la atención como en la formación. Al tener un sistema centralizado y público, los profesionales de la salud realizan chequeos socioambientales para evaluar las condiciones estructurales de vida, y eso permitió desarrollar estrategias epidemiológicas acordes a las necesidades de la población. A su vez, que los laboratorios sean estatales permitió avanzar en desarrollar medicamentos y vacunas en este mismo sentido, eliminando enfermedades que hoy en día volvemos a ver en nuestro país como el sarampión. Por eso, independientemente de las diferencias políticas y de la crítica que hacemos del gobierno cubano, son innegables los avances que permitió la revolución social en un país pobre como Cuba.
Hoy en día, ha avanzado mucho la ciencia y técnica en el desarrollo de medicamentos, tratamiento y aparatología respecto a lo que representaron el sistema de salud soviético, y un país bloqueado económicamente como Cuba. En ese sentido, retomamos estos ejemplos históricos para realizar una crítica de la medicina y la irracionalidad del sistema que limita el acceso para la clase trabajadora de los recursos que ella misma produce. Consideramos que para terminar con una medicina para ricos y otra para pobres, para conquistar un sistema igualitario para toda la población, sin barreras sociales ni económicas, universal y gratuito, basado en la prevención, la promoción y la Atención Primaria de la Salud; para acabar con los profundos problemas de salud generados por la pobreza, la falta de vivienda, trabajo, educación, agua potable, etc. y lograr condiciones dignas de vida, es necesario que, en el marco de la pelea contra el ajuste en curso, esta se desarrolle y se proponga superar la sociedad capitalista y construir un sistema que termine con el lucro en la salud, con la ganancia capitalista y disponga de la riqueza y el avance científico y tecnológico para el desarrollo del bienestar común.
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