La crisis social y política sigue abierta en Venezuela, luego de las elecciones presidenciales del domingo pasado. El gobierno de Nicolás Maduro se dio como ganador por un 51,2% de los votos, frente a la derecha proyanqui de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
Distintas irregularidades en el proceso electoral -como la negativa del Gobierno a entregar copias de las actas, o no haber impreso a la vista de todos los testigos (fiscales electorales) el acta con los resultados finales de la la Comisión Nacional Electoral (CNE)- configuran indicios de fraude electoral.
El pueblo tiene derecho a conocer los resultados concretos y que se respete la voluntad popular. Pero aún no se logró el acceso público a los datos pormenorizados de la elección y el gobierno de Nicolás Maduro respondió con violentas represiones y se llevó la vida de algunos manifestantes.
Por ahora, en cuanto a los resultados electorales, es la palabra de la derecha proyanqui, contra la del gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Es necesario que el Gobierno de acceso, a todos los datos, actas y vías de auditoria.
En este contexto, la canciller argentina Diana Mondino, se apuró éste viernes a dar por ganador a Edmundo González Urrutia, en base a las actas de la derecha venezolana que no tuvieron ningún control independiente. La declaración de Mondino en la red social X, fue retuiteada por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, horas más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Mondino, la contradijo con un comunicado público: "La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva".
Según algunos trascendidos, habría sido Santiago Caputo (que opera en áreas claves del Gobierno sin cargo formal), quien intervino para contradecir la declaración de Diana Mondino.
Demagogia de las derechas progolpistas
La derechas en la región y en el mundo, buscan sacar provecho del autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro, haciendo demagogia sobre la democracia; pero las precede una nefasta tradición de acompañar golpes de estado en la región, operados desde los Estados Unidos. Y han sido aliadas del Estado genocida de Israel, hasta la actualidad.
Sin ir más lejos, aún sigue caliente la polémica visita de los legisladores de La Libertad Avanza a genocidas argentinos condenados a pena de reclusión perpetua por delitos de lesa-humanidad. Y el propio gobierno de Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, sostienen un discurso negacionista de la última dictadura cívico-militar.
En el caso de la derecha Venezolana, la dirigente María Corina Machado (proscripta por el régimen), estuvo con el fugaz golpe apoyado en los militares conocido como “Carmonazo” en 2002, que intentó establecer un gobierno de facto y derrocar al presidente Hugo Chávez, quien había sido elegido por elecciones democráticas y que en ese entonces contaba con un indudable apoyo popular. Operado en ese entonces por el presidente estadounidense George W. Bush. Una y otra vez, Machado y la derecha venezolana, intentaron hacerse del poder por distintas vías antidemocráticas.
La derecha ha demostrado no tener prurito en imponerse a la voluntad popular con métodos golpistas, en su búsqueda de hacerse del poder y aplicar un programa económico siempre al servicio de los intereses norteamericanos, en detrimento del interés nacional y de las mayorías trabajadoras y populares. Ahora usa al pueblo venezolano como base de maniobra para sus planes de entrega, con un discurso demagógico sobre la democracia.
Por otro lado, el régimen de Maduro viene aplicando un feroz ajuste sobre el pueblo venezolano e impuso una dolarización en los hechos, lo que explica no solo las masivas migraciones, sino también la pérdida de apoyo popular al Gobierno. El bloqueo comercial de los Estados Unidos sin dudas es un agravante, aunque no puede dejar de mencionarse que el régimen chavista, contrariamente a su discurso nacional y de "socialismo del siglo xxi", no revirtió la matriz dependiente del país. La derecha busca profundizar el sometimiento económico y el pago de la deuda externa que funciona como una cadena para los países de la región.
En estas elecciones, no existió una alternativa independiente para el pueblo trabajador venezolano. El Gobierno orquestó unas elecciones con proscripciones políticas, intervención e inhabilitación de partidos o de candidatos. Este proceso afectó más duramente a las organizaciones que se ubican a su izquierda, que directamente se vieron imposibilitadas de presentar candidato.
Por su parte, la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), organización hermana del PTS-Frente de Izquierda Unidad, publicó una declaración propia:
"Que el gobierno muestre las actas, basta de trampa y fraudes y de represión policial y parapolicial. Solo con la movilización obrera y popular de manera independiente podremos luchar por los plenos derechos democráticos del pueblo y clase trabajadora. Así como por mejores condiciones de vida, por la libertad de los trabajadores presos, contra el ajuste y los tarifazos vengan de cualquiera de los grandes factores en pugna, uniendo a los sectores que luchan en el marco de una perspectiva propia de los trabajadores".
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