En agosto se cumplen 63 años de la derogación del Plan de Conmoción Interna del Estado (Plan Conintes) implementado bajo el gobierno de Arturo Frondizi para disciplinar a la vanguardia obrera y juvenil y derrotar la conflictividad obrera. El Conintes reunió un conjunto de medidas que legitimaron la intervención de las FFAA en la represión interna.
El llamado Plan Conintes (Conmoción Interior del Estado) no cayó del cielo ni fue una aventura represiva excepcional. Se implementa en un momento en que los grupos dominantes buscaban reestructurar el país alrededor del capital financiero. Desde el derrocamiento de Perón en 1955, la llamada Revolución Libertadora, apostaron a crear las condiciones para la ofensiva del imperialismo norteamericano y el disciplinamiento de los trabajadores. Sin embargo, la amplia resistencia obrera que se fue forjando, la combatividad, el cuestionamiento de la propiedad privada y el desafío a la legalidad desplegada en muchas de las acciones obreras les impuso obstáculos para avanzar en esa dirección obligando a los sucesivos gobiernos a jugar la carta represiva.
Ensayo de una doctrina
Arturo Frondizi asumió la presidencia en febrero de 1958. Su gobierno buscó crear condiciones para el crecimiento económico según el modelo desarrollista de la época, para lo que habilitó condiciones que facilitaran la inversión de capitales extranjeros y el alineamiento con Estados Unidos, que quedó sellado en la firma de los contratos petroleros, la Ley de Radicación de Capitales y, a comienzos de enero de 1959, el Plan de Estabilización para cumplir las exigencias del FMI. Estableció la reducción del gasto del Estado y un plan de racionalización y mayor productividad laboral.
El plan económico golpeaba los salarios frente a la inflación, dando lugar a luchas o huelgas de distintos sectores: bancarios, textiles, metalúrgicos, ferroviarios, acompañando la movilización de otros sectores como los del mundo universitario y estudiantil, detrás de la pelea por la educación libre o laica. A poco de asumir, el 12 de noviembre de 1958, en ese contexto de creciente conflictividad social, como respuesta a la huelga petrolera mendocina, Frondizi promulgó el decreto 9.764, declarando el estado de sitio por 30 días en todo el país, que luego prorrogó por tiempo indeterminado. A seguir fue aprobado, el 14 de noviembre de 1958, el decreto secretoN° 9880/1958 que establecía la vigencia del Plan de Conmoción Interior del Estado (Plan Conintes). Uno de sus considerandos planteaba que “la intensa agitación que perturba esenciales actividades de la vida de la República constituye un evidente peligro para las instituciones y el orden público” y habilitaba de este modo la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de desorden interno. Además establecía la subordinación de las policías provinciales a las fuerzas militares. Como señala el investigador Esteban Pontoriero en La represión militar en Argentina, “se activó para enfrentar una ola de atentados ejecutados por los “comandos”, aunque en sus inicios se lo había delineado para la represión del movimiento obrero.”
Quedaba claro que la resistencia obrera iba adquiriendo un carácter de mayor confrontación política. Un punto de inflexión fue la huelga y la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre en el barrio de Mataderos, amenazado por su privatización. La huelga se declaró ilegal. La represión a los obreros por tres mil efectivos, con un saldo de miles de trabajadores cesanteados. El plan Conintes legalizó su desalojo con los tanques del Ejército apostados en la puerta del frigorífico que se transformó en un símbolo de la política antiobrera del gobierno.
Toma del frigorifico Lisandro de la Torre. (Archivo Roberto Baschetti)
El 13 de marzo, a partir del decreto N° 2628 de 1960, tomaba estado público la aplicación del Plan Conintes en todo el país. El decreto presentado como “Normas militares para la represión de los actos terroristas”, convirtió al Ejército en una fuerza de ocupación. El territorio nacional fue dividido en zonas de actuación comandadas por personal militar. El decreto N° 2639 del 15 de marzo de 1960 habilitaba el juzgamiento de los detenidos civiles por tribunales especiales bajo legislación castrense.
El gobierno identificaba como responsables de los llamados “actos terroristas” formulados en el decreto N° 2628 a los comandos de la Resistencia peronista y a la vanguardia obrera y juvenil que a partir del golpe de 1955 contra Perón llevan adelante acciones de resistencia. Del mismo modo, se proscribió al Partido Comunista en abril de 1959 y provocó una ola de allanamientos y detenciones de dirigentes sindicales y trabajadores peronistas y de oposición en barrios y lugares de trabajo. Los detenidos eran trasladados a las distintas cárceles del país donde eran torturados y juzgados por tribunales en los que la querella y la defensa estaban en manos del personal del Ejército. Casi un año después, el 1 de agosto de 1961 con la sanción del decreto 6495/1961se anulaba el Conintes, una vez que el gobierno consideró que la llamada “subversión” había sido derrotada.
Arturo Frondizi junto a militares.
El Conintes se basó en la ley 13.234 de Organización de la Nación para Tiempo de Guerra, apoyada en la doctrina de Defensa Nacional, ideada para situaciones de conflicto entre Estados. La expresión “conmoción interior del Estado” del Conintes dejaba en manos de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, la represión contra la conflictividad obrera y popular. Un elemento clave del régimen represivo del Plan pues señalaba que la principal amenaza a la integridad nacional ya no provenía de conflictos entre Estados sino de aquellos de carácter político e ideológico interno. Es considerado, por distintos autores, una de las iniciales formas de expresión legal de las nociones de contrainsurgencia extraídas de la doctrina antisubversiva francesa, en la que el orden interno es tratado como problema de solución militar y la conflictividad social como amenaza “subversiva”. No solo era una muestra de la influencia que sobre el Ejército comenzaban a ocupar las “tradiciones” militares norteamericana y francesa sino un ensayo de la “doctrina de seguridad nacional” que propiciaba EE UU para hacer frente al impacto de la revolución cubana en el continente, y todo un síntoma del peso que iba ganando y la injerencia de las FFAA como árbitros en las sucesivas crisis políticas.
Durante los últimos años, los gobiernos capitalistas en el país vienen intentando legalizar la ampliación de atribuciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de orden interno y social: desde la Ley Antiterrorista aprobada durante el kirchnerismo, frente a "agresiones de origen externo" como el narcotráfico como hizo el macrismo o durante la pandemia habilitando el patrullaje en las calles y mayores facultades a las fuerzas represivas. El actual gobierno intenta ir más alla, con un proyecto que modifica la ley de Seguridad Interior y permite la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de “terrorismo”. El Plan Conintes como registro de época nos recuerda el verdadero y concreto significado del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior: un gobierno que mientras está aplicando un brutal ajuste al servicio de los intereses del capital extranjero y las clases dominantes contra el pueblo trabajador, prepara sus instrumentos para enfrentar la segura resistencia.
