Después de la selfie con torturadores, violadores y ladrones de bebés, la diputada de La Libertad Avanza denunció a sus compañeros, al director del Servicio Penitenciario y al cura (hijo de genocida) que creó el grupo de Whatsapp donde discuten proyectos de impunidad. “Me engañaron”, dice con hipocrecía en su denuncia ante el Juzgado de Lomas de Zamora. ¿Por qué diputados “progresistas” recularon en la propuesta de una comisión investigadora?
Tras el escándalo desatado por la visita grupal a más de una decena de genocidas en el penal federal de Ezeiza, la diputada nacional mendocina Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza, denunció penalmente a sus compañeros de bancada Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro, al director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de DiputadosSharif Menem, al titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Fernando Martínez y al sacerdote católico Javier Olivera Ravasi.
Arrieta integró el grupo de seis diputadas y diputados que el 11 de julio viajaron en un vehículo oficial de la Cámara baja hasta la cárcel de Ezeiza. Con plena autorización del Servicio Penitenciario (dependiente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich), se reunieron amistosamente durante horas con más de una decena de presos que están condenados por los más aberrantes crímenes de lesa humanidad. Ella es quien aparece, sonriente, en el centro de la foto grupal que se tomaron antes de retirarse.
Durante semanas la diputada de 31 años se mantuvo en silencio sobre esa visita, de cuya preparación también fue parte a través de un grupo de Whatsapp que compartía con abogados defensores y familiares de genocidas, con otros legisladores “libertarios” y con el cura Olivera Ravasi (hijo de un represor con prisión domiciliaria que en febrero organizó un fetejo con Palito Ortega). Ella misma es hija de un militar, Tomás Arrieta, acusado por excombatientes de haber provocado la desnutrición de soldados en medio de la guerra de Malvinas de 1982.
Desatado el escándalo, Arreita creyó que, al menos para salvar su precoz carrera política, debía buscar la forma de despegarse. Primero dijo que, como nació en 1993 y no vivió “esa época”, no tenía “ni idea de quiénes eran” las personas a las que visitó. La explicación no hizo más que dejarla en ridículo. Por eso este jueves decidió dar un paso más audaz y presentó una denuncia en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora en la que acusa a algunos funcionarios (y al cura) de “coacción agravada”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de los funcionarios públicos”, “conspiración” y “malversación de caudales públicos”.
Según ella, la manipularon. “Lo que creí que sería un grupo de Whatsapp para debatir sobre situaciones o posibles proyectos, o discusión de ideas para lograr mejorar condiciones de detención de personas mayores, hoy me envuelve en una polémica en la que no he deseado estar”, afirmó en el escrito que presentó junto a su abogado Yamil Castro Bianchi.
Ahora Arrieta dice que “no comulga” con la visita a los genocidas porque eso contradice sus “valores cristianos”. Y aunque reconoce que se sumó a la comitiva por la confianza “en términos de fe y cultura” que le inspira el cura Ravasi (coordinador del chat) hoy se ve en la obligación de “exponer” a los organizadores del encuentro y pedir que se investigue si ese accionar implicó “la comisión de algún ilícito”. Todo estaría guiado por sus convicciones evangélicas.
El organizador del viaje del 11 de julio fue el diputado de LLABeltrán Benedit. Sobre él Arrieta descarga la mayor responsabilidad. También sobre Guillermo Montenegro, quien hasta hace pocos meses fue estrecho colaborador (se presume que también pareja) de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La diputada dice que ambos la condujeron engañada al pabellón de máxima seguridad donde conviven los genocidas. Curiosamente no denuncia a sus pares Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo (una facha de quien hace años ya se habló en este diario) y Rocío Bonacci (hija de un admirador de Hitler), que fueron parte de la comitiva.
Arrieta también denuncia a Sharif Menem, director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Lo acusa de haber gestionado los vehículos oficiales para que los dipufachos y sus asesores viajaran a Ezeiza. Sharif es mano derecha de Martín Menem (su primo) e hijo de Eduardo “Lule” Menem, alfil de Karina Milei y actual subsecretario de Gestión Institucional del Poder Ejecutivo.
A Fernando Martínez, director nacional del SPF, Arrieta lo denuncia por ser quien autorizó la reunión del 11 de julio en un espacio cómodo, amplio y alejado del resto de la población carcelaria. Para no armar un bardo mayor, Arrieta prefirió no denunciar a Bullrich, pero tanto ella como su par Bonacci confirmaron que la ministra estaba al tanto de la visita y dio el ok sin problemas.
La complicidad de Bullrich es evidente. Por un lado, hace pocos días dijo que los detenidos por delitos de lesa humanidad mayores de setenta años deberían tener domiciliaria como los condenados “por cualquier delito”. Incluso lanzó la falacia de que “hay casos que tienen 90 años con enfermedades terribles en prisión”. Por otro lado, no puede desconocer los privilegios exclusivos que el personal penitenciario dio a los diputados, lo que por lo general se les niega a abogados defensores y demás visitantes sin poder.
Interna hipócrita y ayuda inesperada
En mayo, la joven Arrieta se presentó a una reunión de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de Diputados portando en su cabeza un patito kawaii de los que por entonces proliferaban entre la adolescencia. En julio, se sacó fotos sonriente con terribles criminales. Y en agosto intentó purgarse sacándose una foto en un pasillo del Congreso con un ejemplar del Nunca Más. Hasta ahora sus vaivenes habían despertado no pocas carcajadas en sus socios de La Libertad Avanza.
Pero la denuncia penal que acaba de presentar en Lomas de Zamora cambió el humor en su bancada. Según Infobae, en el bloque liberfacho no tienen claro “si es mejor echarla o esperar a que se vaya sola”. Pero no lo dicen por su “decisión personal” de ir a la cárcel de Ezeiza a visitar a altos criminales, sino por su “falta de disciplina partidaria”.
Hasta ayer nomás, en LLA a Arrieta le bancaban casi todo. En Mendoza se sabe que su padre Tomás no sólo fue denunciado por negarle comida a los soldados de Malvinas sino también por “apretar” a autoridades del PAMI Mendoza para que despidieran a algunos empleados. Incluso Damián Córdoba, un referente libertariano local, acusó al viejo militar de agredirlo en un bar de la capital provincial. Pero a la joven diputada nadie le dijo nada.
Ni siquiera la cuestionaron por sus gestiones para conseguir una donación millonaria para la Fundación Cristiana Cielos Abiertos, congregación a la que pertenece y cuyo pastor, Alejandro Castellazzo, confirmó que gracias a ella recibió toneladas de prendas de vestir, calzados, mochilas, pelotas de fútbol y artículos de electrónica. Arrieta le pidió la “donación” a Karina Milei, quien la autorizó a principios de julio. Nadie de LLA se escandalizó.
Pero tal vez por saber con qué bueyes ara, Arrieta ya le pidió al juez federal Juan Pablo Augé, “protección” para su familia, entre ellos a su padre y a su hermano (quien a la vez es su asesor en Diputados).
En su denuncia, Arrieta ya aportó sobrada información que demuestra tanto los preparativos de las visitas a genocidas en sus lugares de detención como las diferentes iniciativas políticas y legislativas que se están evaluando desde LLA y sus amigos para beneficiar a desaparecedores de personas, apropiadores de bebés, torturadores, violadores, ladrones y asesinos de la talla de Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías o Adolfo Donda. Allí incluyó fotos y capturas de chats colectivos con alto contenido apologético del genicidio.
La decisión de Arrieta de “ir a fondo” en la causa provocó un tembladeral en el oficialismo. Tanto que más de uno cree que la joven evangélica podría mantener prendido un ventilador que no sólo desparrame información sobre ése hecho puntual sino sobre otras cuestiones. Por eso buscaron comprometer al resto de los visitantes de genocidas a que no se corran de la “disciplina partidaria”.
Que el caso no escale en el Congreso más de lo que ya lo hizo es una preocupación central de Martín Menem y Victoria Villarruel. En un momento en el que la crisis económica y social no parece encontrar freno, con una pobreza que ya se calcula en más de la mitad de la población y con un gobierno empecinado en seguir ajustando los bolsillos populares; el escándalo de la visita a los genocidas provocó en el oficialismo una crisis inesperada y muy difícil de resolver.
En ese marco, resulta más que llamativa la posición tomada esta semana por el espacio opositor mayoritario que funciona bajo el sello de Unión por la Patria. Como se explica en detalle en otro artículo, en los últimos días ese bloque tuvo un peculiar cambio de idea respecto a qué hacer con quienes viajaron a Ezeiza.
Apenas trascendido el escándalo, los diputados peronistas se debatían entre proponer la expulsión de los seis libertarianos de la Cámara y la creación de una comisión investigadora que saque a la luz la trama progenocida, las responsabilidades y complicidades institucionales. Ésta última posición la compartían con el Frente de Izquierda Unidad y, de hecho, el lunes ambos bloques realizaron una audiencia con organismos de derechos humanos para sentar posición al respecto.
Finalmente el miércoles Unión por la Patria cambió de idea. El debate sobre qué hacer con los dipufachos pareció quedar de lado y el peronismo aceptó la propuesta del oficialismo y sus aliados de pasar el asunto a la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, que preside nada menos que la derechista Silvia Lospennato del PRO. Ni el jefe de bloque Germán Martínez ni ningún otro diputado de UxP explicaron aún el por qué de ese cambio de postura. Así, sólo el Frente de Izquierda mantiene la propuesta de que se conforme una verdadera comisión investigadora que llegue a descubrir toda la verdad.
Los tiempos que corren son por demás curiosos. Tanto que, ante un hecho de características tan graves como la apología del genocidio por parte de la fuerza política gobernante, la hipócrita diputada Lourdes Arrieta parece tener más ganas de echar luz sobre lo sucedido que aquellos que durante años se llenaron la boca hablando de derechos humanos. La actitud de este miércoles de Unión por la Patria deja mucho que desear y mucha tela para cortar.
