En abril pasado el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya había dado el visto bueno para que la primera piedra del segundo piso del Boulevard López Mateos fuera puesta este verano. Se trata de una obra que en este año ya tenía programados mil 450 millones de pesos y para los años 2025 y 2026 se previó que se aprueben mil 550 millones y 654 millones de pesos, respectivamente.

Quien ganó la licitación para esta mega construcción fue la empresa tabasqueña Calzada Construcciones. Su principal accionista es Alejandro Feliciano Calzada Prats, hijo del exdiputado priista ─que también está plenamente identificado como un operador político de Roberto Madrazo- Feliciano Calzada Padrón.

A esta empresa le ha ido muy bien en este sexenio: le han sido asignados, también, multimillonarios contratos en obras de la CFE, Pemex y de carreteras en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. El cacicazgo de la familia Monreal ─entre los que está el gobernador David y su hermano el senador Ricardo, ambos morenistas- ha estado muy empeñado en que el proyecto avance. No es difícil afirmar que hay intereses económicos puestos en juego para ello.

No obstante, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) de la UNESCO hizo pública esta semana su preocupación respecto a la construcción y advirtió que “podría tener un impacto visual irreversible y en el bien del Patrimonio Mundial en particular”, es decir, en el centro histórico de la ciudad, mismo que desde 1993 es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Ello se llevó a cabo a través de un documento firmado por Lazare Eloundou Assomo, director del Centro de Patrimonio Mundial del organismo internacional, en el que también advirtió que en tanto no se haga una evaluación completa del impacto de la obra, apoyados en la Guía y Conjunto de Herramientas para Evaluaciones de Impacto en el contexto del Patrimonio Mundial, no se debe tomar ninguna decisión sobre la ejecución del viaducto.

En abril pasado ambientalistas y académicos de la UAZ advirtieron no solo un daño en los bienes culturales/arquitectónicos sino también un fuerte impacto ambiental que habrá para el ya de por sí dañado ecosistema de la ciudad, severamente afectado por la actividad minera.

Sin embargo, los sectores populares de Zacatecas y particularmente de la capital y la ciudad de Guadalupe ─por donde también pasará el segundo piso- no deben confiar en que este comunicado de la UNESCO por sí mismo hará que las autoridades del gobierno de Monreal frenen este nocivo proyecto.

Prueba de ello es que Rodrigo Reyes Murgüerza, titular de la Secretaría de Gobierno en la entidad, respecto al comunicado dijo que “es más fácil gobernar sin estar en el gobierno”, desacreditando sutilmente las advertencias del organismo internacional.

En un primer momento, las consecuencias de que el gobierno no acatara los lineamientos de la mencionada Guía serían el perder el presupuesto que se destina al mantenimiento del centro histórico. Sin embargo, es probable que el monrealismo trate de negociar de alguna forma ante la UNESCO de tal forma que se les permita continuar con el negocio de este proyecto de construcción.

Por su parte, la oposición de derecha en la entidad está tratando de apoderarse de la bandera de esta lucha. Empero, la conservación ambiental es algo que tanto al PAN y al PRI no les ha interesado genuinamente jamás, prueba de ello es que han dejado avanzar los intereses de la industria cervecera y la minería en sus administraciones tanto a nivel Estado como en distintos municipios en los que han gobernado en Zacatecas. Su interés en el tema es puramente oportunista.

Tal como decimos en esta nota, frente a este escenario, es pertinente llamar a la unidad y organización de la clase trabajadora de Zacatecas, así como a académicos y organizaciones ambientalistas para llevar a cabo movilizaciones unitarias y políticamente independientes que permitan combatir estos perniciosos proyectos.