La nueva ley de convivencia escolar: más de lo mismo

¿La ley de convivencia es una medida acorde al nivel de crisis que existe en la educación escolar, específicamente en el terreno de la convivencia?

Mario Aguilar asume que la nueva ley de convivencia sería un avance, aunque eso no se conversó entre los propios docentes de liceos y escuelas. En su visión, el problema no es la ley, sino que la derecha obstaculiza la idea de legislar, como señala en la misma entrevista arriba citada. Sin embargo, pese a la postura de Aguilar, lo cierto es que la ley no ataca aspectos reales que hacen al agobio, el maltrato y las agresiones. En relación al agobio, tengamos en cuenta que la ley, por ejemplo, no se refiere en nada a dos factores que alimentan el agobio docente: la proporción de horas lectivas y no lectivas y el mecanismo de la evaluación docente, que continúa siendo tan punitivo como siempre.

Actualmente la proporción de horas lectivas y no lectivas es de 65/35, que en los hechos le impone a las y los docentes el trabajo no pagado en la casa, pues ese 35% de la jornada muchas veces se ocupa en reuniones de GPT o en trabajos administrativos no pedagógicos. Por otro lado, la modificación a la evaluación docente que ocurrió en 2023, dejó intacta la doble evaluación (portafolio + prueba de conocimientos específicos) y no terminó con las medidas punitivas en caso de que un docente no obtenga buenos resultados, incluso introduciéndose la posibilidad -que no existía antes- de que los docentes evaluados como “expertos”, puedan bajar de tramo. ¿Qué significa el lema “contra el agobio” si se deja en pie la actual estructura de la jornada docente y la evaluación?

En relación al “maltrato” y las “agresiones”, la nueva ley de convivencia avanza en tipificar jurídicamente algunos derechos contra el maltrato y discriminación que no estaban tipificados: por ejemplo, para las y los estudiantes, se complementa el derecho “a que se respeten su libertad personal y de conciencia,” con el derecho “a que se respeten y reconozcan su libertad personal y de conciencia, estatus migratorio, identidad cultural, pertenencia étnica, indemnidad sexual, identidad y expresión de género, orientación, características y diversidades sexuales y/o afectivas”. Es decir, se avanza a una fórmula que reconoce las desigualdades entre estudiantes a partir de su condición migratoria, pertenencia étnica, identidad de género, etc.

Sin embargo, esta visibilización de desigualdades, en la nueva ley, no va acompañada de una gestión democrática, desde las propias comunidades educativas, de los problemas de maltrato y agresiones que puedan surgir a partir de aquéllas. Serán los órganos institucionales tradicionales los encargados de velar por que no haya maltratos y agresiones, dejando a las comunidades educativas como meros receptores de iniciativas desde arriba, sin capacidad de actuar por sí mismas.

Por ejemplo el Plan de Acción de Convivencia Escolar será elaborado “por la Subsecretaría de Educación en coordinación con la Subsecretaría de Educación Parvularia y con los órganos que integran el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación”. Este plan, vigente durante 8 años, “será evaluado bianualmente por las Subsecretarías de Educación y de Educación Parvularia, considerando para ello la información que entregue anualmente la Agencia de la Calidad de la Educación a raíz del seguimiento y monitoreo de la política y la gestión de la convivencia educativa a nivel nacional, pudiendo generarse ajustes y modificaciones a las acciones, indicadores y metas comprometidas”.

Pero, aparte de esos procedimientos formales de estas instituciones, para ajustar el plan de convivencia ¿qué rol tenemos las y los profesores? ¿Las y los apoderados? ¿Las y los estudiantes de colegios y liceos? La ley no especifica ningún rol que implique capacidad de decidir para las comunidades educativas. El Plan de Acción de Convivencia Escolar no se basa, para nada, en la experiencia concreta que día a día tenemos miles de docentes, jóvenes y niñas/os en las aulas.

¿Decidirá la comunidad educativa a nivel de escuela si se aprueba la nueva ley?

En los liceos y colegios, tampoco las y los profesores tendrán un gran rol. Tampoco estudiantes o apoderados, salvo a través del consejo escolar, que no es una instancia resolutiva. La implementación del “Plan de Gestión de Convivencia Educativa, basado en los lineamientos de la Política Nacional de Convivencia Educativa (...) será responsabilidad del equipo directivo, a través del Encargado o Encargada de Convivencia Educativa y el Equipo de Convivencia Educativa, según corresponda”.

¿Y acaso los profesores, estudiantes y apoderados no podrán categorizar cuáles son los conflictos que están surgiendo cotidianamente en los espacios educativos? No. Será la “Superintendencia de Educación” la que “dictará instrucciones de carácter general con el objeto de fijar categorías de conflictos que se susciten internamente en los establecimientos educacionales, graduándolos conforme a su gravedad y señalando el tipo de intervención esperada por parte del establecimiento.”

Quienes trabajamos en educación sabemos que a veces los conflictos que se dan en los espacios educativos no pueden estandarizarse desde instrucciones generales dictadas desde algún escritorio. ¿Por qué no dar protagonismo a quienes vivimos esos conflictos?

En resumen: profesores, estudiantes, apoderados, continúan sin poder de decisión efectivo en los liceos y colegios. La nueva ley de convivencia, busca incorporar una serie de procedimientos seudo judiciales en el ámbito escolar, sin dar ninguna capacidad de resolución a los propios integrantes de las comunidades educativas, sólo una serie de lineamientos reglamentarios; sin realizar cambios estructurales, con la ilusión de que eso acabará con el maltrato y el agobio.

Lo de fondo es la crisis de la educación escolar

De fondo, la política de “convivencia” del gobierno y los dirigentes oficiales del Colegio de Profesores, pretende realizar mejoras relacionales, pero usando los canales institucionales “desde arriba” -sin las comunidades- y sin enfrentar el trasfondo de la crisis de la educación escolar neoliberal, crisis que se ha expresado en los SLEP y otras situaciones. En realidad, esta crisis es un factor que hace imposible resolver de fondo las problemáticas de convivencia.

Fue a esta escuela en crisis que tuvieron que volver las y los niños y jóvenes en 2022, cuando terminaba la pandemia. Ya en ese momento quedaba claro que el hecho de pasar del confinamiento en las casas a las escuelas deterioradas, era un cóctel explosivo: se multiplicaron los problemas de violencia escolar y salud mental.

En este marco, la derecha -que sabe de la crisis educativa- ha exacerbado su campaña en contra de la educación pública, impulsando una “nostalgia de la educación municipalizada” en contraposición a los SLEP fracasados. Impulsando, también, un discurso securitario en las escuelas, como si los graves problemas de violencia, se pudieran resolver con sanciones y punitivismo.

El gobierno y los dirigentes del Colegio de Profesores no pelean por una verdadera alternativa a esta crisis: la clave real de su “ley de convivencia” son los protocolos y las sanciones, más allá del reconocimiento formal de los tipos de violencia por razones de género, nacionalidad, etc.

Qué medidas pelear

Somos las y los trabajadores de la educación junto a las comunidades educativas, es decir, junto a apoderados y estudiantes, de distintas nacionalidades, géneros, etc.; quienes conocemos las necesidades efectivas que existen en las escuelas y quienes podemos tomar esta pelea en nuestras manos, en conjunto con miles de trabajadoras y trabajadores que tienen a alguna hija o hijo o nieto en edad escolar, y que están interesados en que las escuelas mejoren.

Podemos empezar luchando por las siguientes medidas:

Financiamiento basal para todo el sistema escolar. Infraestructura, recursos. Con salas menos frías en los colegios y liceos con espacios más amables, con mejor alimentación, con más y mejores herramientas educativas y tecnológicas, se pueden realizar mejores iniciativas de convivencia. Que el financiamiento no dependa de la subvención por asistencia.

Fortalecimiento de equipos profesionales de liceos y escuelas relacionados a la convivencia: más contrataciones, más recursos. Jornada 50/50 para docentes, para facilitar tiempo de trabajo pedagógico integral, que incorpore lineamientos para mejorar la convivencia y fortalecer los vínculos en la comunidad educativa.

Escuela abierta a la comunidad. Vinculación de las escuelas con las expresiones artísticas y culturales de comunas y barrios. Apertura a apoderados y vecinos. Contratación de equipos profesionales y mejoramientos de infraestructura acordes a ese objetivo.

Plan de construcción de nuevas escuelas para que nadie quede sin estudiar.

Ni SLEP ni municipalización. Gestión democrática de escuelas financiadas por el Estado, por docentes, trabajadores, estudiantes, funcionarios y apoderados. Generación de planes de convivencia desde las mismas comunidades. Desarrollar el autogobierno de las comunidades educativas para gestionar conflictos.

Por último, plantear que si las y los docentes y trabajadores de la educación nos empezamos a involucrar en luchas y demandas de los sectores sociales de los cuales provienen los miembros de nuestra comunidad -como la vivienda- ganaremos en fortaleza para transformar la educación y la sociedad, y mejorar la convivencia también por ese camino. No olvidar que la crisis de convivencia en educación es un reflejo de nuestra sociedad.

Para dar peleas como las que enumeramos acá, necesitamos organizarnos desde abajo, todos quienes trabajamos en la educación escolar, empezar a discutir en asambleas, unitariamente, docentes y no docentes, colegiados y no colegiados y buscar instancias de encuentro con el resto de la comunidad educativa y otros sectores sociales y preparar un plan de lucha. En otras palabras, necesitamos romper con la rutina a la que nos acostumbran los dirigentes nacionales del Colegio de Profesores, con llamados a paros de un día, por demandas que decidieron entre cuatro paredes.