La lenta reposición del servicio tras el último temporal, sumada a las alzas en las boletas de luz que ya están afectando los bolsillos de las familias en este mes de agosto (se estima que el aumento alcanzará un 60% para 2025 en algunas regiones), contrasta de manera evidente con la capacidad de gestión de un servicio eléctrico que debería responder a las necesidades de la mayoría trabajadora.

La escasez de cuadrillas de trabajadores, obligados a operar bajo condiciones precarias y flexibilizadas, priorizando las comunas más acomodadas, junto con la insuficiencia de insumos para reparar los daños, evidencia la negligencia y el desprecio hacia las familias trabajadoras.

Esta contradicción, se vuelve aún más evidente al considerar que, durante el primer semestre, Enel Chile reportó utilidades de $113.743 millones en junio de 2023, aumentando a $250.824 millones en junio de 2024, representando un alza del 120%. Sin embargo, a pesar de estas ganancias, las recientes lluvias y fuertes vientos que azotaron la zona centro-sur de Chile dejaron a más de 300,000 clientes sin suministro eléctrico, afectando a 23 comunas en la Región Metropolitana.

Las consecuencias de estos cortes se han agravado debido a la pérdida de calefacción en días de bajas temperaturas, la falta de agua caliente, la pérdida de alimentos perecederos, y la amenaza crítica para quienes dependen de dispositivos eléctricos para su salud. Esta situación ha llevado a movilizaciones en comunas como La Pintana, Pedro Aguirre Cerda y Peñalolén, entre otras. En Maipú, cerca de 500 personas protestaron por la falta de electricidad y agua potable, ya que las bombas de agua en la zona dependen del suministro eléctrico. Protestas similares se han registrado en Estación Central, donde los vecinos bloquearon el acceso al Terminal Sur en señal de descontento.

El temporal también afectó a la región del Bío Bío, donde vecinos de Talcahuano se manifestaron contra la distribuidora CGE por la falta de luz. En otras regiones del país, como Antofagasta y Araucanía la situación ha sido igualmente crítica.
Pero encima, no solo enfrentamos alzas en las tarifas eléctricas -con un subsidio prometido por el gobierno de Boric y el Partido Comunista insuficiente y que solo beneficiará a quienes superen los estrictos filtros de pobreza-.

La carestía de la vida es una realidad innegable: el precio de la luz se suma a otras alzas generalizadas que afectan a los alimentos, el transporte y la salud, mientras que los salarios, como el precario ingreso de 500 mil pesos, no alcanzan para cubrir el costo de la vida. Está se hace más cruda para las mujeres más aún si somos madres, en Chile más del 60% de los hogares lo sostenemos las mujeres.

Ahora bien, a pesar de que Boric ha amenazado con quitar la concesión a ENEL como una salida a la crisis que atraviesan los trabajadores, es importante advertir por un lado los intereses en juego por parte de los grandes accionistas como AFP y bancos chilenos, las sumas indemnizatorias que se deberán pagar a la trasnacional italiana y el concurso de nuevos acreedores, para volver a otorgar la convención a otros sectores privados.
Denunciamos que el negocio de la electricidad continuará intacto bajo el actual modelo. Por ello, es crucial plantear una alternativa a este sistema subsidiario y neoliberal promovido por el Estado y el gobierno de Boric, así como enfrentar el problema estructural que generan las concesiones. Exigimos la apertura de los “libros contables” de las empresas, para revelar la sobrefacturación y los desvíos de fondos que deberían destinarse a obras públicas, y exigimos la anulación de las alzas en el servicio de electricidad.

Para superar esta situación de raíz, proponemos la nacionalización del sistema energético sin pago de la deuda, bajo el gestión de los trabajadores y técnicos especializados quienes si tenemos “musculatura” y tenemos la capacidad de darle resolución, tomando las decisiones democráticamente junto a las comunidades.

¡Que la crisis la paguen los empresarios, no el pueblo trabajador!