Gracias al mega DNU de diciembre pasado, que sigue vigente debido a la complicidad del peronismo y el radicalismo con el Gobierno, Milei emitió un nuevo decreto este lunes para privatizar cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en el sur del país. Como figura en el Boletín Oficial la normativa extiende las concesiones a los actuales operadores de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila para luego poner las acciones en manos del Estado a la venta.
La medida a través del decreto 718/2024 publicado, lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. De concretarse sus nombres quedarán como los responsables de la entrega de los bienes comunes naturales a capitales concentrados para que realicen un negocio garantizado. Las represas son enormes obras de infraestructura que fueron financiadas con fondos públicos y construidas con el trabajo de miles de obreros para producir energía de baja contaminación y bajo costo. Con la ofensiva privatizadora de los ‘90 fueron concesionadas a un puñado de empresarios por 30 años (que en algunos casos transfirieron sus contratos). Un verdadero robo que ningún gobierno cuestionó y que está gestión terminaría de consumar al directamente ceder la propiedad de las mismas.
En el caso de las concesiones hidrocarburíferas o mineras, el discurso extractivista sostiene que son necesarias inversiones en dólares, maquinaria y tecnología con la que no cuenta el Estado. En este caso, la mayor inversión ya está hecha, y el dominio y posesión de los equipos de la concesionaria se debería haber transferido al vencimiento de las concesiones al Estado.
Si bien el plazo de las concesiones venció en agosto del 2023, el Estado nacional hizo uso del plazo de transición de un año establecido en los contratos, cuyo límite venció este domingo. Sin embargo, aunque no está previsto normativamente, en el Decreto 718/2024 se prorrogó la operación de los complejos en manos de los actuales concesionarios por hasta un año más. En los próximos 6 meses planean convocar a un “Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades”.
Las concesionarias que continuarán controlando las represas hasta la venta son Orazul Energy (en manos de una petrolera mendocina), concesionaria del Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados; ENEL (dueños de Edesur), en El Chocón -Arroyito; AES (de capitales estadounidenses) en Alicurá y Central Puerto (entre sus accionistas está la familia Escasany dueña del Banco de Galicia) en Piedra del Águila.
En los 30 años de modelo privatista todo el sector energético desde sus variantes de producción hasta la distribución no han traído a los usuarios más que un servicio deficiente con momentos de tarifas impagables para la mayoría de las familias trabajadoras y otros donde el Estado financió las ganancias de las empresas del sector mediante los subsidios. La venta de las hidroeléctricas sólo empeoraría esta situación y la haría más difícil de revertir.
En abril, el diputado nacional del Frente de Izquierda Christian Castillo junto al legislador provincial neuquino Andrés Blanco habían presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que plantea la prohibición de realizar nuevas concesiones de las represas a empresas privadas. En relación al funcionamiento de una administración estatal de este tipo Castillo había afirmado: “Proponemos crear un Ente Interjurisdiccional de Energía Hidroeléctrica (EIEH), con participación del Estado Nacional y los Estados Provinciales, pero gestionado por sus trabajadores y trabajadoras, las comunidades y los usuarios populares. Esa es la única forma de terminar con los negocios privados alrededor de lo que consideramos un bien común natural fundamental, como es el agua”. Son los trabajadores junto a especialistas de las universidades quienes mejor pueden delinear planes para aprovechar la infraestructura ya construida y cómo optimizarla para garantizar el abastecimiento de agua y energía a las grandes mayorías.
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